Caso Las Torres: en audiencia reservada la fiscal Diana Salazar deberá fundamentar la cooperación eficaz de Martha Barrezueta y la pena reducida que solicita

Solo hasta el final de la audiencia de juzgamiento del caso Las Torres es que la fiscal general, Diana Salazar, hizo conocer al Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y al resto de sujetos procesales que existía una cooperadora eficaz entre los once acusados por delincuencia organizada, para la cual pedía una pena reducida de tan solo seis meses de privación de la libertad.

Martha Barrezueta era la acusada en calidad de colaboradora y se había acogido a la figura de la cooperación eficaz dispuesta en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La fiscal señalaba que al existir la cooperación y haber brindado información de importancia para el caso se solicitaba que se le imponga la pena reducida en un 90 %, es decir, seis meses.

“Solicito a los integrantes del Tribunal de Juicio día y hora para que se realice una audiencia reservada en la que se expondrá el contenido de la cooperación eficaz y el efectivo cumplimiento de la pena. La Fiscalía cumple”, aseguraba Salazar, antes de pedir que por la cooperación no se la incluya en el pago de una reparación integral de $ 4 millones, dinero que debe ser cancelado de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción.

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Martha Barrezueta García es esposa de Roberto Barrera, empresario inmobiliario quien junto con el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre fueron, a mediados de 2019, detenidos y condenados en Estados Unidos por participar en una red de corrupción que operó, entre el 2018 y 2019, en la estatal petrolera ecuatoriana.

En su momento, la Fiscalía aseguró que Martha Barrezueta no solo tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas de su cónyuge y demás miembros de la estructura, sino que participaba también recibiendo dinero y entregando a otros miembros y en parte se disponía del dinero que era ilícitamente obtenido por la organización.

Barrezueta supuestamente recibió $ 40.000 de De la Torre en efectivo, dinero que dijo entregó personalmente al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, identificado por la Fiscalía como uno de los dos líderes de la “organización delictiva”, junto con el excontralor Pablo Celi.

La fiscal Salazar pidió al Tribunal que sentencie a Celi y Flores a la pena máxima que da el delito de delincuencia organizada más el incremento de la pena que da la agravante de haber cometido el ilícito siendo funcionarios públicos, es decir, un total de trece años y cuatro meses de cárcel.

Barrezueta hizo uso de su derecho de última palabra en la parte final del enjuiciamiento en el caso Las Torres. Dijo que era inocente de lo que se la acusaba y argumentó que no ha sido consciente de que el dinero que le fue entregado por Raúl De la Torre “provenía de coimas”.

“Lo que sí puedo ratificar una vez más es que le entregué el dinero que De la Torre me entregó al señor Pablo Flores. No acepto que me digan mentirosa. (...) He sido en este caso vinculada por un daño colateral a causa de la relación que tenía mi esposo (Roberto Barrera) con el señor Raúl De la Torre como con Pablo Flores y nada tengo que ver al respecto”, apuntó.

A más de pagar su parte de los $ 4 millones establecidos, la fiscal general pidió que a Pablo Celi y su hermano Esteban, también acusado en Las Torres, se les imponga el pago de $ 500.000, valor que habría sido entregado a los hermanos por la empresa Nolimit C. A. por concepto de desvanecimiento de glosas.

En cambio, para el exgerente Flores, Diana Salazar le solicitó al Tribunal que imponga, a más de los valores ya establecidos, pague la cantidad de $ 336.000 por la entrega de dineros de la empresa Nolimit por concepto del pago de planillas menores. La fiscal anotó que esta cantidad incluía los $ 40.000 entregados a través de la procesada Martha Barrezueta.

La defensa de Flores, Pablo Encalada, ha rechazado la versión que habla de una supuesta entrega de dinero, debido a que no hay nada que respalde esa aseveración. Más bien, ha dicho, existen sobrados elementos que comprueban que De la Torre y Barrera se juntaron para cometer actos de corrupción en 19 entidades públicas, al tomarse el nombre de autoridades, como fue el caso del exgerente Flores.

Al hacer uso de derecho de última palabra, Pablo Flores señaló que en la audiencia de juicio la Fiscalía no ha podido presentar una sola prueba que confirme el acuerdo de voluntades entre los supuestos líderes de una organización que, insistió, no existe. Mencionó que hay discrepancias en las versiones de Barrera y Barrezueta, por lo que les pidió a los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, todos de la CNJ, que revisen y comparen antes de decidir.

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“La fiscal (Diana Salazar) refirió que yo recibí el 5 % de las facturas pequeñas, luego dijo que recibí el 3 %, luego el 2,5 %. Yo no sé de qué mismo debo defenderme, pues la propia fiscal no se pone de acuerdo”, expresó el exgerente de Petroecuador.

Para Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, la fiscal Salazar solicitó la pena máxima determinada en el segundo inciso del artículo 369 del COIP, esto es siete años de cárcel, al haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada.

También solicitó la Fiscalía que se tome en cuenta la agravante determinada en el numeral 19 del artículo 47 del COIP a los procesados Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, pues debido a las pruebas documentales se demostró que tenían la calidad de servidores públicos. Ante ello, para ambos se pidió la pena de 9 años de prisión.

En lo que tiene que ver con la multa, la Fiscalía pidió para los líderes de la organización que se defina el pago de 40 salarios básicos unificados (SBU) ($ 17.000), mientras que para los colaboradores, 20 SBU ($ 8.500). Para Barrezueta se pidió la cancelación de 2 SBU ($ 850) como multa.

Desde la noche del 8 de diciembre último, los jueces Macías, Rojas y Espinosa ingresaron en fase de deliberación en el caso Las Torres. Los magistrados decidieron suspender la diligencia luego de escuchar en 44 días de audiencia de juzgamiento las pruebas presentadas por la Fiscalía, Procuraduría, Petroecuador y las defensas de once personas acusadas del delito de delincuencia organizada.

Aún no se conoce una fecha en la que podría darse la audiencia reservada en la cual la fiscal Salazar deberá fundamentar en qué consiste y cuáles fueron los alcances de la cooperación eficaz de la procesada Barrezueta. (I)