El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador apelará una decisión judicial que suspende la entrada en vigencia de una polémica reforma legal que cesa a más de 200 jueces, según dijo a un medio local su presidente, Óscar López Jerez.

La Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel emitió la medida cautelar el miércoles, al admitir un proceso de protección a la persona adulta mayor presentado por dos jueces.

Según publicó el rotativo El Diario de Hoy (EDH) en su sitio elsalvador.com, la CSJ en pleno acordó en una sesión de emergencia apelar la resolución y “pedirán la nulidad”.

“Uno de los argumentos es que no tiene las dos firmas de los magistrados, sino que solo una”, explicó en escuetas declaraciones al medio.

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Añadió, según consigna la publicación, que “pedirán la nulidad de la resolución debido a que esa Cámara de Familia, según él, no tiene competencia para ver la situación, aunque no explicó”.

La referida cámara ordenó a la CSJ “suspender la aplicación” del decreto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista y firmado por el presidente Nayib Bukele.

También ordenó a los diputados y a Bukele “abstenerse de realizar actos en sus respectivas esferas de competencias que contravengan los derechos humanos” de los jueces.

Según expertos, el presidente de la Cámara de Familia tiene la facultad de emitir este tipo de disposiciones y en el proceso realizará un control de la reforma frente a diferentes tratados internacionales que protegen a las personas adultas mayores.

La medida cautelar entrará en vigencia a partir de que la reforma esté en vigor, este sábado.

La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la “consumación del golpe de Estado” contra el órgano Judicial.

Uno de los jueces susceptible de ser cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

Dicho juez conoce el proceso penal por la masacre de 1.000 civiles desarmados perpetrada por el Ejército en la remota localidad de El Mozote, en 1981. (I)