6 de febrero de 1997. 21 de enero del 2000. 20 de abril del 2005. Las tres fechas marcaron hitos en la vida política del país porque en ellas se produjeron las ‘caídas’ de tres mandatarios elegidos democráticamente en las urnas: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Todos dejaron el poder bajo figuras constitucionales diferentes, pero en circunstancias de agitación social similares.

Sus historias vuelven a evocarse por estos días en que se debaten varios escenarios constitucionales para resolver la crisis de gobernabilidad que experimenta el país. Desde la Asamblea Nacional se ha planteado un juicio político al presidente Guillermo Lasso, pero desde el régimen se habla de la disolución del Legislativo y la inmediata convocatoria a elecciones, con la llamada “muerte cruzada”; mientras que los grupos sociales e indígenas piensan en salir a las calles.

EL UNIVERSO solicitó a la secretaría de la Asamblea Nacional las actas de las sesiones legislativas en las que se votó por la salida de los citados mandatarios; y la consultora Ediciones Legales proporcionó los Registros Oficiales en los que estas se publicaron.

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QUITO.- El 7 de febrero de 1997, Heinz Moeller, César Verduga y Fabián Alarcón recorrieron las principales calles de la capital durante el derrocamiento de Abdalá Bucaram.

Bucaram fue cesado de la Presidencia de la República por incapacidad mental el 6 de febrero de 1997, luego de una serie de protestas sociales que duraban ya varias semanas y que llegaron a su clímax un día antes en un paro nacional. La resolución del extinto Congreso Nacional, que fue publicada en el Registro Oficial del 14 de marzo, expone tres considerandos que sustentaron dicha declaratoria.

1. Que Bucaram tenía una “bochornosa e ilegal conducta”, “violando la Constitución y las leyes constantemente, atropellando a la sociedad civil, amenazando y agrediendo a la prensa y a los medios de comunicación, utilizando a las Fuerzas Armadas en actos extraños a sus funciones perjudicando su imagen, protagonizando actividades artísticas, musicales y deportivas reñidas con la majestad de la Presidencia y montando una gigantesca red de familiares y allegados que son el eje de la corrupción”.

2. Que el presidente de la República quiso amedrentar a los diputados impidiendo el normal tránsito al Palacio Legislativo y amenazó al presidente del Parlamento y a los principales líderes del mismo, con apresarlos si no se sometían “a sus caprichos”.

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3. Que “la exigencia, virtualmente unánime de la población, es que termine este estado de caos y desafueros organizado por el Ejecutivo”.

La moción fue planteada por el diputado socialcristiano Franklin Verduga y recibió el poyo de 44 legisladores de diferentes tendencias políticas, quienes declararon la “incapacidad mental para gobernar” del líder roldosista, con base en el literal d) del artículo 100 de la Constitución que estaba vigente en esa fecha, que era la de 1979 con algunas reformas.

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El citado artículo indicaba lo siguiente: “El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo: a) Por terminación del período para el cual fue elegido; b) Por muerte; c) Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional; d) Por incapacidad física o mental declarada por el Congreso Nacional; y, e) Por destitución o abandono del cargo declarado por el Congreso Nacional”.

Pero ni en la Carta Magna ni en la legislación de la Función Legislativa se establecía un procedimiento para realizar dicha declaratoria, explica el constitucionalista José Chalco. Esto recién se introdujo en la Constitución del 2008, en la que se señala que debe convocarse a un Comité de Médicos y que debe aprobarse con 92 votos. Esto se desarrolla con mayor detalle en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en vigencia desde el 2009.

Tras la salida de Bucaram, el Congreso Nacional designó ese mismo 6 de febrero como presidente interino a Fabián Alarcón; dicha figura no estaba prevista en la Constitución vigente entonces. Ante la falta definitiva del mandatario, en la línea de sucesión presidencial constaban el vicepresidente de la República, el presidente del Congreso Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Pero el 9 de febrero siguiente, Alarcón desistió de esa designación y el Congreso Nacional posesionó a la vicepresidenta Rosalía Arteaga como mandataria. Tal designación duró solo dos días, porque el 11 del mismo mes se ratificó a Alarcón como presidente interino.

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Bucaram dijo que su salida del poder fue un golpe de Estado y se exilió en Panamá. Años después, varios políticos que participaron en el hecho han reconocido que se violentó el orden constitucional.

Gustavo Noboa reemplazó a Jamil Mahuad en la Presidencia de la República el 22 de enero del 2000. Foto de Archivo

En el caso de Jamil Mahuad, el Congreso Nacional declaró que había abandonado el cargo el 22 de enero del 2000. Un día antes, un grupo de coroneles y dirigentes indígenas protagonizaron una asonada que lo derrocó en medio de protestas sociales por la crisis económica de la época. Se formó un triunvirato transitorio, del que fue parte momentáneamente el desconocido coronel Lucio Gutiérrez, pero luego se posesionó al vicepresidente Gustavo Noboa como mandatario. Mahuad no renunció, aunque salió del Palacio de Carondelet y se refugió en la Embajada de Chile en Ecuador.

La resolución se publicó en el Registro Oficial del 1 de febrero del mismo año; en ella constan cuatro considerandos:

1. “Que un grupo de sediciosos, en abierta violación constitucional, ha intentado usurpar las tres funciones del Estado; 2. Que a consecuencia de la actitud desestabilizadora de la democracia, propiciada por algunos sectores, el presidente constitucional de la República, doctor Jamil Mahuad Witt, como es de conocimiento público, ha abandonado el cargo para el que fue democráticamente elegido; 3. Que el grave estado de conmoción interna al que ha llegado la sociedad ecuatoriana amenaza con provocar la destrucción del Estado; y 4. Que es deber fundamental del H. Congreso Nacional defender la Constitución, el sistema democrático y la forma republicana de gobierno”.

La declaratoria de abandono del cargo se sustentó en el artículo 167, numeral 6, de la Constitución Política vigente, que era la que aprobó la Asamblea Constitucional de 1998, que se convocó justamente tras la caída de Bucaram. La moción la hizo el entonces diputado socialcristiano Jaime Nebot y se aprobó con 87 votos.

El texto decía lo siguiente: “El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 1. Por terminación del período para el cual fue elegido. 2. Por muerte. 3. Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional. 4. Por incapacidad física o mental que le impida ejercer el cargo, legalmente comprobada y declarada por el Congreso Nacional. 5. Por destitución, previo enjuiciamiento político. 6. Por abandono del cargo, declarado por el Congreso Nacional”.

Alfredo Palacio asumió como presidente cuando el Congreso –a cargo de Cynthia Viteri– destituyó a Lucio Gutiérrez.

A Lucio Gutiérrez se lo cesó en funciones el 20 de abril del 2005 por la misma causal que Mahuad, es decir, abandono del cargo. Así consta en el acta n.º 25-047A de la sesión del Congreso Nacional de ese mismo día. Esta no se publicó en el Registro Oficial.

Gutiérrez venía enfrentando varias protestas sociales promovidas por los llamados ‘forajidos’; el movimiento cuestionaba que una mayoría legislativa afín al Gobierno hubiese destituido en diciembre del 2004 a la Corte Suprema de Justicia y designado a la llamada ‘Pichicorte’, que luego anuló los juicios de peculado de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik.

Antes de declarar el abandono del cargo de Gutiérrez, los legisladores destituyeron a Omar Quintana (PRE) y Jorge Montero (CFP) de la presidencia y primera vicepresidencia del Congreso. La diputada socialcristiana Cynthia Viteri, que era la segunda vicepresidenta, asumió la presidencia.

La moción para sacar al mandatario fue planteada por el entonces diputado demócrata popular Ramiro Rivera. Tenía siete considerandos que se exponen a continuación:

1. “Que la primera obligación del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y, en consecuencia, preservar el estado social de derecho y la integridad y seguridad de los ecuatorianos;

2. Que el coronel Lucio Gutiérrez ha desconocido la Constitución Política de la República al intervenir indebidamente en los otros poderes del Estado, pretendiendo inclusive disponer acerca de la organización de la Función Judicial;

3. Que en abierto incumplimiento de sus deberes constitucionales y morales, en un evidente acto de irresponsabilidad, el coronel Lucio Gutiérrez ha dispuesto indebidamente la utilización de la Fuerza Pública para reprimir manifestaciones pacíficas del pueblo de Quito que no amenazaban la seguridad de las personas ni la integridad de sus bienes;

4. Que, además, el coronel Gutiérrez ha movilizado bandas armadas para ocupar Quito y agredir a sus habitantes;

5. Que es deber del Congreso Nacional tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la República y preservar la seguridad de sus habitantes;

6. Que las actitudes del coronel Gutiérrez lo colocan al margen de la Constitución y la ley, en evidente abandono de las responsabilidades que le corresponden como presidente constitucional de la República;

7. Que esto ha configurado la causal de abandono del cargo prevista en el número 6 del artículo 167 de la Constitución Política de la República”.

Sin apoyo de las Fuerzas Armadas, Gutiérrez salió del Palacio de Carondelet en un helicóptero militar para refugiarse en la Embajada de Brasil.

En la resolución -que se aprobó con 60 votos- se mencionaba que, tras la declaratoria de abandono del cargo, debían “operar los mecanismos de sucesión constitucional”.

Por ello, el Parlamento citó esa misma noche al vicepresidente Alfredo Palacio para que asuma la primera magistratura. Viteri lo posesionó.

El analista político Simón Pachano señala que en los tres casos los Congresos de la época no respetaron la institucionalidad. “Fueron tres golpes de Estado, no fueron destituciones legales”, dice.

“En el de Bucaram, ya se ha hablado y se ha escrito mucho sobre esto de que se (los diputados) volvieron psicólogos y lo destituyeron por “loco”. El de Mahuad es un golpe de Estado clarísimo con la participación de las Fuerzas Armadas y el Congreso toma la resolución cuando ya le han botado al presidente. El de Gutiérrez se da cuando hay una convulsión social y el Congreso lo destituye diciendo que había abandonado el cargo cuando estaba en el Palacio de Gobierno; claro que Gutiérrez dio antes una especie de golpe de Estado con la Pichicorte”, expresa. (I)