Caso Liga2: incumplimiento de presentación periódica abre la puerta a que la Fiscalía pida que se cambie la medida por una orden de prisión preventiva

El incumplimiento de la presentación periódica cada quince días impuesta contra Yadira Saltos y Augusto Verduga, procesados en el caso Liga2 y exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por parte del conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), abre la puerta para que la Fiscalía General solicite una audiencia para que se revise la medida cautelar definida en audiencia el 15 de marzo pasado.

Este lunes, 31 de marzo, los cuatro procesados en Liga2 por el delito de asociación ilícita —Verduga, Saltos, el también exconsejero Eduardo Franco Loor y la aún integrante del CPCCS Nicole Bonifaz— debían cumplir su primera presentación periódica ordenada para cada uno como parte de un paquete de medidas cautelares que incluyó la prohibición de salida del país y la retención de fondos en cuentas bancarias de cada uno de los investigados por la cantidad de $ 5.640.

Caso Liga2: Nicole Bonifaz y Eduardo Franco cumplen su primera presentación periódica, mientras que Augusto Verduga y Yadira Saltos están fuera del país

Saltos fue la primera de las acusadas de ser autoras directas del delito de asociación ilícita que se presentó ante la secretaría de la Sala Penal de la CNJ, en Quito, para cumplir con la disposición judicial. Casi una hora después lo hizo Franco Loor, quien viajó desde Guayaquil hasta la capital para firmar su asistencia en el expediente de Liga2.

A Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, dos días antes de la formulación de cargos en Liga2 no se le permitió ingresar a Estados Unidos y desde el aeropuerto de Nueva York fue retornado a Guayaquil. Ahí intentó tomar otro vuelo para ir hasta Colombia, pero autoridades de la justicia ecuatoriana lo retuvieron y más tarde se emitió la orden de detención para que asista a la diligencia de formulación de cargos convocada en la Corte Nacional para la tarde del 15 de marzo pasado.

La posibilidad de que Verduga o Saltos incumplan su presentación periódica de forma física este lunes, 31 de marzo, es casi evidente. De los dos se tiene información de haber salido del país hacia Colombia: Augusto Verduga lo hizo el 27 de enero pasado, vía terrestre, por la frontera ecuatoriana de Rumichaca hacia Pasto, en Colombia; mientras que Saltos viajó el 4 de marzo último en avión hasta Bogotá.

Aunque se tiene la certeza de que los viajes de Verduga y Saltos llegaron hasta Colombia, se analiza la posibilidad de que ambos procesados en Liga2 fueron a un tercer país, que podría ser Venezuela o México, donde han sido reconocidos como asilados o refugiados personajes de la Revolución Ciudadana como el exasambleísta Ronny Aleaga, llamado a juicio en el caso Metástasis; María de los Ángeles Duarte, sentenciada a ocho años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016; o Walter Solís, sentenciado en los casos Sobornos y Senagua y procesado en el caso Reconstrucción de Manabí.

El abogado de Verduga, Vladimir Porojnia, pidió en la audiencia de formulación de cargos que se le permita a su cliente cumplir la medida de presentación periódica en la delegación diplomática de Ecuador del país en el que se encontraba, sin dar a conocer el lugar al que se refería. El día de la diligencia, Porojnia ya tenía claro de que por el incumplimiento de la medida ordenada, en cualquier caso, “el efecto jurídico y la consecuencia ineludible es que se dicte la prisión preventiva”.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en sus artículos 519, 520 y 521 habla de la finalidad, las reglas generales, las modalidades y sobre la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección. En lo que respecta a la finalidad, explica que el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en el COIP para, entre otros aspectos, garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral, evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción y garantizar la reparación integral a las víctimas.

Ya en lo referente a la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar, el artículo 521 del COIP señala que cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados, el fiscal, el defensor público o privado, de considerarlo pertinente, solicitará al juzgador la sustitución de las medidas cautelares por otras.

Ya sea la fiscal general, Diana Salazar, o el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, deberá solicitar a la Sala Penal que confirme el incumplimiento de la medida cautelar antes de hacer la solicitud formal a la jueza Daniela Camacho, magistrada nacional que está a cargo del caso Liga2.

Durante la formulación de cargos, el fiscal Toainga aseguró que los tres exconsejeros de la denominada Liga Azul, vinculados al correísmo, y Bonifaz planificaron una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento político de la Revolución Ciudadana mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.

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La acusación de la Fiscalía se basa en el informe de los chats obtenidos en los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero, ingresados en cadena de custodia y periciados. También se tendría datos de análisis de informática forense realizados a computadoras incautadas, versiones de los denunciantes, documentos, actas y resoluciones del pleno del CPCCS.

Los entonces consejeros de la Liga Azul destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, en enero pasado, habrían utilizado pseudónimos en tres chats grupales: Buró 2.0, Apoyándose y Jiujitsu, en las aplicaciones de mensajería Wire, WhatsApp, Signal y Telegram para ocultar su identidad.

Según la Fiscalía, en esos grupos se encontró información de la planificación estratégica para designar autoridades, presentar carpetas, solicitar cargos, conversar con políticos y asambleístas. Los procesados habrían mantenido diálogos no usando sus nombres sino pseudónimos. Por ejemplo, Augusto Verduga utilizaba el usuario MónicaErtl, Eduardo Franco Loor estaba como El Justiciero y Yadira Saltos se comunicaba bajo el usuario Minerva. (I)