Que la Contraloría General del Estado investigue contratos de asesoría legal y psicológica que bordearían los $ 10 millones que adjudicó la Embajada de Ecuador en España para ayudar a los migrantes ecuatorianos por las hipotecas, es el pedido que hizo el asambleísta Esteban Torres. De estas asesorías, 98 de cada 100 casos se perdían.

Esteban Torres, representante de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), reveló este 13 de septiembre información relacionada con dichos contratos a los que tildó de “curiosos”, y que se hicieron por 7′5 millones de euros; que en dólares ascendería a los $ 10 millones.

Según su investigación, desde el 2012 hasta el 2016, la Embajada de Ecuador en España habría asignado contratos a una empresa denominada Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña por 2′6 millones de euros para la asesoría legal y psicosocial para migrantes ecuatorianos afectados por las hipotecas.

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Los contratos no son para Kinema, sino con otras empresas, que en total superan los 7′5 millones de euros en supuestas asesorías a migrantes ecuatorianos y apoyo psicológico.

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Respecto de Kinema, según Torres, la embajada cambió la contratación con una empresa llamada Mi País Consultores, que del 2016 hasta el 2018 recibió 2′9 millones de euros.

Lo “curioso”, dijo, es que como representante de Mi País consta un ecuatoriano migrante en el 2000 a España, de nombre Walter Jaramillo Mena, que sería el único accionista registrado y que también aparece como representante de Intecom Iberoamérica. En total, se le entregaron 4 millones de euros en contratos a este ciudadano.

“Jaramillo es un migrante ecuatoriano que llegó en el 2000 a España. No es abogado, no tiene experiencia jurídica; y le fueron canceladas licencias que tenía por una empresa de viajes, pero ha recibido 4 millones de euros en contratos”, alertó Torres.

Como parte de la información a la que accedió el legislador, está la efectividad que han tenido estas asesorías a los migrantes ecuatorianos, de la cual se desprende que apenas había un 2 % de éxito. Es decir, 98 de cada cien casos se perdían.

Torres se preguntó en una rueda de prensa a la que convocó este lunes por qué una empresa que no cumplía con los fines para los que se la contrataba, mantuvo los contratos, por qué “se siguió entregando dinero público a estas empresas”, cuestionó.

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Entre otras empresas que aparecen, de acuerdo con los registros, están Fundación Psicología sin Fronteras por 271.840 euros; con la Asociación Solidaridad Internacional para el Desarrollo (Solides) por 70.250 euros.

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Con Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU por 1′054.866 euros; con Intecon Iberoamérica SLU por 1′459.600 euros.

La conclusión para Torres es que se firmaron contratos que superaron los $ 10 millones a “empresas que no tenían ningún tipo de infraestructura” para dar estas asesorías.

Precisó que estas contrataciones se mantuvieron desde el 2012 hasta la actualidad, incluso durante el último gobierno de Lenín Moreno, y a “nadie se le ocurrió decir que cambien de contratistas”.

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La información obtenida será remitida a la Contraloría General del Estado para que proceda con los procesos de control y auditoría; y de esta forma se siente un precedente de que “el dinero que se gaste en el exterior es susceptible de revisión”.

Estas adjudicaciones internacionales se revelaron en un medio de comunicación español llamado Ok Diario, en el que se menciona que entre el 2012 y 2016 se pagaron 2′6 millones de euros asignados a la empresa Kinema, que pertenecería al partido Podemos, fundado por el político Pablo Iglesias, cercano al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa.

El político Pascual Del Cioppo, que fue nombrado embajador de Ecuador en España y desistió de esa designación, al conocer de esta información había pedido al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se suspendan “de inmediato” esas adjudicaciones, según expresó en una entrevista en el programa de entrevistas de Carlos Vera.

Después de esta declaración, Del Cioppo se excusó de ser el embajador en ese país; y por decreto ejecutivo 185, el primer mandatario aceptó su excusa formal y derogó el decreto 144 del 3 de agosto en el que oficializaba esa designación.

Hasta el momento, Guillermo Lasso no ha designado al nuevo diplomático que asumirá esas funciones. (I)