Caso Dhruv: juez lleva casi nueve meses sin reinstalar audiencia contra dos exministros de Defensa y varios oficiales de la FAE procesados por peculado

En el denominado caso Dhruv lo único que falta conocer, para que se cierre la fase preparatoria de juicio, es la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, sobre si llama o no a etapa de juzgamiento a los 18 acusados de peculado.

Esa diligencia se suspendió el 30 de julio de 2022 y los sujetos procesales ya llevan más de ocho meses esperando que se los convoque para la reinstalación.

Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, son parte de la lista de procesados que son acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008.

La investigación de Fiscalía comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados con la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. El proceso se habría formalizado mediante el contrato suscrito el 5 de agosto de 2008.

Fiscalía acusa a dos exministros de Defensa de Rafael Correa como autores del delito de peculado en el caso Dhruv; la audiencia preparatoria de juicio continúa

Rivera suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para ingresar en un periodo de deliberación y analizar todo lo dicho en cinco días de diligencia por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, la representante de la Procuraduría, instancia que participa en el caso como acusadora particular, y los abogados de los 18 acusados, en mayoría, integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio pasivo (sp).

El último diferimiento en este caso se dio en febrero pasado. La reinstalación en el caso Dhruv, se había definido para el 10 de febrero de 2023, pero un día antes, el juez Rivera difirió la audiencia explicando que él debía asistir a la reinstalación del caso Las Torres, pues era parte del Tribunal de Juzgamiento. Entre los procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres estaban el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.

Desde la perspectiva de Diego Chimbo, abogado del brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, los nueve meses a los que camina el caso sin definirse una fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio superan todo plazo razonable dentro de un proceso judicial. Aunque no le sorprende el tiempo que está tomando el juez de la CNJ, pues, dice, para definirse una fecha para audiencia de casación pueden esperar hasta un año, cree que es un derecho que tienen los procesados a conocer en un “tiempo prudente” su situación jurídica.

Chimbo espera que la decisión que aún no da a conocer el juez no se vea influenciada por lo sucedido en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010.

El relato oficial habla de que el asesinato de Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv.

El peculado investigado en el tema Dhruv y la muerte del general Gabela, para varios abogados del caso Dhruv consultados, son situaciones procesales completamente distintas. Chimbo aclara que en el caso Dhruv lo que se está analizando específicamente es el proceso de contratación y compra de esos siete helicópteros y no lo que haya sucedido antes o después de ese momento.

“No debería influenciar la situación del caso Gabela en el caso Dhruv. Yo confío en que el juez no se deje influenciar por otras cosas que ni siquiera forman parte de la teoría de la Fiscalía, más allá de que en el informe realizado por expertos se determina que todos los helicópteros cayeron por error humano”, anotó Chimbo, al tiempo de asegurar que lo único que corresponde para su cliente es el sobreseimiento, pues no existe responsabilidad por la etapa en la que Mejía participó dentro del proceso.

Comisión deberá entregar hasta el 17 de mayo el informe sobre los autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela

Andrés Chasillacta, abogado del exministro Sandoval, durante la audiencia sostuvo que el peculado presentado por la Fiscalía es imposible de ser probado. Desde su visión no hay un hecho en conjunto que su cliente haya realizado con alguno de los procesados, los actos que se le han imputado al exministro no constituyen un delito y la Fiscalía al momento de indicar cuál fue la forma de contratación habría confundido hechos importantes en derecho administrativo y por ende no hay un delito que perseguir.

Además de los exministros Ponce y Sandoval, de Jorge Mejía Mejía, la Fiscalía por peculado acusa a Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; al teniente general (sp) de la FAE Alonso Espinoza; al brigadier general de la FAE Antonio Puga; al excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; al exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales; al exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; a Eduardo Esparza, brigadier generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; al capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y al suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Aseguró que ellos arbitrariamente, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirieron los helicópteros Dhruv.

El delito de peculado investigado, según la Fiscalía, causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 66,4 millones. (I)