Con el voto dirimente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó el pedido de juicio político que planteó la bancada gobiernista, Acción Democrática Nacional (ADN), en contra de Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de otros tres exvocales procesados por asociación ilícita en el caso Liga2.
En una sesión del CAL del domingo, 30 de marzo de 2025, se conoció el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que verificó el cumplimiento de requisitos de la solicitud de enjuiciamiento político y había recomendado no dar paso porque no completaba el número de firmas de los legisladores.
De acuerdo con el informe técnico, la solicitud se presentó con 32 firmas y no con 35, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que las tres restantes no habrían podido ser verificadas, por lo que se recomendó no aprobarlo.
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Sin embargo, ADN habría enviado, ese mismo domingo, un alcance con las tres rúbricas faltantes, pero no logró los votos.
Las asambleístas Alexandra Castillo (antes de Construye) y de la Revolución Ciudadana (RC) Esther Cuesta y Viviana Veloz, que dirimió, se abstuvieron y bloquearon el proceso.
Jorge Acaiturri (PSC), Eckenner Recalde y Diego Matovelle, estos dos del oficialismo, estuvieron a favor. El asambleísta Otto Vera no había participado en la reunión.
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El legislador Acaiturri criticó que, pese a que se completaron las firmas, la mayoría se opuso a aprobar el pedido, y más aún cuando la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, dio paso a la aprobación de la moción del asambleísta Matovelle para que se votara por el pedido de interpelación.
El secretario de la Función, Alejandro Muñoz, detalló este martes que el CAL decidió acoger la recomendación de la UTL para que no se apruebe porque no cumplía el requisito de las 35 firmas de respaldo, y “ese es un requisito sine qua non (sin el cual no), por lo que el juicio no cumplió con los requisitos sustanciales para la tramitación”.
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“El proceso quedó archivado y puede volver a presentarse observando los requisitos”, añadió el servidor legislativo.
La asambleísta Alexandra Castillo justificó que su abstención se debió a que no se cumplió con el requisito y, si bien se “subsanó” con el envío de un alcance, se lo había hecho cuando se inició la sesión del CAL.
“Entonces, no hay un informe ni validación de la Unidad Técnica Legislativa y yo sigo la postura de: si no hay un informe completo, no hay una validación completa, en este caso de las firmas, ¿por qué debo votar a favor?”, increpó.
Aclaró que su voto no fue a favor de nadie; por eso, se abstuvo porque, de haberlo aprobado, podrían incurrir en irregularidades.
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La iniciativa de ADN se dio a raíz de la investigación de la Fiscalía General del Estado a Nicole Bonifaz López, vocal en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tres exconsejeros —destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)—, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivera, por la aparente comisión del delito de asociación ilícita.
Los cuatro impulsaron una resolución el 22 de enero de 2025 con la que pretendieron “ratificar” a Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos en lugar de Roberto Romero von Buchwald, este último electo por el CPCCS en diciembre de 2024. (I)
