Caso Liga2: desde México Yadira Saltos busca que por un tema médico se le justifique incumplimiento de la medida de presentación periódica

La exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y procesada en el caso Liga2 Yadira Saltos busca desde México que se le justifique por temas médicos su inasistencia a la primera presentación periódica que se le dispuso para el 31 de marzo dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de asociación ilícita.Desde el 15 de marzo pasado, Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, todos hoy exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados con la Liga Azul, cercana al correísmo, y la actual consejera Nicole Bonifaz mantienen una instrucción fiscal abierta por supuestamente ser parte de la planificación de una estrategia para controlar instituciones del Estado para beneficiar al movimiento político de la Revolución Ciudadana (RC), mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instancias.“El 4 de marzo de 2025, antes de ser procesada, realicé un viaje por motivos médicos. Como siempre ha sido y será mi intención cumplir y colaborar con la justicia, era mi aspiración retornar al país antes de que se cumpla la fecha de mi presentación periódica. Por este motivo, durante el tiempo que he permanecido fuera del Ecuador he estado realizando fisioterapia y tratamiento conservador en busca de una mejora que me permita viajar lo más pronto posible. Lastimosamente, el diagnóstico al que ha llegado el especialista no es favorable. Inclusive, existe la posibilidad de tener que realizar una intervención quirúrgica. Por lo tanto, me ha prohibido realizar viajes largos o fuerzas físicas innecesarias”, explica Saltos en un escrito ingresado al expediente de Liga2 los primeros días de abril.Los cuatro procesados en Liga2 debían cumplir el 31 de marzo pasado su primera presentación periódica ordenada como parte de un paquete de medidas cautelares que incluyó la prohibición de salida del país y la retención de fondos en cuentas bancarias de cada uno de los investigados por la cantidad de $ 5.640.Nicole Bonifaz fue la primera de las acusadas de ser autoras directas del delito de asociación ilícita que se presentó ante la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, para cumplir con la disposición judicial. Luego lo hizo Franco Loor, quien viajó desde Guayaquil hasta la capital para firmar su asistencia en el expediente.De Verduga y Saltos no se conoce oficialmente que hayan cumplido las medidas dispuestas. Esta situación originó que incluso la fiscal general, Diana Salazar, solicite a la secretaría de la Sala Penal de la CNJ que certifique si los cuatro procesados cumplieron o no las medidas definidas.De confirmarse que no las han cumplido, la Fiscalía tiene la potestad de solicitar a la jueza del caso, Daniella Camacho, que dé paso a una audiencia para revisar las medidas de él o de los procesados que incumplieron. La orden de prisión preventiva aparecería como la única alternativa para quienes no cumplieron su presentación periódica.Hasta el momento formalmente se conocía que Verduga y Saltos salieron del país hacia Colombia. El primero lo hizo el 27 de enero pasado por vía terrestre por la frontera ecuatoriana de Rumichaca hacia Pasto, en Colombia; mientras que Saltos viajó en avión hasta Bogotá, el 4 de marzo último. De ambos se tenía la presunción de que habrían viajado hacia México, país en el que se encuentran varios correístas, bajo diversas figuras como asilo, que son procesados penalmente en Ecuador.La solicitud de Saltos estuvo acompañada del informe de un médico, cirujano, traumatólogo y ortopedista mexicano ubicado en la Colonia Polanco, de la Ciudad de México (México). El profesional certifica que Saltos, de 48 años, acudió a su servicio por presentar dolor en “columna cervical irradiando la zona dorso-lumbar severo” y aclara que no puede realizar actividades físicas, cargar objetos pesados ni realizar viajes largos hasta nueva orden. “Debe estar en reposo”, resalta.Antes de que la jueza Camacho decida lo que corresponda, el pedido y los documentos de respaldo entregados por la defensa de Saltos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General para que se pronuncie. Varias observaciones hizo el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, respecto de los certificados médicos otorgados en la “Ciudad de México, de los Estados Unidos Mexicanos”.Por ejemplo, se dijo que no se ha cumplido el que la documentación, cuando se otorga en un país extranjero, sea autentificada o certificada a través de agente diplomático consular del Ecuador residente en el Estado otorgante y con la respectiva apostilla en caso de ser país suscriptor de la Convención de La Haya, o que al tratarse de documentos con los que se pretende acreditar una determinada condición médica y para que se tenga eficacia probatoria deben ser presentados en originales o en copias debidamente certificadas.Adicionalmente, se sostuvo desde la Fiscalía, las certificaciones médicas deben ser avaladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o por el Ministerio de Salud Pública (MSP), garantía que tampoco se observaría dentro de la documentación entregada.“Se aprecia que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada, pues la documentación que la respalda no cumple con las solemnidades sustanciales ordenadas en la norma, lo que incide en la eficacia de los documentos y no permiten acreditar su veracidad y autenticidad, por tanto, deben ser rechazados. Al no estar debidamente justificado el incumplimiento de la medida cautelar dictada en contra de la procesada en audiencia (...), solicito que a través de la secretaría se emita la certificación correspondiente”, indicó Toainga. (I)

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