En enero la realidad de María Fernanda Malagon era distinta. Contaba con el pago de su quincena y fin de mes de su sueldo para pagar deudas, alimentación y educación de su hijo adolescente. Pero en febrero cambió. Ese mes fue despedida.
“Hubo reducción de personal. Yo trabajaba en un colegio”, dice la mujer de 44 años, que estuvo en esa empresa, en el área de limpieza, por cinco años y que vive estirando la liquidación y ciertos ahorros.
“He ingresado carpetas, enviado correos electrónicos, pero hasta ahora no sale nada. He buscado de cualquier cosa, como empleada doméstica, y nada”, cuenta esta madre soltera, que proyecta que esos ahorros le duren unos tres meses más.
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María Fernanda ha pensado en la idea de migrar, pero su hijo de 15 años la detiene. “Si no tuviera a mi hijo, ya me hubiese ido hace rato, por tanta delincuencia. Y ojalá haya más trabajo”, enfatiza y añade que ahora el almuerzo lo divide en dos para que haya merienda en su hogar. Eso de las tres comidas completas (desayuno, almuerzo y merienda) ya no existe, sostiene.
La de María Fernanda es parte de las 529.286 actas de finiquito que registra el Ministerio del Trabajo hasta agosto de 2023. Solo en el primer semestre suman 496.621 actas, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del 2022: 437.092 actas. Esto es, 59.529 actas adicionales.
En cinco meses de este año, además, se registran más de 70.000 actas: enero, marzo, mayo, junio y julio. Hasta ahora, este último mes es el que tiene más: 78.645 actas.
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Guayas es la provincia con más actas, con 168.240; seguida de Pichincha, con 160.009; Azuay, con 30.586; Manabí, con 25.805; y El Oro, con 22.753 actas hasta agosto. En cuanto a contrataciones existen 383.995 de enero a agosto de este año.
La abogada laboral Vannessa Velásquez asegura que este incremento de actas de finiquito en los primeros seis meses del año, en comparación con las del 2022, se da por las modalidades contractuales, como por ejemplo el contrato productivo, que tiene una duración de un año. “(Puede que esos contratos) ya hayan terminado o los emergentes decretados durante la pandemia”, argumenta Velásquez.
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Con el último punto concuerda Ider Salgado, docente de la Facultad de Trabajo y Comportamiento Humano de la Uisek, quien cree que sea la conclusión de contratos especiales. “Eran contratos que se terminaban entre 2022 y 2023. Tampoco se debe descartar el tema de reducción (recorte de personal)”, indica Salgado.
El experto menciona que la inseguridad puede ser un factor para los despidos, pero no tan determinante. “Esto también es un tema de inversiones”, apunta. Mientras que Velásquez considera que la falta de seguridad sí está afectando a negocios como bares y restaurantes, que detienen su crecimiento. “Quizás se redujo la idea de contratar el personal que estaba pensado por los estados de excepción y afecta a la posibilidad de contratación”, indica la abogada.
Los datos del Ministerio del Trabajo revelan que hay más actas de finiquito en hombres, con 369.184, que en mujeres, con 160.102. Salgado señala que es por la mano de obra. “Las mujeres tienen más capacitación para ciertos trabajos, no solo a nivel de mano de obra, sino profesional”, indica.
En tanto, Bolívar es una de las provincias con menos actas de finiquito, específicamente con 1.885 de enero hasta lo que va de agosto de este año. Y para Velásquez puede deberse a los contratos emergentes. “Bolívar es una provincia pequeña en la que no se están viviendo olas de inseguridad, y probablemente es una provincia en la que actuaron con legalidad en terminar con contratos oficiales emergentes, aunque quizás no estén haciendo mucho uso”, apunta.
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Mientras que para Salgado talvez sea por la parte económica. “Es por el sector agrícola, que a pesar de que ha sido afectado sigue siendo uno de mayor producción. Eso hace que las actas de finiquito sean menores”, analiza.
Salgado considera que una de las alternativas para incrementar el empleo es cambiando el Código del Trabajo. “Tenemos un código que no ha sido reestructurado en su totalidad y que se ha pedido cambiarlo. Pero por ser un tema social, difícil, complejo, se vuelve un cambio que necesariamente implica una impopularidad para quienes tomen esa iniciativa. Pero causaría una estabilidad importante hacer nuevos tipos de contratos”, afirma Salgado.
El empleo pleno/adecuado creció en más de 200.000 personas de julio de 2022 al mismo julio de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En julio de 2023 son 2′988.083 ciudadanos con trabajo, y en julio del año pasado eran 2′752.904. Y el desempleo pasó de 332.227 en julio de 2022 a 312.283 personas sin empleo en julio del 2023.
“Faltan políticas que incentiven a los empresarios, seguridad jurídica, seguridad a la que estamos viviendo hoy, pero sobre todo medidas claras, modalidades contractuales adecuadas para cada segmento y negocio, pero también es fundamental adecuar el tema de los horarios para que los empleadores puedan trabajar sin problema y esto les permita generar más empleo”, dice Velásquez. (I)
