A manos de la Corte Constitucional pasa el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por delitos de concusión y peculado

Cinco de los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificaron y admitieron a trámite la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por supuestos delitos de concusión y peculado. La reunión de ese organismo administrativo se instaló a las 15:20 de este lunes 20 de marzo.

Las legisladoras Nathalie Arias (BAN) y Johanna Moreira (ID) se mantuvieron al margen de la decisión del CAL y reiteraron los cuestionamientos respecto a los errores cometidos por los proponentes de la interpelación, además coincidieron en señalar que no se subsanaron de forma correcta. Las dos legisladoras se abstuvieron en la votación de la resolución.

A favor de calificar el juicio político en contra del primer mandatario se pronunciaron los asambleístas Virgilio Saquicela (antes del BAN), Marcela Holguín (UNES), Ronny Aleaga (UNES), Esteban Torres (PSC) y Darwin Pereira (Pachakutik).

En la resolución se señala que se verificó que el requerimiento del juicio se cumplió conforme lo determinan los artículos 129 de la Constitución y 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, está presentado ante el presidente de la Asamblea, está debidamente fundamentado y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República, el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará y formalizado el pedido con al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

En el texto aprobado se dispone remitir a la Secretaría General de la Asamblea la resolución junto con la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, a la Corte Constitucional para que se proceda a emitir el dictamen correspondiente.

Expediente

El pasado 16 de marzo, los legisladores Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID) firmaron la solicitud de interpelación; pero en el encabezado del pedido de juicio se invocó al artículo 131 y no al 129 de la Constitución; igualmente se citó al 78 y no al 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa referente al procedimiento del juicio al primer mandatario.

Eso motivó a que la legisladora Viviana Veloz (UNES) remita un alcance al presidente de la Asamblea Nacional aduciendo un lapsus calami. Pero en esa petición para corregir los errores hace referencia al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que trata sobre el trámite de los juicios políticos a los ministros de Estado y más funcionarios de órganos de control, y no en el caso del primer mandatario.

Para hacer esas correcciones, añadió la legisladora Moreira, el CAL puede enviar a modificar o completar en el plazo de tres días y además habló que para el alcance o corrección se debe contar nuevamente con las 59 firmas de apoyo.

En cambio, el legislador Darwin Pereira, delegado de Pachakutik ante el CAL, anunció que acogerá el informe de la UTL para que el expediente pase a conocimiento de la Corte Constitucional, que deberá emitir un informe de admisibilidad en un plazo de seis días.

La legisladora Nathalie Arias (BAN) precisó que el informe de la UTL lo único que hace es replicar los textos que ya se incluían dentro de la solicitud como tal y los artículos considerados pertinentes.

Arias recordó que la UTL es incompetente para poder pronunciarse sobre si existen o no causales para el juicio y afirmó que el documento presentado para el juicio político no recoge las causales que deberían incluirse.

Indicó que lo más probable es que el expediente pase a conocimiento de la Corte Constitucional, donde el oficialismo espera que tenga independencia.

Informe UTL

La Unidad Técnica Legislativa (UTL), organismo asesor del Consejo de Administración Legislativa (CAL), recomendó la calificación de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

En consecuencia, el alcance presentado es concordante con el texto íntegro del pedido de juicio político contra el presidente de la República y se encuentra debidamente motivado.

De lo expresado se desprende que la solicitud de enjuiciamiento político cumple con el requisito de ser presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, tal como dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Aunque el informe, según la normativa, no es vinculante para los siete integrantes del CAL, existieron anuncios previos de los legisladores Marcela Holguín y Ronny Aleaga (UNES), Esteban Torres (PSC), Darwin Pereira (Pachakutik) y Virgilio Saquicela, miembros del CAL a favor del juicio político.

En consecuencia, se ha demostrado que el presidente de la República tiene responsabilidad política por el cometimiento de los delitos de concusión y peculado en los términos propios de un juicio político, incurriendo en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Por lo que se debe proceder con su censura y posterior destitución. (I)