A un mes de que se cierren los 90 días de instrucción fiscal en el caso Liga2, la Fiscalía convoca para este jueves 15 y viernes 16 de mayo a rendir versión a la fiscal Mayra Soria, a cinco agentes policiales y a los periodistas del medio digital La Posta Andersson Boscán y Mónica Velásquez. El llamado a versionar se da por pedido de Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana y uno de los cuatro procesados por el delito de asociación ilícita.
Desde el 15 de marzo pasado, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, hoy exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, y la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz son procesados por el delito de asociación ilícita.
Todos son acusados por la Fiscalía de planificar desde el CPCCS una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
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La Fiscalía basa su acusación, entre otros elementos, en la información obtenida de los dos teléfonos celulares que le fueron incautados a Augusto Verduga durante el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero.
Justamente en esa línea, el exconsejero Verduga, quien ejerce su propia defensa dentro del proceso penal desde México, país que le entregó la condición de refugiado político, solicitó a la fiscal general, Diana Salazar, que convoque a rendir versión a la fiscal Mayra Soria, funcionaria que intervino en el allanamiento al CPCCS en enero pasado, en el que se incautaron equipos y documentos de Verduga, entre ellos los dos celulares que estaban en poder del entonces consejero.
Soria, fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional, fue convocada para las 14:00 de este jueves, 15 de mayo. Para ese mismo día también se llamó a rendir versión a los funcionarios policiales Diego Cagñay (15:00), Jhon Espinoza (16:00), Héctor Totoy (17:00), Alexander Sánchez (18:00) y Luis Guanolioza (19:00), todos agentes que habrían intervenido el 24 de enero pasado al allanamiento en el despacho de Verduga en el CPCCS.
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En cambio, para este viernes, 16 de mayo, la Fiscalía busca conocer la información que tengan sobre el caso investigado los periodistas del medio digital La Posta Andersson Boscán y Mónica Velásquez. Boscán es convocado a rendir versión de forma presencial en el edificio principal de la Fiscalía, en Quito, y en compañía de su abogado a las 08:30; mientras que Velásquez lo deberá hacer de la misma forma a las 09:30.
Según Salazar y Camacho, el hecho de que ya no ocupe un cargo público implica que el riesgo contra mi vida ha desaparecido. 🤦🏽 Sin embargo, esta afirmación ignora la existencia de un documento expedido por la propia Policía Nacional -con una antigüedad de menos de cuatro meses-…
— Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) May 7, 2025
Es público que Boscán, su pareja, Mónica Velásquez, y sus hijos en septiembre de 2024 viajaron a Canadá, país que les brindó asilo ante supuestas amenazas y el alto nivel de inseguridad que mantenían en Ecuador por los trabajos periodísticos en los que habrían hecho denuncias de corrupción contra poderes económicos, políticos y relacionados con el crimen organizado.
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El fundamento entregado por Verduga para solicitar las versiones de Boscán y Velásquez radica en que La Posta difundió información de interés público, sustentada aparentemente en documentos policiales filtrados, que revelarían que los dispositivos electrónicos personales incautados al entonces consejero no habrían sido puestos inmediatamente bajo la custodia de la Fiscalía, sino que habrían sido inicialmente retenidos por funcionarios de la Presidencia de la República, fuera de los canales institucionales legalmente establecidos para el tratamiento de evidencia digital.
“Según expusieron los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velázquez, dicha irregularidad no se trataría de un hecho aislado o fortuito, sino de una actuación deliberada presuntamente amparada por autoridades del Ejecutivo, lo que, en caso de comprobarse, configuraría una grave vulneración a la cadena de custodia. Esta denuncia reviste una especial gravedad jurídica, ya que la inobservancia de las formalidades establecidas para la recolección y manejo de evidencia digital compromete seriamente la autenticidad, integridad y validez procesal de dicha prueba”, sostuvo Verduga.
Sobre el integrante de la entonces Liga Azul pesa una orden de prisión preventiva y el pedido a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se emita una notificación roja en su contra. El incumplimiento de la presentación periódica le significó que la Fiscalía pida que se revise la medida cautelar impuesta, se la cambie por la prisión preventiva y se garantice su presencia en el procesamiento y el cumplimiento de una posible condena.
Augusto no solo busca que Boscán y Velázquez expongan en versión los elementos documentales y testimoniales que dieron sustento a sus afirmaciones respecto a una presunta intervención de la Presidencia de la República en la custodia inicial de sus dispositivos electrónicos, así como sobre la posible ruptura institucional de la cadena de custodia, sino que también requirió que la Fiscalía llame a rendir versión a otros seis periodistas para que informen cómo obtuvieron los archivos de audio que han difundido públicamente, quién se los entregó, en qué circunstancias y con qué justificación legal, así como el destino posterior que dieron a esa información.
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Este pedido en el impulso fiscal n.º 29 no fue tomado en cuenta por la Fiscalía, instancia que explicó que si Augusto Verduga tiene alegaciones relacionadas con la posible comisión de infracciones, él puede ejercer las acciones legales que correspondan.
Sin embargo, aclaró la Fiscalía, a partir del 15 de marzo pasado, fecha en la que tuvo lugar la audiencia de formulación de cargos, que da inicio al proceso penal contra todos los procesados, tanto las diligencias jurisdiccionales y los expedientes judicial y fiscal son públicos e inclusive, con el fin de garantizar el acceso inmediato, permanente y gratuito, el expediente procesal digitalizado de Fiscalía se encuentra en el repositorio digital, al que se puede acceder a través de un link que ha sido puesto en consideración desde el primer día de la instrucción fiscal. (I)
