Con 136 votos de los asambleístas presentes, el excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi de la Torre, fue censurado por incumplimiento de funciones, después de un juicio político que se desarrolló en la Asamblea Nacional este 16 de agosto.

El debate en el Legislativo tomó alrededor de trece horas, y finalmente la moción de resolución de censura la presentó el asambleísta Rafael Lucero (PK), que obtuvo 136 votos afirmativos y una ausencia, de la legisladora y presidenta del organismo, Guadalupe Llori. No hubo votos negativos ni abstenciones.

La moción aprobada configuró el incumplimiento de funciones, sustentada en el artículo 212 de la Constitución numeral dos, sobre las funciones de la Contraloría de “determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control”.

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También, por incumplir con las responsabilidades como titular de la Contraloría, respecto de establecer indicios de responsabilidad penal, responsabilidad por acción u omisión, entre otras, estipulados en el artículo 31 numerales 13, 15, 17 y 34 y otros artículos de la misma norma, correspondientes al 18, 39, 40 y 65.

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Celi fue censurado además, por incumplir el artículo 16 del Código de la Democracia, referente a interferir en el desarrollo de los procesos electorales que lleva a cabo la Función Electoral y que cita: “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales (…)”.

A las 18:20 se reinstaló la sesión, que fue dirigida en la última etapa por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, pues la presidenta Guadalupe Llori no volvió a la reinstalación, tras un receso que dispuso a eso de las 17:00.

Más temprano (15:30) se retomó la plenaria con las réplicas de los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, y de Celi, como interpelado.

Los interpelantes insistieron en los motivos para censurarlo por incumplimiento de funciones, como asumir ilegalmente su cargo, por el que lo acusaban de arrogación de funciones; de intervenir en las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE); por desvanecer glosas a la empresa constructora Odebrecht, entre las principales.

Celi de su parte, insistió que el proceso político incurría en vicios de nulidad, porque no existía un informe de la Comisión de Fiscalización, el mismo que no se presentó porque no se solicitó con anticipación una prórroga.

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“De qué me defiendo”, se preguntaba Celi, si “están cerrados los caminos legales en este recinto. Soy consciente de que estoy en la orilla de un mar enardecido de oídos sordos”.

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Después de recapitular sus alegatos de defensa, entre los que recordó que su designación como contralor subrogante, en remplazo de Carlos Pólit, el extitular que renunció en el 2017, la determinó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición.

Dijo que en el caso de las glosas a la empresa Odebrecht se entregó alrededor de 130.000 documentos a la misma Asamblea Nacional sobre las acciones penales y administrativas que se habrían efectuado; y puntualizó que no intervino en las funciones del CNE en el desarrollo de los procesos electorales.

Respecto del proceso judicial por presunta delincuencia organizada por el que se lo investiga, y por el que guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, el excontralor aseguró que las acusaciones no han sido probadas en la justicia, y que se está defendiendo de ellas.

“Aquí no se ha probado nada”, increpó. Finalmente, fue custodiado por elementos de la Policía Nacional para abandonar el recinto legislativo tras haber ejercido su defensa, para ser trasladado nuevamente a la cárcel.

Al abrirse el debate, se registraron 18 intervenciones de los legisladores de las distintas bancadas legislativas.

El primero fue Lucero, quien planteó la moción de censura; lo siguió Fernando Villavicencio (independiente), que si bien respaldó la moción de censura, recordó que el entramado de corrupción se fomentó en el gobierno de Rafael Correa, cuyos legisladores afines impulsan el enjuiciamiento político a Celi.

Indicó que la “puja” por ocupar la Contraloría inició en el 2017 y tenía como objetivo “desaparecer documentos, informes con responsabilidad penal” en contra de exfuncionarios del régimen de Correa, como Carlos Baca Mancheno, exfiscal general y los exministros, César Navas y Homero Arellano.

“Cuando estamos hablando de los delitos de Pablo Celi” se está hablando de las acciones de Rafael Correa. “Todo tiene que ver con la corrupción del gobierno de Correa, la Contraloría, la Procuraduría…”, dijo Villavicencio al referirse al desvanecimiento de glosas a la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Levantaba documentos y decía a Lloret, que Odebrecht pagó $ 20 millones por la determinación de glosas, pero regresó a continuar con contratos millonarios, y denunció que con los cobros de sobornos se emprendieron las campañas electorales del exmandatario Correa.

Ronny Aleaga (UNES) defendió a su bancada y criticó a Villavicencio recordando por qué no debe presidir la Comisión de Fiscalización: “porque se maneja con odios”.

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El asambleísta César Rohon (PSC) llamó la atención a los asambleístas sobre los cuestionamientos al CPCCS Transitorio y a la Corte Constitucional por ratificar a Celi, pero recordó que la integración de ese Consejo fue una disposición emanada de una consulta popular, por lo que “no podemos olvidarnos que hablamos del pueblo cuando nos conviene, pero cuando nos da otras instrucciones que no nos gusta, lo cuestionamos”.

Alertó sobre cómo se va a manejar la votación. Si sería punto por punto, respecto de las seis causales de enjuiciamiento político. “Cuidado nos meten un gol por la galleta” dijo y pidió que se establezca de manera clara el incumplimiento de funciones.

De su lado, la legisladora Ana Belén Cordero (CREO) pidió al correísmo no querer deslindarse de su responsabilidad en la existencia del CPCCS, que fue una iniciativa creada en el mandato de Correa.

Incluso recordó que el sobrino de Celi, Raúl de la Torre, ahora procesado en el caso Las Torres por presunta delincuencia organizada, fue secretario de la Comisión de Fiscalización cuando la exlegisladora afín al correísmo, María José Carrión era la presidenta en un periodo anterior.

Y en ese sentido, pidió votar por la censura, pero sin deslindar quién fue Pablo Celi, es decir, la “continuación de la gestión de Carlos Pólit”, elegido por el CPCCS en el mandato de Correa.

Por el PSC también intervino Esteban Torres, quién pidió aclarar la resolución de censura a Celi. Ello porque los interpelantes concentraron su acusación en una arrogación de funciones del excontralor subrogante.

“Esa es una competencia de los jueces para que inicien una acción judicial, pero no en este proceso. Esa causal de arrogación de funciones, debe ser eliminada de cualquier resolución final. La causal es muy clara: incumplimiento de funciones. Eso es lo que debe estar en la resolución, cualquier otra causal complica la decisión de este órgano”, dijo Torres.

A las 21:19 el presidente encargado Virgilio Saquicela, cerró el debate y dispuso la votación.

El asambleísta Rafael Lucero presentó la moción de censura por incumplimiento de funciones, que tuvo 136 votos afirmativos.

El expediente se remitirá a la Fiscalía General para que realice las investigaciones correspondientes, así como al Ministerio de Trabajo para que registra la inhabilidad que tendrá Celi, de no poder ejercer un cargo público por un periodo de dos años.

Celi no fue destituido, pues en junio pasado renunció a su cargo como contralor subrogante de la Contraloría, por lo que únicamente cabía su censura. (I)