El Consejo de Administración Legislativa calificó la queja presentada en contra de la legisladora Mónica Palacios Zambrano, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana, por supuesto acoso laboral a un funcionario de la Asamblea Nacional.

A partir de la notificación, la legisladora tiene tres días para contestar la denuncia formulada en su contra y posterior a ello el Consejo de Administración convocará a las dos partes para que presenten sus alegatos antes de la resolución.

Mónica Palacios enfrenta una queja por acoso laboral en la Asamblea Nacional

La queja fue presentada por un funcionario legislativo que presta sus servicios en la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), quien solicitó que se aplique lo estipulado en el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Nacional numeral 6, relativo a las faltas administrativas graves que cometen los asambleístas, esto es, “incurrir en actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional”.

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Estas faltas administrativas graves son sancionadas por el Consejo de Administración Legislativa con la suspensión de ejercer el cargo, sin remuneración, por periodo entre 31 y 90 días.

El hecho denunciado en contra de la asambleísta Palacios habría empezado en diciembre de 2023, en una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la asambleísta de Gobierno Valentina Centeno, mientras se debatía la ley económica urgente de eficiencia económica y generación de empleo.

La acusada, según la denuncia, sin autorización de la presidenta de la mesa y saltándose el procedimiento, habría retirado el micrófono a la legisladora Esther Cuesta (RC) y comenzado a hablar, por lo que el funcionario legislativo procedió a solicitar el micrófono. Pese a ello, el micrófono no se entregó y luego empezó el acoso laboral en la red social X, en la que la asambleísta afirma que fue “amedrentada por un funcionario que intentó arrancharle el micrófono para silenciarla”.

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La legisladora presentó ante la administración de la Asamblea una solicitud de inicio de acciones disciplinarias pidiendo una sanción contra el funcionario legislativo, porque “había incurrido en acciones violentas, machistas y atentatorias a su condición de mujer y asambleísta”.

Tras el proceso, la administración del Parlamento no encontró razones para una sanción y archivó el pedido por cuanto “se advierten inconsistencias en el proceso que podrían devenir en vulneraciones de derechos constitucionales del referido servidor legislativo”. (I)