Con la presentación de 200 elementos de convicción, la fiscal Luzmila Lluglla sustentó su dictamen acusatorio contra siete presuntos autores directos del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro. Entre los acusados está el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso.
La audiencia de evaluación y preparatoria a juicio se suspendió la tarde del lunes 22 de julio luego de varias horas. En esta diligencia, tras escuchar a las partes, el juez anticorrupción Renán Andrade resolverá si van o no a juicio los señalados por la Fiscalía.
Además de Carrera, los otros acusados son Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quien actualmente está en Argentina y enfrenta un proceso de extradición; Antonio I., exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Leonardo C., quien estaría en Panamá y mantiene una difusión roja de Interpol (Policía Internacional por sus siglas en inglés); Gabriel Naim M., también prófugo; y las empresarias Karen Leonor C. O. y Éricka Tatiana F. M.
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En el caso Encuentro se investiga la presunta existencia de una estructura delincuencial que operaba en empresas e instituciones públicas, durante el gobierno de Guillermo Lasso, que habría operado con la participación de funcionarios y personas privadas, con el fin de direccionar contratos estatales, de forma irregular, para obtener beneficios económicos.
La Fiscalía señala como líderes de la organización a Danilo Carrera y a su amigo Rubén Cherres, asesinado el 30 de marzo de 2023. Ellos actuaban por intermedio de Hernán Luque, mientras era la máxima autoridad de EMCO, así como a través de los empresarios del sector eléctrico Leonardo C., Naim M., Karen C. y Éricka F., quienes supuestamente serían los operadores de la estructura.
Para beneficiar al entramado, Luque habría presentado una “terna direccionada” para escoger al presidente del directorio de CNEL.
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La teoría fiscal sostiene que los procesados habrían “abusado” de su cercanía con el poder político “para colocar a amigos y conocidos en empresas públicas, para lo que habrían contado con la participación de funcionarios públicos y personas particulares”, resalta el Ministerio Público, en un comunicado.
En esa dinámica se habrían direccionado contratos a favor de Karen C. y Éricka F. Adjudicados los contratos, las empresarias habrían entregado dinero a Leonardo C., quien a su vez canalizaba los fondos a los líderes de la organización.
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“En dicha estructura habría existido un acuerdo de voluntades para ejecutar ilícitos relacionados con cohecho, peculado y lavado de activos”, apuntó la Fiscalía.
Durante la audiencia de este lunes, la fiscal Lluglla presentó informes de seguimientos y vigilancia, informes periciales, versiones, informes de grabaciones de conversaciones e interceptaciones telefónicas. También se apoyó en documentos oficiales de varias entidades públicas como EMCO, Contraloría, CNEL, Flopec, BanEcuador, Servicio de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre otros.
La audiencia de evaluación y preparatoria a juicio se suspendió luego que la fiscal del caso expuso la fundamentación de sus acusaciones sobre cada uno de los procesados. Tras ello, el juez decidió suspender la diligencia y dispuso que se retome el martes 23 de julio, a las 08:30.
En la diligencia, la fiscal Lluglla emitió un dictamen abstentivo para Julio César L., Jorge Richard O. y Roberto B., porque no se hallaron los elementos “precisos e inequívocos” que den cuenta de su relación con los hechos investigados. Por ello, el juez de la causa dictó un auto de sobreseimiento para los tres. (I)
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