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Estados Unidos prohíbe entrada a unos 100 funcionarios de Nicaragua vinculados a Daniel Ortega

Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido

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Estados Unidos restringió visas este viernes a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por “su papel” en el gobierno del mandatario Daniel Ortega, informó el Departamento de Estado.

Washington considera fraudulenta la reelección de Ortega en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel, se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.

Además, el gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha prohibido miles de oenegés y últimamente ha intensificado la persecución de la Iglesia católica.

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En un comunicado, el Departamento de Estado informó que ha impuesto “restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el gobierno de Ortega-Murillo”.

El gobierno del presidente Joe Biden acusa a Managua de seguir “participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales”.

En el comunicado, Estados Unidos promete seguir trabajando a nivel internacional para que “quienes amenazan la democracia” en el país centroamericano rindan cuentas.

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Situación de presos políticos

Al menos 121 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en las cárceles del país centroamericano, denunció este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

De las 121 personas reconocidas como presas políticas a la fecha, 19 son mujeres y 102 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Entre el 1 y 31 de enero 2024 (período que abarca el informe) se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos que conformaban la lista de prisioneros políticos -entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien había sido condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria-, indicó.

Juicios por videollamadas

En tanto, la Unidad de Defensa Jurídica, integrada por abogados que defienden o asesoran a los presos políticos identificó una serie de patrones represivos contra los encarcelados, entre los que mencionó “la realización de juicios a través de videollamadas, la actuación coordinada entre el Sistema Penitenciario y policías en los interrogatorios, hasta las críticas condiciones carcelarias que incluyen plagas de jelepates (chinches)”.

Además, toda información es negada a los familiares de los detenidos políticos y a sus abogados defensores, incluyendo la constatación de su paradero.

Esta práctica implica la imposición como política de Estado la “desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, señaló esa Unidad en una declaración.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. (I)

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