A casi $ 10 millones ascienden los pagos a afectados por decisiones del Consejo de la Judicatura

Un monto de $ 9′184.346 debe cancelar el Consejo de la Judicatura (CJ) a servidores judiciales que demandaron la afectación a sus derechos, en un periodo que va entre el 2017 y el 2022.Fue el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Juan José Morillo , que en la exposición de sus pruebas de descargo en el juicio político que se sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reveló, este 13 de agosto, que estos valores responderían, en su mayoría, a procesos judiciales iniciados por la aplicación de la figura del d olo, manifiesta negligencia y error inexcusable a los jueces durante periodos anteriores. Morillo, al igual que sus colegas Fausto Murillo, Maribel Barreno y la exconsejera María del Carmen Maldonado, son interpelados por supuestamente haber incumplido sus funciones, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución. Los argumentos versan por haber llevado a cabo el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el 2019, la designación de conjueces temporales y no haber designado fiscales en los últimos tres años.La asambleísta proponente Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), recurrió como principal carga de prueba la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que se concluyó que el reglamento aprobado en el 2019, para evaluar a los jueces, fue inconstitucional. A su criterio, dicha evaluación careció de legalidad, los vocales se arrogaron funciones y se violentó la independencia judicial.En todo caso, según el detalle presentado por Morillo en la mesa legislativa, en las administraciones de los directivos del Consejo de la Judicatura entre el 2017 y 2022 se ha determinado el pago de los siguientes valores:En agosto del 2020, la Corte Constitucional (CC) determinó la constitucionalidad ‘condicionada’ de la aplicación de las figuras dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable en las acciones judiciales, “siempre y cuando exista declaración jurisdiccional previa”.Con ello, el máximo organismo de control constitucional ordenó que sea un juez el que defina si existe error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo para que un funcionario judicial pueda ser sancionado.Dicha potestad, hasta antes de esta sentencia, la ejercía el Consejo de la Judicatura e incluso en periodos anteriores, como el de Gustavo Jalkh se criticó porque se habría utilizado para destituir a jueces que fallaron en contra de la administración del exmandatario Rafael Correa.Jalkh fue designado como vocal de la Judicatura en enero del 2013 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que estaba en funciones entre el 2010 y 2015. Previamente, fue secretario particular y ministro de Gobierno de Rafael Correa.Fue cesado de forma anticipada en sus funciones, junto a los otros exvocales Néstor Arbito Chica, Ana Karina Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía Sandoval, después de una evaluación que realizó el Consejo de Participación de Transición en el 2018. (I)

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