Luego de dos horas de intervenciones y deliberaciones, la jueza penal de Pichincha Yadira Proaño no instaló, la tarde de este miércoles, la audiencia para vincular a dos exdirectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y a cuatro empresarios a la instrucción fiscal en la que se investiga ya a cuatro personas por un peculado que se habría dado en operaciones de inversión irregulares con fondos de seguridad social policial.

La diligencia se pensaba que se iba concretar la tarde de este miércoles en la segunda convocatoria, pero no se dio así, debido a que se interpuso un recurso de hecho que inicialmente fue negado en providencia, la tarde de este miércoles, por la jueza Proaño, pero que luego lo dejó la magistrada sin efecto, en virtud del pedido realizado por uno de los abogados y para evitar cualquier posible nulidad en la siguiente etapa.

“Esta juzgadora deja sin efecto el auto dictado el 9 de junio de 2021, a las 13:07, respecto a la negativa del recurso de hecho, y se dispone en ese sentido que sea la Corte Provincial (de Justicia de Pichincha) quien lo resuelva, por lo que se remitirá el expediente a dicha instancia”, explicó Proaño, no sin antes pedir que se deje constancia de cuál es el estado procesal de la causa y los incidentes que se han venido generando.

El miércoles 2 de junio pasado la audiencia de vinculación no se instaló para garantizar el debido proceso. Como parte del expediente existían entonces escritos que habían ingresado a último momento, así como existían otros que se presentaron previamente, pero que aún no habían sido contestados.

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Una vez que concluya la diligencia, ordenó la jueza Proaño, se procederá a poner la copia respectiva de las intervenciones de los sujetos procesales en la audiencia, así como el acta de comparecencia de cada uno de los sujetos, para que luego se entregue un auto motivado como corresponde y sea remitida la causa a la Corte Provincial de Pichincha para que se realice el sorteo que corresponde.

Según Proaño, fue el abogado Pablo Andrés Lizarzaburu quien de manera oral en esta audiencia no instalada alegó que en este caso existe el auto dictado por ella con la negativa en relación al recurso de hecho planteado el día 8 de junio pasado, ante la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en relación a la convocatoria de audiencia de vinculación solicitada por la Fiscalía para las seis personas.

Varios de los abogados de las seis personas que iban a ser vinculadas al caso Isspol, por peculado, asistieron al auditorio del Complejo Judicial, en Quito, para una audiencia que finalmente no se instaló. Foto: Cortesía

La lista de personas que la Fiscalía busca vincular a la causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de recursos del Isspol, a modo de inversiones, la encabeza el exdirector de Riesgos del Isspol, Robert Luzuriaga, y el empresario Jorge Chérrez Miño, ambos acusados en Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, parte de una trama de corrupción ocurrida en la seguridad social policial.

Además, el fiscal Martín Navarrete solicitará la vinculación del exdirector Económico-Financiero del Isspol, Orlando Nuques, y de los altos directivos de empresas inversoras: Carlos Carbo Cox, Luis Domínguez Viteri y Luis Álvarez Villamar.

Estas seis personas se sumarán a la instrucción fiscal que se abrió el 24 de febrero pasado contra los exdirectores del Issfa, los generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente.

Decevale insistió en Estados Unidos para obtener pruebas sobre Jorge Chérrez y sus empresas, por el caso de las inversiones del Isspol

En los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, cerca de 160 personas, parte de organizaciones de policías en servicio pasivo de diversas provincias, realizaron un plantón para no solo exigir justicia en el caso Isspol, sino también para pedir que se emitan las medidas cautelares que correspondan a los posibles vinculados para que así se garantice su presencia en el juicio y el pago de una posible reparación integral al seguro social de la Policía Nacional. (I)