Nuevos incidentes obligaron al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga Yanza a suspender la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso llamado Independencia Judicial, en el que uno de los encausados es Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
El juez de la Sala Penal Julio Inga se vio forzado a suspender la reinstalación de la diligencia hasta mañana (viernes) por reclamos del procesado, Wilman Terán, que denuncia la violación a sus derechos humanos y falta de tutela judicial efectiva porque no le permiten acceder al expediente, ya que él exige ejercer su defensa técnica.
La audiencia se difirió desde el jueves 11 de julio, también por incidentes protagonizados por Terán, que es procesado en este caso por presunta obstrucción a la justicia, en el que se investigan posibles anomalías en la imposición de sanciones y la destitución del ex juez nacional Walter Macías, cuyo fin habría sido apartarlo del conocimiento del caso Vocales, en el que son procesados los exvocales Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, por presunto tráfico de influencias.
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Adicionalmente, Terán es encausado en el caso Metástasis, por lo que está detenido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, y comparecía a través de una plataforma digital.
Este jueves, antes de que se reinstalara la audiencia preparatoria de juicio, el expresidente del CJ insistió en que Inga está violando sus derechos humanos y mostraba con una cámara que se encontraba en una habitación del centro de reclusión, vigilado por agentes de seguridad y sin tener ni teclado para usar la computadora.
Le reclamó que, pese a que Inga dispuso por providencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que lo trasladaran de forma presencial a la Corte Nacional en Quito y que le facilitaran acceso a recursos tecnológicos para conocer el proceso, no se ha cumplido porque no hay la voluntad de verificar si se hizo lo que pidió.
“Tenga la dignidad de excusarse —interpeló Terán—, ya que no está garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y está simulando que efectuando un juicio (sic). Desecho su gentileza y su forma de simular al dotarme de defensores públicos para justificar las violaciones a mis derechos, porque no existe derecho a la defensa. (…) Cuando el juzgador deja de atender derechos, deja de ser capaz de atender una causa. Esto genera afectos y desafectos. Soy su enemigo manifiesto”, manifestó.
Incluso, ingresó un escrito momentos después de la suspensión de la audiencia en el que le pide que se excuse de seguir en el proceso, porque hay indicios de que es su enemigo manifiesto, según el artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep).
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“Claro está que eso siempre va a desear un enemigo capital, un enemigo manifiesto, una persona que no quiere verme ni en pintura, no quiere verme ni tener contacto visual. Ese es el comportamiento del enemigo, cuyas características corresponden a su humanidad”, describió.
En respuesta, durante la audiencia, Inga lo responsabilizó de intentar dilatar la audiencia y evitar que avanzara. No obstante, reconoció que el SNAI no estaría cumpliendo sus disposiciones, como que se trasladara al sospechoso desde la cárcel La Roca hasta Quito para que compareciera y ejerciera su defensa.
Aclaró a Terán que no le “debe a nadie” y que no ha hablado con nadie de su caso, por lo que su actuación es totalmente imparcial.
“Mi actitud ha sido imparcial. No he actuado en contra de la ley. No he sido notificado con una denuncia. Mi actuación ha sido imparcial”, subrayó Inga.
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Esto en referencia a que el procesado lo denunció la semana anterior por incurrir, aparentemente, en una omisión de denuncia considerada como una contravención contra la tutela judicial efectiva, que se basa en que un servidor en función de su cargo que conozca algún hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días.
Adicionalmente, desde el Consejo de la Judicatura, uno de los abogados, Patricio Morales, alertó al juez de que la defensa técnica de uno de los procesados presentó una recusación en su contra.
El magistrado indicó que no ha sido notificado e insistió en que este viernes se reinstalaría la audiencia bajo prevenciones de ley, con lo que ordenó al SNAI que traigan a Terán a Quito.
El abogado defensor del exfuncionario y su padre, Gabriel Terán Guerrero, reclamó también al juez que hay una evidente enemistad manifiesta y que el interés es que “maten” a su defendido en La Roca.
“Eso persigue la Fiscalía y los juzgadores, en este caso usted”, le espetó Terán padre.
De su parte, la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal subrogante, Wilson Toainga, exhortó al juez a rechazar las actuaciones de los procesados y a que ponga en orden las intervenciones.
Terán ratificó su renuncia a defensores públicos, como lo fijó Inga, pues él ejercerá su propia defensa técnica. (I)
