Tras un corto debate, la Asamblea Nacional se comprometió a seguir el trámite en un segundo debate del proyecto que en adelante se denominará ley para la protección de defensa de los derechos de los animales, que recoge cinco iniciativas como la de la Defensoría del Pueblo, que recibió críticas por lo “desmesurado” del planteamiento.

El proyecto de la Defensoría del Pueblo, que inicialmente se llamó ley para la promoción, protección, protección y defensa de los animales no humanos, nació tras la sentencia No. 253 de febrero de 2022 de la Corte Constitucional derivada del caso “Mona Rstrellita”, un primate que por años vivió con una familia y nunca había crecido en el entorno salvaje. Luego de una denuncia, el animal fue retirado y trasladado a un zoológico, donde no tardó en morir. La Corte, en este caso, reconoció a los animales silvestre no humanos como sujetos de derechos, y pidió que se legisle alrededor del tema.

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El proyecto de la Defensoría del Pueblo prohibía la exhibición de animales faenados o cocinados en vitrinas o locales comerciales, así como mantenerlos hacinados o aislados, entre otras propuestas, lo cual fue modificado en la Comisión de Biodiversidad que tramita el proyecto y recogió otras iniciativas.

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Este 1 de agosto se dio el primer debate del proyecto con la presencia de representantes de la ganadería, campesinos, productores, pescadores, avícolas, y otros, que fueron recibidos en el pleno para advertir del riesgo de aprobar una ley que afecta al sector productivo del país.

En el debate participaron once asambleístas. Hubo propuestas de que se devuelva el proyecto a la Defensoría del Pueblo para que se elabore uno nuevo con la participación de todos los sectores productivos, algo que no tuvo eco, pero los asambleístas se comprometieron ablandar y equilibrar el texto para un segundo debate de tal forma que no se afecten las demandas de los campesinos, ganaderos, avicultores y comerciantes.

Jaime Moreno, del movimiento Construye, dijo que el sector productivo que se sentía amenazado por el texto inicial de Defensoría del Pueblo y que hoy sigue haciendo sus observaciones dada la posibilidad de malas interpretaciones de ciertas disposiciones contenidas en el informe para el primer debate. Se ha clasificado los animales según su destino precisamente para no perjudicar al sector productivo y ayudar a que a fauna, sobre sobre todo la urbana, sea bien tratada en las distintas ciudades.

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Milton Aguas (exRC) dijo que se eliminó lo pertinente para que la ley sea equilibrada y destacó que como inicialmente estaba concebida causó preocupación en las Islas porque tiene un régimen especial para el cuidado de la fauna, no es lo mismo cuidar un perro o un gato en Galápagos porque ahí se convierte en una especie invasora que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.

Manifestó que el proyecto original pretendía que se cuide a los gatos y a los perros abandonados en Galápagos cuando ya hay una normativa aplicable para que sean recogidos y sean atendidos por la autoridad ambiental correspondiente. Lo mismo con respecto a las plagas pues Galápagos tiene como prioridad el cuidado del patrimonio natural de la humanidad.

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A criterio de Lucía Posso, del partido Avanza, el problema de origen no es el maltrato animal, la violencia, sino la falta de educación. Y señaló que hay que invertir en el respeto, la solidaridad, la conciencia, en el desarrollo y en el futuro. “Si educaríamos mejor a los hombres no tendríamos que estar legislando para los animales”, recalcó.

Indicó que nadie puede decir que la Asamblea Nacional quiere que los animales sean abusados; pero “no podemos hacer de esto un discurso romántico sin entender cuáles son las realidades sociales que vivimos en el país y que afrontamos todos los ecuatorianos”.

El socialcristiano Jamilton Intriago reclamó que el proyecto no fue socializado con los productores y afirmó que la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley copiado, por lo que mocionó devolverle el documento a la Defensoría del Pueblo, porque dijo “no se puede jugar con los campesinos porque esto perjudica al pequeño y mediano productor”.

Dijo que la Asamblea Nacional debe encontrar realmente un equilibrio en la protección animal y evitar impactos negativos en la economía y en la vida de los ecuatorianos. Que es necesario que se consulte a todas las partes interesadas como productores, comerciantes y consumidores, para desarrollar una legislación que realmente mejore el bienestar animal sin perjudicar a los seres humanos que dependen de estas actividades.

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Mónica Salazar, de la Revolución Ciudadana (RC), indicó que para segundo debate pedirá que en el proyecto se respeten las costumbres y tradiciones conforme lo establece el artículo 57 numeral 13 y 17 de la Constitución, que no solo se reconoce sino que también se garantiza el derecho a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar nuestro patrimonio cultural e histórico como indivisible del patrimonio ecuatoriano.

Dijo que en el informe del proyecto en el artículo 7 se nombra en las definiciones a los animales destinados para la exposición, animales destinados para actividades culturales. Por ello, dijo que defenderá a quienes gustan de las cabalgatas, los rodeos montubios para que en esta ley se establezca claramente la permisibilidad de su uso, ya que esta ley lo nombra simplemente como un listado más, pero no está estableciendo que se respete dentro de esta norma su exposición al público y su uso para estas actividades culturales.

El asambleísta del PSC, Andrés Briones, representante del Guayas, dijo que esta ley ha causado un conflicto entre los productores de pollos, el ganadero, los pescadores, camaroneros, los que tiene cultivos de tilapias por tal motivo pidió la eliminación en e proyecto a los sectores de consumo e industria, fauna marina, porque es nocivo al principio de seguridad alimentaria para toda la industria nacional en la competitividad y en la producción del país.

Insistió a la comisión que se deje fuera de la ley todo lo que tenga que ver con consumo masivo, porque está debidamente regulado por las autoridades públicas de control en materia sanitaria y fitosanitaria, y que desde 1995 el Ecuador al ser parte signatario de la Organización Mundial del Comercio, todo lo que se discute en el proyecto ya lo implementó en su normativa a través de los grandes acuerdos generales en materia fitosanitaria y sanitaria.

Con esta intervención, la presidenta encargada de la sesión, Viviana Veloz (RC), cerró el debate y el proyecto de ley regresará a la comisión de Biodiversidad para recoger las observaciones y elaborar el informe para segundo y definitivo debate. (I)