La abogada Susana Carreira, quien representa al expresidente argentino Alberto Fernández en el caso por posible violencia de género, tras la denuncia presentada contra él por su última expareja, Fabiola Yáñez, expresó su indignación por no poder preguntar a la actriz y periodista durante la audiencia virtual de este martes.

La ex primera dama estaba citada este martes a las 15:00 hora local de Madrid (13:00 GMT), ciudad donde reside junto a su hijo Francisco, de dos años, desde diciembre pasado, cuando concluyó el mandato del político peronista (2019-2023), para declarar por videoconferencia ante la Justicia argentina.

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Ante los medios apostados en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, a los que acudió para participar en la audiencia, puesto que había sido notificada, según afirmó, Carreira indicó que la declaración de Yáñez “no es válida” y que no pudo exponer las preguntas para la defensa de su cliente.

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“(La declaración de hoy) Para mí no es válida. Yo tenía una resolución, que es inapelable para el Código. Con un mero escrito, que no entiendo, cambió; revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la victima”, declaró la abogada.

Carreira defendió “no revictimizar a la víctima, sea mujer, hombre o niño”, pero argumentó que si Yáñez “puede presentar una declaración televisiva de muchas horas de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación”.

Con esta afirmación, la abogada aludió tanto a la entrevista concedida en Madrid el 10 de agosto al portal Infobae, ampliando detalles de la denuncia presentada el día 6 ante la Justicia argentina, como al documental ‘Fabiola, la verdad’, dirigido por un realizador español y financiado por la propia Yáñez, sobre su relación con el exmandatario.

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“Entonces por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde”, cuestionó Carreira.

La abogada había solicitado participar de manera virtual en la audiencia, pero el juzgado se lo negó por ser “una cuestión de género” y le indicó que debía acudir presencialmente o participar con un pliego de preguntas, lo que consideró “súper correcto” para evitar posibles daños a la declarante.

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Sin embargo, denunció que no se le permitió entregar el pliego de preguntas ni efectuarlas por otras personas.

“Una persona tiene derecho a denunciar, la otra persona tiene derecho a defenderse”, concluyó la letrada, quien sentenció: “Yo creo en lo que dice mi cliente”.

Yáñez, de 43 años, decidió impulsar el 6 de agosto una denuncia contra Fernández después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por supuesto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a la expareja del político peronista, de 65 años.

Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien manifestó estar padeciendo “terrorismo psicológico” por parte de Fernández.

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En un escrito presentado este lunes, Yáñez pidió que el caso sea calificado por el presunto delito de “lesiones graves” y no “leves”, “agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas”.

De acuerdo a una publicación de Infobae, la ex primera dama había solicitado asistencia médica en la última visita de Fernández en junio pasado ya que sufrió una crisis de ansiedad.

Mientras que la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, negó que Yáñez le haya pedido ayuda y dijo que desconocía la situación. (I)