Caso Liga2: ‘conflicto de competencia’ en la Corte Nacional frena momentáneamente avance del proceso penal contra Augusto Verduga y otros

El juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, será quien analice el “conflicto de competencia” existente entre los también magistrados penales Marco Aguirre y Daniella Camacho, situación que momentáneamente ha frenado la tramitación del caso Liga 2.

El tema fue puesto a consideración de la presidencia de la CNJ y, el martes último, fue el pleno del organismo el que resolvió, por sorteo, que Córdova sea el magistrado que analizará el posible conflicto y en el término máximo de diez deberá presentar un informe con su propuesta para el conocimiento y aprobación del pleno.

El “conflicto de competencias negativo” nacería en que el conjuez Aguirre se ha inhibido de seguir conociendo la causa. Él fue quien dirigió, el 15 de marzo pasado, la audiencia de formulación de cargos contra los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionados con el correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor y la actual consejera del CPCCS Nicole Bonifaz, a quienes la Fiscalía acusa de ser autores directos del delito de asociación ilícita.

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El conjuez fue quien dio inicio a la instrucción fiscal de 90 días en el caso Liga2 y dispuso para los cuatro procesados las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Lo hizo, pues, al día de la diligencia, señala el conjuez en un escrito del 1 de abril pasado. Él estuvo a cargo del despacho de la jueza nacional Daniella Camacho. Ese encargo habría concluido el 19 de marzo siguiente, por lo que Camacho, a decir de Aguirre, debe retomar el conocimiento de la causa para la que fue sorteada en enero de 2025.

Desde el lado de Camacho, la fundamentación sería contraria, indicando que debe ser el conjuez Marco Aguirre quien debe continuar sustanciando el caso Liga2.

“El 1 de abril de 2025 se ha puesto en conocimiento de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el conflicto de competencias negativas dentro de la presente causa, para lo cual le corresponde a la CNJ resolver el conflicto de competencias observando el trámite previsto en el artículo 14 del Código Orgánico General de Procesos”, explicó Aguirre en un escrito ingresado en el expediente del caso Liga2 el pasado 1 de abril.

Este conflicto de competencias ha generado que por el momento no tenga un juez sustanciador que dé paso a las solicitudes que realiza la Fiscalía como parte de su tarea investigativa. Por ejemplo, el 1 de abril pasado, la fiscal general, Diana Salazar, presentó un escrito en el que resalta la falta de despacho a los oficios y escritos ingresados por la Fiscalía dentro de la causa de Liga2, por lo que por segunda ocasión “insistió y solicitó” la atención oportuna y urgente de todas las peticiones realizadas.

Especialmente, señala Salazar, las peticiones relacionadas con las autorizaciones judiciales para la preservación de 134 hipervínculos de redes sociales y la autorización judicial para poder realizar el peritaje forense al celular retenido en territorio estadounidense al exconsejero e integrante de la llamada Liga Azul Eduardo Franco Loor y entregado por el Gobierno de Estados Unidos a la justicia ecuatoriana.

“La respuesta célere y oportuna por parte del órgano jurisdiccional garantiza el debido proceso y del derecho a la defensa de todos los sujetos procesales; sin embargo, la falta de esta respuesta afecta gravemente la eficiencia de la administración de justicia; y en definitiva retrasa el avance de la investigación, perjuicio irreversible al considerar que nos encontramos en una etapa procesal sujeta a plazos definidos que no se detienen y que deben respetarse. Por ser legal mi pedido, dígnese proveer conforme solicito”, anotó en su escrito la fiscal Diana Salazar.

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Una vez ya se completaron los primeros quince días dados por el conjuez Aguirre para que los procesados cumplan su primera presentación periódica, con la finalidad de constatar el cumplimiento de las medidas no privativas de la libertad dispuestas el 15 de marzo último, la Fiscalía solicitó que a través de secretaría de la Sala Penal de la CNJ se certifique si los cuatro procesados cumplieron su medida de presentación en la CNJ.

De lo que se conoce, solo Nicole Bonifaz y Eduardo Fanco Loor cumplieron con la disposición judicial de presentación el pasado lunes, 31 de marzo. En cuanto a Augusto Verduga y Yadira Saltos, de ambos las autoridades tendrían la constancia de que salieron hacia Colombia antes de la formulación de cargos, el primero a finales del pasado enero y la segunda el 4 de marzo último.

El incumplimiento de la presentación periódica impuesta contra Saltos y Verduga abriría la puerta para que la Fiscalía General solicite una audiencia para que se revise la medida cautelar definida en la formulación de cargos. De persistir este tema de conflicto de competencias, una futura audiencia de revisión para analizar el incumplimiento podría verse afectada al no tener un juez que defina una audiencia, la realice y adopte una decisión.

Según Fiscalía, información existente en el expediente revelaría la “planificación” y “estrategias delictivas” puestas en marcha desde el CPCCS para hacerse del control de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. La acusación se basa en buena parte en el informe de los chats obtenidos en los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación, el pasado 24 de enero, ingresados en cadena de custodia y periciados.

Los entonces consejeros de la Liga Azul destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, en enero pasado, Verduga, Franco Loor y Saltos, habrían utilizado seudónimos en tres chats grupales: Buró 2.0, Apoyándose y Jiujitsu, en las aplicaciones de mensajería Wire, WhatsApp, Signal y Telegram, para ocultar su identidad. Por ejemplo, Augusto Verduga mantenía el usuario MonicaErtl; Eduardo Franco Loor, El Justiciero; y Yadira Saltos se comunicaba bajo el usuario de Minerva. (I)