A solo tres días antes de que se cumpla el primer año del asesinato de Fernando Villavicencio, el pleno de la Asamblea Nacional tenía en el orden del día de la sesión 951, de este 6 de agosto, conocer el informe de la comisión especializada que investigó el crimen, pero la legisladora Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, la suspendió sin dar detalles de cuándo se reinstalará.
Cuesta estaba como presidenta encargada del Legislativo en esta sesión en la que el documento era el tercer punto del orden del día. En este pleno se abordó también el pedido de juicio político contra cuatro ministros del gobierno de Daniel Noboa por el caso Olón y el proyecto de ley para la creación del cantón Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona Santiago.
En tanto, en el informe que está pendiente de tratar se concluye que en el asesinato hubo responsabilidades del expresidente Guillermo Lasso, aunque hay un informe de minoría que habla de crimen político.
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La mesa ocasional, presidida por Viviana Zambrano, presentó el informe al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el 13 de junio de 2024. Este 9 de agosto se cumplirá el primer año del magnicidio del excandidato presidencial.
Zambrano pidió al presidente de la Asamblea que se incluyan los dos informes a conocimiento del pleno. Señaló que el informe de mayoría recoge el 80 % de la redacción del informe que ella presentó como minoría, y dice que fue mutilado en algunas partes de los hechos que Villavicencio investigó primero como periodista y luego como presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, y reiteró que se trata de un crimen político por la incomodidad que provocaba por su trabajo de investigación.
El informe de mayoría aprobado con seis votos de los asambleístas de ADN, RC, PSC y Pachakutik determinó que los hechos en torno al magnicidio hacen “presumir” que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso, así como del exministro del Interior Juan Zapata y de la cúpula de la Policía Nacional de ese tiempo.
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Sostiene que Guillermo Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública; que aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023. “De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia”, dice el texto.
En cambio, el informe de minoría suscrito por la presidenta de la mesa, Viviana Zambrano (Construye), determina que el asesinato de Villavicencio fue un “crimen político” por la incomodidad que generaban sus investigaciones, que -según la Fiscalía- sumaron 17 (como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción) relacionadas con varios sectores, como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico.
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Esta lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en altísimo riesgo. Así lo dice el informe de la Policía Nacional que le asignó un 93 % de riesgo antes de asignarle protección estatal, que resultaría inútil frente al ataque de ese fatal 9 de agosto de 2023. Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. “Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales”, se incluye en el informe. (I)
