Las autoridades venezolanas están cometiendo “violaciones generalizadas de los derechos humanos” contra manifestantes, transeúntes, opositores y críticos tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, denunció la oenegé Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, afirma Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, citada en el reporte sobre las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude, y la crisis desatada desde entonces.

HRW “ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como ‘colectivos’, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno”, señala el documento.

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Miembros de la Policía Nacional Bolivariana detienen a un hombre durante una manifestación convocada por la oposición en el barrio Chacao de Caracas el 30 de julio de 2024. Foto: AFP

Tras el anuncio de la reelección de Maduro para un tercer mandato, estallaron en todo el país manifestaciones espontáneas, con un saldo de 27 muertos -dos de ellos militares- y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas, según fuentes oficiales.

“Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser grupos de ‘colectivos’”, añade el informe.

Para la oenegé, esos grupos armados progubernamentales “llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares”.

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“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”, completa Goebertus.

Además, HRW instó a los gobiernos del mundo a “imponer sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, ‘colectivos’, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

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La organización, que se mostró partidaria de verificar el detalle de los resultados electorales, pidió también “ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional” para los venezolanos “que se ven forzados a abandonar su país”.

Maduro, cuya victoria fue validada por el Tribunal Supremo el 22 de agosto, fue declarado vencedor con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha difundido las actas electorales como obliga la ley, alegando ser víctima de un ataque informático.

La oposición encabezada por la líder María Corina Machado publicó lo que define como copias de las actas de votación y afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo más del 60% de los sufragios.

Miembros del escuadrón antidisturbios de la Guardia Nacional se alejan de los gases lacrimógenos en el barrio de Chacao mientras opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro participan en una manifestación, en Caracas el 30 de julio de 2024. Foto: AFP

Gran parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, no reconoce la reelección de Maduro y rechaza una orden de arresto dictada el lunes contra el candidato opositor. (I)

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