La Comisión de Régimen Económico y Tributario, este 22 de enero, conoció el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Con ello, la mesa legislativa presidida por la asambleísta Nathaly Farinango (ADN) inicia la etapa de socialización antes de la elaboración del informe para primer debate. La primera comparecencia fue de la directora de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, Tatiana Sampedro, respecto de la necesidad de reformar la ley de extinción de dominio.
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Comisión de Régimen Económico tramitará el cuarto proyecto de ley urgente de Daniel Noboa
La etapa de socialización se extenderá hasta el sábado 27 de enero y el informe para primer debate estaría listo hasta el martes próximo.
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Al menos una docena de funcionarios y autoridades de Gobierno serán llamados a comparecer para presentar sus observaciones a la propuesta del Ejecutivo y explicar el alcance. También en la lista constan los representantes de los gremios de la producción.
Están llamados a comparecer:
- Ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
- Ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.
- Ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
- Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.
- Fiscal general del Estado, Diana Salazar.
- Presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román.
- Secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, Mishel Mancheno.
- Director general de la UAFE, Alan Sierra Nieto.
- Superintendenta de Bancos (s), Guadalupe Cabezas.
- Contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado.
- Procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.
- Director general del Sercop, Deborah Jones Faggioni.
- Representante de la Cámara de la Industria de la Construcción.
- Representante de la Cámara de Ingenieros Civiles de Pichincha.
Debate
La directora de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, Tatiana Sampedro, explicó que la extinción de dominio es un procedimiento especial que no persigue como tal a la persona que lo comete, sino a los bienes fruto de ilícitos, y el tipo de la acción no prescribe.
Revisada la propuesta del Ejecutivo, explicó Sampedro, resaltó la reducción de los tiempos procesales, ya que a eficiencia en la administración de justicia propone no únicamente incrementar los tipos penales, sino también acortar los tiempos procesales, por ejemplo, la fase investigativa de doce meses se acorta a tres meses. Esta temporalidad permitirá que los bienes efectivamente sean recuperados por parte del Estado, afirmó.
Actualmente, explicó Tatiana Sampedro, es lamentable ver que las sentencias no han podido ser contundentes en cuanto a la recuperación de los activos.
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La funcionaria resaltó que en el proyecto de ley urgente se incorpore el texto en el que se señala que el 90 % de los recursos que se recuperen con la extinción de dominio sea dedicado a la inversión y desarrollo social. El 10 % restante servirá para la modernización de la Fiscalía General del Estado.
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, pidió a la mesa legislativa considerar una preocupación respecto a la aplicación de la extinción de dominio, si bien es importante la sentencia ejecutoriada para proceder a extinguir el dominio de un bien ilícito, se debe considerar también a los perjudicados de buena fe; por ejemplo, alguien adquiere una propiedad lícitamente producto de su ejercicio profesional, de su trabajo o de actividades comerciales, pero resulta que esa propiedad ha estado involucrada en un delito de lavado de activos o narcotráfico; pero luego se declara la extinción de dominio de ese bien, entonces, resulta que se está frente a un perjudicado de buena fe. Eso debe regularse en la ley, anotó.
Christian Gallo, experto en materia penal y docente universitario, resaltó que en el proyecto se hable de una articulación de varias instituciones para llegar a determinar los bienes de origen ilícito. (I)
