La comisión ocasional que trata el proyecto del Ejecutivo que recogió las preguntas de la consulta popular y referéndum 2024 pidió dos días más para recoger las observaciones que se presentaron durante el segundo debate que se realizó este 2 de julio, cuando restan diez días del plazo que tiene la Asamblea Nacional para aprobar las propuestas.
En la sesión virtual participaron diez legisladores, incluida la doble participación que tuvo el presidente de la comisión multipartidista, Carlos Vera Mora, quien pidió 48 horas hasta analizar las nuevas observaciones expuestas por los legisladores.
Asamblea Nacional aspira a aprobar incremento de penas observando la dosimetría penal
En el debate los legisladores hablaron sobre las acciones del Estado contra la delincuencia, sanciones para la corrupción, narcotráfico, sicariato extorsivo y delincuencia organizada. También hablaron sobre la necesidad de que el incremento de penas se aplique en el principio de proporcionalidad y se observen los límites del dictamen de la Corte Constitucional.
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El texto que conoció el pleno se refiere a las reformas que aplicarán al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre un incremento de penas en doce delitos: trata de personas, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, lavado de activos, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas; terrorismo, financiación del terrorismo y delincuencia organizada. Según el informe de segundo debate, por la gravedad de la infracción en algunos delitos la pena máxima de privación de libertad es de hasta 30 años.
En algunos de estos delitos, las personas privadas de la libertad no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto, dentro del proceso de rehabilitación social.
El presidente de la mesa, Carlos Vera Mora (PSC), rechazó las expresiones realizadas por el presidente de la República respecto a una supuesta complicidad con la delincuencia por el contenido del informe de segundo debate de las reformas relacionadas con la consulta popular, y observó que en el debate sobre la propuesta del Ejecutivo fue nula la participación de los ministros de Estado.
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Destacó que es fundamental que en la aprobación de las reformas al COIP se deben tomar en cuenta los criterios sobre dosimetría penal como lo han sugerido algunos expertos, catedráticos, legisladores e inclusive la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.
La vicepresidenta de la mesa ocasional, Lucía Posso (Avanza), señaló que ante la delincuencia que sale a matar o a morir, la Asamblea Nacional no puede ser blanda. Dijo que en manos de los legisladores está la posibilidad de poner drásticas penas más allá de criterios que se han dicho de que no hay data que garantice que las penas más duras bajarán el nivel de violencia.
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Los temas de extinción de dominio también tienen que toparse, dijo Posso, porque los delincuentes de cuello blanco no pueden quedarse por fuero, porque esas personas que cometen delitos en el Estado y aprovechan de su condición, que pululan en las instituciones públicas negociando contratos o robándose la plata de las vías, de las obras, de las escuelas, de las medicinas y hospitales merecen que se extingan sus bienes mal habidos y sean titularizados a favor del Estado.
Patricia Mendoza de la bancada de la Revolución Ciudadana expuso una serie de criterios emitidos en las comisiones generales que tuvo la mesa ocasional donde se habló de la necesidad de observar criterios de dosimetría penal al momento de fijar el incremento de penas.
Dijo que el pleno tiene que cumplir con el mandato popular, que es aumentar las penas y todo eso obedece al preocupante incremento de la criminalidad que enfrenta el país sin ningún plan de acción, sin ningún plan Fénix para contrarrestar esta triste realidad. (I)
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