Capacitar a jueces sobre las operaciones militares y policiales se planteó en reunión convocada por la Corte Nacional de Justicia

Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional capaciten a jueces sobre las acciones y operaciones que se ejecutan en materia de seguridad, así como trabajar en una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) fueron las dos principales propuestas que surgieron durante una reunión mantenida la tarde del jueves 4 de mayo, en la que participaron representantes del Ejecutivo y de la Función Judicial, jueces penales y anticorrupción.

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El encuentro fue convocado por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Asistieron Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado; Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad; Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia; y Mario Cuvi, viceministro de Gobierno.

Saquicela destacó la importancia de fortalecer las competencias de los jueces penales y anticorrupción, para lo cual planteó construir una resolución desde el pleno de la CNJ. En ese sentido, sugirió solicitar al Consejo de la Judicatura que se incorporen más jueces que atiendan temas relacionados con casos de corrupción.

Además, puso en consideración crear un mecanismo de diálogo entre la Función Judicial, incluyendo a la Fiscalía, con las fuerzas del orden, con el fin de delinear acciones de combate contra la criminalidad.

Para el consejero Paco Moncayo, los jueces tienen claridad de lo que está pasando en el país y están formados para enfrentar los nuevos retos. “No podemos seguir con paradigmas antiguos enfrentando una realidad tan compleja, tan difícil como la que vive el país”, resaltó.

El general en servicio pasivo enfatizó en que es el Estado en conjunto es el que tiene que reaccionar ante la inseguridad, ya que no es solo una responsabilidad del Ejecutivo. “Al crimen organizado no le puede enfrentar un Estado desorganizado”, acotó.

La intención de que las FF. AA. y la Policía puedan capacitar a los operadores de justicia en cuanto a su accionar surgió del general Wagner Bravo. El propósito es que los magistrados conozcan cómo se preparan las operaciones policiales y militares, y que en ese diálogo se puedan revisar aspectos para mejorar.

Brindar protección a los jueces fue uno de los compromisos adquiridos por Carondelet. Al respecto, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, indicó que el tema se coordinará directamente con los ministerios encargados.

Por su parte, el viceministro de Gobierno propuso también convocar a mesas de trabajo específicas con la academia, para sumar aportes. Y además ofreció que se trabajará en reforzar la defensa técnica para policías y militares.

Uno de los jueces asistentes a la reunión, Byron Guillén, sugirió una reforma legal al COIP para atender de manera diferenciada los casos en los que estén involucrados miembros de las fuerzas del orden por posibles extralimitaciones en sus actuaciones y causen la muerta de una persona.

Al respecto, Guillén explicó que en estas situaciones el fiscal que atienda el caso debería realizar una investigación diferenciada de una muerte común y después decidir o no la formulación de cargos contra el uniformado. Aclaró que la intención no es la impunidad de los agentes. (I)