Los reportes de personas desaparecidas suman 1.290 durante lo que va del año, con corte al 2 de marzo último, según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased). De ese total, 964 ya fueron localizadas y 326 siguen desaparecidas.
Si bien hay menos denuncias con respecto al mismo periodo del 2022, cuando se registraron 1.331, hasta la misma fecha de corte del año pasado el número de casos sin resolver y que aún estaban en investigación era menor: un total de 240.
Cada año se suman más al listado de personas desaparecidas. Los informes del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que solo en 2022 el número llegó a 594 (los casos aún no resueltos), 39,4 % más que en 2021, cuando fueron 360.
Publicidad
Entre las denuncias están las de las dos jóvenes cuyas familias las reportaron como desaparecidas esta semana en Guayaquil. Ambos hechos se hicieron virales en redes sociales.
Una de ellas había sido secuestrada y sus raptores pedían 50.000 dólares por dejarla libre. Ella finalmente fue liberada, y la otra chica también fue encontrada y retornó a su hogar, según informó la Dinased.
Miguel Egas, jefe nacional de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dinased, afirma que solo la desaparición ya se considera un presunto delito en Ecuador, según lo tipifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Cuando ya está la denuncia formal dentro del SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) de la Fiscalía, se activa el protocolo interinstitucional en el que participa Fiscalía, Policía y la Defensoría del Pueblo”.
Publicidad
La investigación en la Dinased tiene dos fases. La primera, que dura entre 24 y 48 horas, es de acción inmediata, dice Egas. “Aquí se recopila la mayor cantidad de información, se hacen las verificaciones con medios técnicos, entrevistas, versiones”.
Si no hay un resultado positivo, que es la localización de la persona, empieza la segunda fase, que no tiene límite de tiempo. “Se coordinan con Fiscalía las diligencias y con Medicina Legal los temas científicos (cruce con base de datos de muertos no identificados)”.
Publicidad
La espera de 24 a 96 horas para que los familiares hagan la denuncia de un caso ya no se aplica. “Ahora es inmediatamente, pero deben ir a la Fiscalía o Policía. Al ser considerado un delito, debe haber una noticia criminal y eso ingresa por denuncia al sistema”.
Otro cambio es que solo se cierra el caso tras la localización o cuando se da una respuesta a los familiares (denunciantes) de lo que pudo haber pasado con la persona desaparecida, esto a partir de la aplicación del COIP en 2014 y de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, vigente desde enero del 2020.
Aunque un protocolo al respecto del Consejo de la Judicatura ya lo estipulaba en 2012.
La mayor parte de las denuncias son resueltas, según el Ministerio de Gobierno. En 2022 hubo 7.492 reportes de personas desaparecidas. El 80,7 % de esos (6.047) correspondió a personas que se habían ido de forma voluntaria por problemas familiares, psicológicos, y después fueron localizadas.
Publicidad
El 7,7 % (576) se perdió tras accidentes, desastres o en medio de algún percance, y también aparecieron. Mientras que el 3,7 % (275) fueron reportadas como desaparecidas pero luego se encontraron sus cuerpos, es decir, habían fallecido.
Las personas que siguen desaparecidas representan el 7,9 % de los casos denunciados.
Los registros del Ministerio de Gobierno muestran que entre 1947 y 2022 hay 2.573 personas desaparecidas en Ecuador (sin resolver).
Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), afirma que la difusión de los desaparecidos debería ser política pública. “No hay dinero para nada. Este es un problema grave al que el Estado debe ponerle atención”.
Una problemática actual es la de los hechos de personas que son drogadas. “Si tenemos suerte, los dejan por allí. Debemos saber quién está detrás de esto, porque son cientos de casos”, acota.
La situación preocupa, agrega Rueda, porque, mientras más nuevos desaparecidos haya, se deja de buscar a los que ya lo estaban. “No olvidemos el caso de María Belén Bernal: todos se enfocan en eso que causó notoriedad, ¿y los nuestros? Se quedan abandonados”, se lamenta.
Un primer paso es tener cifras exactas del número de personas desaparecidas. “Si no las hay, no se sabe cuántas están desaparecidas y cuántos cadáveres ingresaron (por ejemplo)”, indica.
“Hay que decirle a la sociedad lo que está pasando, y para eso son las marchas. Los desaparecidos deben ser visibilizados en las vallas publicitarias, y nunca he visto un rostro ahí”, agrega.
Los familiares perciben que la respuesta del Estado ante las desapariciones es deficiente.
El tema es que la información que se tiene sobre los hechos, reconoce Egas, no siempre tiene los resultados que el familiar espera. “El trabajo que realizamos es muy técnico, investigativo, y no es visible. No es lo mismo la investigación de una persona desaparecida con un caso de drogas en el que hay allanamientos y detenciones. Esto es buscar muchas veces desde un nombre y un apellido, nada más, y de allí comenzamos”.
Cada cierto tiempo, los jefes de unidad a nivel nacional hacen una retroalimentación de los procesos abiertos. “Revisan lo que se ha hecho, qué falta por hacer, buscan nuevas líneas de investigación, se formulan nuevas hipótesis para que sean verificadas”, indica Egas.
La problemática de desaparecidos se hizo más visible a partir del 2013 con algunos casos que causaron conmoción social. “Antes de eso, la investigación estaba al mismo nivel de un delito común o incluso de actos administrativos; estaban al nivel del robo de un celular. Eso traía complicaciones”.
Los métodos son complejos, como en los que se determina que unos restos óseos encontrados corresponden a una persona reportada como desaparecida hace 20 o 30 años, asegura Egas. (I)
