Resueltos doce procedimientos abreviados con sentencias de entre 40 meses y 15 meses de prisión y sobreseídos tres procesados a quienes no se les encontró responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Manuel Cabrera, convoca audiencia de evaluación y preparatoria de juicio las restantes 37 personas investigadas dentro del caso Metástasis.
La fecha definida para esta diligencia en la que, entre otras cosas, se conocerá el dictamen acusatorio que mantiene la Fiscalía General es el próximo lunes 12 de agosto en el octavo piso de la Corte Nacional, al norte de Quito. A mediados de diciembre de 2023 este caso arrancó con la formulación de cargos contra 16 sospechosos, entre ellos Wilman Terán, a ese momento presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
Luego de dos vinculaciones, la instrucción fiscal llegó a los 120 días y completó los 52 investigados por una delincuencia organizada que giró en torno a una “empresa criminal” liderada por el asesinado narcotraficante Leandro Norero. La estructura conformada por una cúpula y colaboradores, a decir de la Fiscalía, tenía el objetivo de conseguir fallos judiciales, obtener beneficios penitenciarios y tener información privilegiada de jueces, fiscales, policía y peritos en casos en los que estaban siendo procesados Norero, varios de sus familiares y cercanos a alias El Patrón.
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La excomunicadora institucional de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, y el empresario Daniel Salcedo Bonilla son parte de la lista de doce procesados que recibieron una pena reducida al acogerse a la figura de procedimiento abreviado. Todos recibieron 40 meses de cárcel, pero en tres casos, uno de ellos relacionado con Salazar, la pena bajó aún más, a quince meses de prisión, pues se hizo efectiva la cooperación eficaz que brindaron a la justicia en el caso Metástasis y otros más.
En la lista de personas que esperan la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva están al menos cuatro procesados a los que la Fiscalía les ubica en la cúpula de la “organización criminal”: Fabián Yilmar C. B., alias Yanqui; Christian Giovanni R. M., alias Globalpax; Javier Edmundo J. M. y Javier Alexander N. A., alias Novita o Novi.
Según la Fiscalía, en esta causa, como en todo grupo criminal organizado, los líderes no podían realizar todas las acciones y para ejecutar lo planificado requieren de operadores, de la intervención de colaboradores que faciliten la ejecución de los actos direccionados por esta “cabeza criminal” desde aristas como la función pública y privada.
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En el nivel de colaboradores quedarían, según la teoría del caso, el exasambleísta de la Revolucion Ciudadana, Ronny Aleaga, alias El Ruso; el expresidente del CJ y exjuez de la CNJ, Wilman Terán, conocido con el alias de El Diablo en esta causa; seis jueces y exjueces: Ronald Xavier G. C., alias La Momia; Johann Gustavo M. M., alias Puma, Glenda Elizabeth O. M., Santiago Paul Z. S., José Luis S. D. y Carlos Alfredo Z. N., alias El Presi, quien fue presidente de la Corte de Manabí.
También María José A. C., agente fiscal Fedoti de Samborondón (Guayas); John Fernando C. F., agente fiscal Fedoti y en su momento fiscal asignado a la unidad de delincuencia organizada del Guayaquil; Victor Hugo A. B., alias Pillo Buena Gente, exfuncionario de la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas; y María Yanina V., exfiscal provincial del Guayas.
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Por otra parte, además de los cuatro policías ya condenados por procedimiento abreviado, como autores materiales en el nivel de colaboración de la estructura del narcotraficante otros seis agentes policiales: el cabo segundo Eddin Alexander I. C.; Ángel Danilo L. P., agente investigador de la Dinased; el mayor Armando Heriberto R. T., el cabo primero Fernando Andrés G. A., la oficial de la Dirección de Lavado de Activos (Dilat), Doris Soraya O. y el expolicía Ángel Eduardo L.
Además, los abogados en libre ejercicio Armando Vicente F. I., Kevin Alexander P. V., Sofía Natalia G. M., César Manuela A. y Romel David T. se suman a la lista de colaboradores; así como cinco personas particulares: Braulio Gabriel M. O., alias Rayo; Jairo Marcel Adrián L. alias El Joyero quien fungió como operador económico de la cúpula y planificó fraudes procesales; Eduardo Alejandro R., quien colaboró en los procesos de financiamiento que la cúpula requería; Elio Ernesto A.,quien se benefició de los recursos de la organización criminal; y Fernando V. M.
El número de 37 procesados que restan por llegar a la etapa preparatoria de juicio se completa con los funcionarios del sistema penitenciario Pablo Ramírez, general retirado de la Policía y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y los guías penitenciarios Carlos Xavier M. y Katherine PIlar G.; y finalmente con las exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles Myrian Alejandra D. y la colombiana Claudia Milena G.
Por la cantidad de procesados y acusadores particulares (Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura) se espera que la diligencia dure varios días. La audiencia deberá iniciar por la presentación de nulidades que puedan afectar la validez procesal. De considerar el magistrado nacional que todo está en orden, declarará la validez de todo lo actuado y dará paso al dictamen fiscal, que incluirá el anuncio probatorio con que la Fiscalía actuará de ser el caso que llame a juicio a los 37 acusados.
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Quienes sean procesados en calidad de autores del delito delincuencia organizada se exponen a penas de entre siete y diez años de cárcel, mientras que quienes sean juzgados como cómplices a penas de cincoasiete añosde prisión. (I)
