El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso reforzar la seguridad en Brasilia ante el anuncio de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro de realizar otra marcha hacia los edificios oficiales.

Hace tres días, miles de personas irrumpieron contra el Congreso, la corte suprema y la Presidencia. Más de 1.500 personas fueron detenidas, pero la gran mayoría fue liberada. Sin embargo, más de 650 personas aún continúan detenidas por participar en actos terroristas.

La primera convocatoria se realizó también por redes sociales, por lo que existe el temor de una nueva ya que por estas circulaba una convocatoria para protestar en varias capitales bajo el lema “Mega manifestación nacional para retomar el poder”.

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“Tengo la intención de adelantar mi regreso”, Jair Bolsonaro anticipa que volverá a Brasil

En Brasilia, el gobierno accionó las fuerzas del orden para resguardar la Explanada de los Ministerios, una larga avenida que concentra los edificios sede de las secretarías de Estado y que desemboca en el Congreso Nacional, el palacio presidencial de Planalto y la corte suprema.

El espacio demarcado por la Plaza de los Tres Poderes fue invadido por manifestantes bolsonaristas el domingo, cuando saquearon y vandalizaron los edificios que simbolizan el poder en Brasil.

“No hay hipótesis de que se repitan en la capital federal los hechos inaceptables que ocurrieron el día 8″ de enero, dijo el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.

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Las autoridades investigan quién organizó las protestas y si hubo financiamiento para los manifestantes. También investigan a los responsables de garantizar la seguridad de la capital.

Respaldo de la ONU

El “rigor de la ley” caerá sobre los responsables del vandalismo, advirtió este miércoles Brasil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se solidarizó con el país frente a la movilización “fascista y golpista” que ha amenazado los tres poderes del Estado.

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Las imágenes de una turba de simpatizantes del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro irrumpiendo el domingo en las sedes del Congreso, de la presidencia y de la Corte Suprema desataron reacciones en cascada de repulsa ese mismo día.

Y surgieron llamamientos a una reunión urgente de la organización, criticada desde hace meses por Estados miembros que la consideran ineficaz.

Hecho. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, su órgano ejecutivo, este miércoles la condena ha sido unánime.

“Brasil tiene un compromiso firme con la democracia y el estado de derecho y rechaza cualquier forma de extremismo antidemocrático y de violencia política”, afirmó el embajador brasileño ante la OEA, Otávio Brandelli. (I)

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