Luego de dos días de diligencia y casi dos horas de exposición del fiscal general subrogante Wilson Toainga, en las que contradijo los vicios de nulidad planteados por las 37 defensas de los procesados en el caso Metástasis, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Manuel Cabrera, suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio e ingresó a deliberar los argumentos escuchados.

En manos de Cabrera está la decisión de continuar a la segunda fase de esta diligencia al declarar la validez procesal o definir que existen nulidades que afectan todo lo actuado dentro del proceso y es necesario se vuelva a algún punto anterior en el que se estableció la nulidad. Dos días se tomaron las defensas de los 37 procesados, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, instancia que actúa en esta causa como acusadora particular en nombre del Estado.

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En la parte final de esta primera parte de la audiencia intervinieron el fiscal Toainga y la representante de la Procuraduría para solicitar que se desechen los argumentos expuestos por los investigados para sustentar que existen vicios de nulidad y declare la validez de todo lo actuado. Desde ambas instancias se le aseguró al conjuez nacional que se han cumplido todas las normas legales y se han respetado todos los derechos de los sujetos procesales investigados.

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Ante la alegación transversal hecha por una buena parte de las defensas respecto que el conjuez Cabrera carece de competencia en este caso, debido a que emitió sentencias en doce procedimientos abreviados, en los que existió un adelanto de criterio del magistrado en cuanto al fondo de la causa, Toainga aclaró que el juez ni ha adelantado un criterio ni ha perdido competencia por ejercer las atribuciones que le confieren las leyes en este tipo de procedimientos especiales.

Por otra parte, el fiscal general subrogante pidió que se desechen los argumentos expuestos por los abogados de procesados, ya que no se ha vulnerado derecho alguno, se ha respetado cada una de las normas establecidas en lo que tiene que ver con el debido proceso, el derecho a la defensa, el acceso al expediente.

En esta causa la Fiscalía investiga una “empresa criminal” que estuvo liderada por el asesinado narcotraficante Leandro Norero. La misma habría estado conformada por una cúpula y colaboradores, los cuales, en conjunto, tenían el objetivo de conseguir fallos judiciales, obtener beneficios penitenciarios y tener información privilegiada de jueces, fiscales, policías y peritos en casos en los que estaban siendo procesados Norero, varios de sus familiares y cercanos a su organización criminal.

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Cuatro procesados son ubicados por la Fiscalía como parte de la cúpula de la “organización criminal”: Fabián Yilmar C. B., alias Yanqui; Christian Giovanni R. M., alias Globalpax; Javier Edmundo J. M. y Javier Alexander N. A., alias Novita o Novi. Las restantes 33 personas sospechosas son ubicadas como colaboradores de la organización, entre ellos, el expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la CNJ Wilman Terán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga; así como jueces y exjueces provinciales, agentes policiales, funcionarios judiciales, exfiscales, servidores penitenciarios, abogados en libre ejercicio y dos exintegrantes del Comité de Pacificación de las Cárceles.

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“Reitero se declare la validez procesal, rechazando los argumentos, pues cumple con los principios que exige el derecho procesal como son el principio de especificidad, legalidad, trascendencia y convalidación suficientemente explicados. Es necesario que se declare la validez procesal y se continúe con la siguiente fase de la audiencia preparatoria de juicio”, refirió en la parte final de su exposición Toainga.

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Si la decisión del conjuez es declarar la validez procesal, inmediatamente se pasará a la segunda fase de la diligencia, es decir, a la etapa preparatoria de juicio, cuyo centro es el dictamen acusatorio de la Fiscalía y el anuncio probatorio que haga la institución para enfrentar un posible juzgamiento ante un Tribunal de la Corte nacional.

Revisada la agenda de la Corte Nacional de Justicia, el conjuez convocó para la primera semana de septiembre para reinstalar la diligencia en la que dará a conocer su resolución oral. No determinó un día específico, tomando en cuenta la gran cantidad de información que debe analizar y otras diligencias ya definidas, pero sí dejó claro que la fecha estaría dentro de esa primera semana del mes de septiembre próximo. (I)