Un total de siete testigos presentó la fiscal general, Diana Salazar, en el primer día de audiencia de juzgamiento de Aurelio Chila, Érick Salinas, Rodrigo Cevallos y Orlando Villacrés, expolicías acusados del plagio y la desaparición forzada de los ecuatorianos César Mata, Erwin Vivar y Jhonny Gómez Balda, durante un operativo policial que se dio en el interior de una farmacia en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil, en noviembre de 2003.

La diligencia que arrancó la mañana de este lunes 15 de abril en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante los jueces Felipe Córdova (ponente), Javier de la Cadena y Julio Inga continuó este martes 16 de abril en su segunda jornada, pasadas las 09:30. La audiencia sigue con la presentación de la prueba testimonial, pericial y documental con que cuenta para su acusación la fiscal general, Diana Salazar. Un problema de conexión con el Centro de Privación de la Libertad de Guayaquil hizo que la diligencia tarde en instalarse.

Los primeros testimonios presentados fueron los de los familiares de los definidos como víctimas en este caso: Mata, Vivar y Gómez Balda. La audiencia se instaló a poco de cumplirse siete años de ser llamados a juicio los once expolicías acusados por la detención y desaparición forzada.

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En su alegato de apertura, la fiscal general, Diana Salazar, aseguró que todo ocurrió el 19 de noviembre de 2003 en un operativo en el que operó una estructura “parapolicial”. En ese hecho se dio la muerte de ocho personas y tres se mantuvieron como desaparecidas. Erwin Vivar, quien figuraba como uno de los desaparecidos, a inicios de 2016 fue localizado en Venezuela y rindió su testimonio anticipado en Ecuador.

Vivar se convirtió en testigo protegido y el lunes último se conectó a la diligencia vía telemática. Su testimonio fue reproducido por la Fiscalía como uno de los elementos de prueba anunciados en su momento. De los cuatro juzgados, la fiscal Salazar dijo que actuaron en calidad de autores, pues ya existió una planificación previa que incluyó estar reunidos desde la madrugada del día en que se produjo el ilícito en la Policía Judicial del Guayas.

Entre otras cosas el testigo protegido dijo que el 19 de noviembre de 2003 fue detenido y llevado a la Policía Judicial del Guayas junto a otros sospechosos. Ahí todos habrían sido interrogados y expuestos a “torturas físicas y psicológicas”, para luego ser arrojados al estero Salado, en Guayaquil. En el relato de Vivar resaltó que para confirmar su muerte y la de Gómez Balda los supuestos policías les habrían disparado una vez sus cuerpos estuvieron en el agua.

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Vivar aparentemente logró sobrevivir porque se cubrió con el cuerpo moribundo de Gómez Balda, logrando nadar hasta la orilla del estero, en el lado del suburbio oeste de Guayaquil.

Al momento de dar lectura del llamado a juicio en este caso, Saquicela explicó que se persigue en este caso una desaparición forzada de personas, pero, aclaró, que para respetar el principio de legalidad sustantiva, se lo adecúa al tipo penal de plagio, contenido en los artículos 188 y 189 del Código Penal vigente al momento de que se cometieron los hechos.

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La esposa de Gómez Balda, Dolores Guerra, fue una de las testigos que intervino en la diligencia mediante su testimonio. Ella contó a la sala que el día de la desaparición, su esposo la llamó para decirle que lo tenían detenido en la Policía Judicial y que lo iban a matar.

Juan Pablo Albán, abogado de Guerra, asegura que lo que ellos buscan es que se le devuelva a su esposo. “Él sigue desaparecido, queremos saber lo que ocurrió con él (Jhonny Gómez Balda) y para ellos es necesario que los propios acusados contribuyan con información. (...) El Estado ecuatoriano debe reconocer su responsabilidad en este hecho de una manera ya definitiva, pues ya hay un reconocimiento parcial a través de la sentencia que condenó a los policías responsables de los asesinatos, pero respecto de los desaparecidos la historia sigue inconclusa”.

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En su alegato de apertura, los abogados de los procesados aseguraron que en esta audiencia de juicio probarán la inocencia de sus clientes. La hipótesis que se maneja desde esta esquina es que no existió plagio o desaparición forzada, sino que todo ocurrió para frustrar un asalto, en el que ellos también resultaron siendo víctimas.

El expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue quien en junio de 2017, como conjuez penal nacional, resolvió llamar a juicio, además de Chila, Salinas, Cevallos y Villacrés, a los también expolicías Fausto Flores, Eduardo González, Segundo Hernández, Darwin Suárez, Samuel Calderón, Darwin Condoy y Luis Cevallos. A los once se los acusa del delito de plagio cometido bajo la modalidad de desaparición forzada de personas, constitutiva de una grave violación a los derechos humanos.

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Saquicela decidió llamar a los once a juicio argumentando que existían suficientes elementos de convicción de que un “grupo ilegítimo” participó en la detención y desaparición forzada de Mata, Vivar y Gómez Balda. En la lista inicial de víctimas estaba Darwin Cañar, pero él no fue nombrado por Saquicela en su resolución, pues la entonces fiscal general subrogante Thania Moreno no lo incluyó como víctima porque no tenía elementos para determinar que Cañar desapareció en la misma operación policial.

En su momento la Fiscalía anunció que presentará en la etapa de juzgamiento 45 testigos y peritos, entre quienes están la esposa, la madre, la conviviente, familiares de las personas que son determinadas como víctimas del plagio, un periodista y un fotógrafo que reportaron lo sucedido desde las afueras de la farmacia. Además la acusación oficial estará fundada en 29 pruebas documentales. (I)