Creada en la Constitución de Montecristi, vigente desde el 2008, la garantía de la acción de protección busca proteger y resarcir a las personas que han sufrido la vulneración de sus derechos desde el poder, ejercido no solo por las autoridades del Estado, sino por todo aquel que tenga la capacidad de influir de alguna forma en la vida de la gente. Pero en los últimos tiempos se han cometido abusos en su aplicación por parte de funcionarios que la han utilizado para disputarse cargos, mientras que el ciudadano común tiene problemas para obtener fallos a su favor, según coinciden juristas consultados por este Diario.