El pleno de la Asamblea Nacional conoció este 28 de abril el informe para el primer debate del proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional. La propuesta, remitida por el presidente Daniel Noboa hace cincos meses mediante Decreto Ejecutivo 467, busca eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos.
La sesión 1021 del Legislativo se instaló cerca de las 11:30 y se suspendió a eso de las 14:20.
La asambleísta Lucía Posso, presidenta de la mesa ocasional y ponente del informe, destacó la necesidad de resguardar los principios democráticos y la participación política, advirtiendo sobre los riesgos del financiamiento privado si se eliminan los fondos públicos.
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Posso señaló que la redistribución de recursos debe ser planificada conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Además se escuchó la intervención de otros cinco asambleístas que expusieron sus posturas tanto a favor como en contra del proyecto.
En su intervención, manifestó también que el trámite de este proyecto no llegaría a su fin en este periodo del Legislativo y que es probable que la nueva Asamblea Nacional, que asume funciones el 14 de mayo próximo, sea quien continúe el proceso.
El proyecto plantea suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto para el funcionamiento y las campañas electorales de las organizaciones políticas. Según el informe presentado, esta reforma permitiría redistribuir los fondos hacia sectores prioritarios como educación, salud y programas sociales, en un contexto de restricciones presupuestarias.
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Durante el análisis en la Comisión Ocasional, se recogieron diversas posturas: algunos legisladores alertaron sobre el riesgo de afectar la equidad en la participación política, especialmente para los partidos emergentes, ante la posible dependencia de fuentes privadas de financiamiento. También se señaló la necesidad de fortalecer los controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento ilícito.
Entre los argumentos destacados en el informe constan la importancia del financiamiento estatal para garantizar la equidad democrática y la preocupación sobre los riesgos de eliminarlo sin un sistema de control robusto sobre los aportes privados. La Comisión subrayó que la propuesta debe ser debatida de forma amplia, rigurosa y pluralista en el Pleno, considerando los impactos políticos, económicos y sociales.
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Durante la sesión, la legisladora Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, defendió la asignación estatal como un mecanismo que garantiza que sectores históricamente excluidos puedan competir en igualdad de condiciones. Recordó además las violaciones a la ley electoral en procesos anteriores, para enfatizar la necesidad de mantener controles estatales.
El legislador Jaime Guevara pidió diferenciar entre el fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral, advirtiendo sobre “la necesidad de mayor control para evitar el financiamiento de campañas por fondos ilícitos”.
Nathaly Farinango, asambleísta por el movimiento oficialista, respaldó la propuesta como una medida responsable que busca optimizar el uso de los recursos públicos y planteó que la autogestión de campañas es una alternativa viable, aunque reconoció que no existe un modelo único en la región.
“El cambio no se limita a reducir el financiamiento a las campañas electorales sino que a la par habilita a la posibilidad de autogestión de la publicación de parte de los propios actores públicos, además de evitar el uso irresponsable de recursos estatales”, destacó.
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La legisladora Cecilia Baltazar advirtió que eliminar el financiamiento estatal podría limitar el derecho de igualdad en la participación electoral, afectando a candidatos con menores recursos económicos.
Por su parte, el parlamentario Ramiro Vela señaló que “el problema no radica en la existencia de los fondos, sino en la falta de control y en el uso indebido que se ha dado a estos recursos”, responsabilizando a los líderes políticos por las fallas. (I)
