Tener una vivienda es uno de los objetivos de vida y una pareja ecuatoriana buscaba cumplirlo. Ellos acudieron a Irving T. M. y Jason P. T., ahora procesados por su presunta autoría y coautoría en el delito de estafa.

Estos ciudadanos habrían vendido un inmueble que no era de su propiedad, causando un perjuicio de 51.000 dólares a las víctimas.

En la audiencia respectiva, la fiscal del caso justificó el inicio del proceso penal con el testimonio de las víctimas, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la denuncia de los perjudicados, el informe de sus movimientos bancarios y el certificado de datos de identificación, entre otros.

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La pareja de esposos comentó a la Fiscalía que fueron estafados bajo la promesa de la venta de una casa ubicada en las calles Febres Cordero y Juan de Velasco, en Riobamba, provincia de Chimborazo. Los procesados, supuestos gerente y presidente, respectivamente, de una agencia inmobiliaria, les ofertaron el bien que era de otra persona.

Los 51.000 dólares pagaron en septiembre de 2020 mediante transferencia bancaria. El valor total era de 91.000 dólares, pero la pareja dio un adelanto. Después, hubo demora en esa supuesta entrega del bien inmueble. No contestaban sus llamadas y mensajes y decidieron colocar la denuncia.

Ahora los procesados tienen prisión preventiva y el juez prohibió enajenar un vehículo de Irving T. M., mientras que para Jason P. T. hubo medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y presentación una vez a la semana ante la fiscal del caso.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) registra 10.678 noticias de delitos (NDD) y víctimas sobre estafas entre enero y mayo de 2024. En 2023 fueron 24.313.

Este delito está tipificado en el artículo 186, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es una pena privativa de libertad de cinco a siete años y puede variar, según el cometimiento del delito.

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Por ejemplo, quienes perjudiquen a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a 50 salarios básicos, serán sancionados con siete a diez años de prisión.

Quito es la ciudad que más denuncias registra, de acuerdo con cifras de Fiscalía. Hay 3.262 NDD. Luego aparece Guayaquil con un poco menos de la mitad con 1.757 casos. A continuación, el detalle:

  1. Quito (3.262)
  2. Guayaquil (1.757)
  3. Cuenca (539)
  4. Riobamba (327)
  5. Santo Domingo (260)
  6. Ibarra (242)
  7. Loja (234)
  8. Ambato (220)
  9. Machala (216)
  10. Manta (207)

Del total de denuncias, 121 fueron por el uso de tarjeta de crédito, débito, sea clonada, duplicada o robada; 29 para alterar o clonar dispositivos originales de un cajero automático y 26 para inducir a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto o artificio engañoso.

Las otras 20 ciudades tienen denuncias que van desde los 80 casos hasta los 200. Y estas son:

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  • Portoviejo (191)
  • Latacunga (154)
  • Lago Agrio (Nueva Loja) (130)
  • Rumiñahui (118)
  • Durán (106)
  • Esmeraldas (98)
  • Puerto Francisco de Orellana (93)
  • Quevedo (91)
  • Pastaza (Puyo) (89)

“La estafa cometida a través de una institución del sistema financiero nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos privados públicos o de la seguridad social será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”, dice el COIP.

Además, “la persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días”.

Y si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica será sancionada con multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general. (I)

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