Estos son los hechos ‘trascendentales’ relatados por Mayra Salazar en su cooperación eficaz, que le valieron una pena reducida de quince meses de cárcel

El haber suministrado información “precisa, verídica y comprobable” para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de la causa principal, el caso Metástasis, y para otro que se desprende de esa causa, como el caso Purga, le significaron a la excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, recibir una pena reducida de quince meses de cárcel por ser la autora directa del delito de delincuencia organizada en calidad de colaboradora.

El juez Manuel Cabrera en su sentencia oral aseguró que la información y los elementos aportados por Salazar han sido “trascendentales” no solo para la investigación de Metástasis, sino también para el inicio de otros procesos penales e indagaciones.

“Su colaboración debe calificarse como necesaria, pues sin su aporte no se hubieran podido encontrar los elementos para cumplir con una investigación diligente. La información y los elementos obtenidos a través de cooperación eficaz han permitido el establecimiento de hechos investigados en este caso y la identificación de los responsables. Sin su colaboración no se hubiese podido determinar, primero, la complejidad de este caso en relación con los hechos y los participantes en esta infracción y tampoco frente a otras que se han iniciado y se investigan por la Fiscalía”, explicaba en su razonamiento el juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Mayra Salazar fue sentenciada a quince meses de prisión por el caso Metástasis

Según la Fiscalía, la información entregada por la excomunicadora sirvió para evidenciar la estructura criminal que se armó en el sistema de justicia, en el que se usó a jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio para realizar acciones administrativas y jurisdiccionales que beneficien al narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón, a su familia y a cercanos al grupo delictivo que lideraba.

La fiscal general Diana Salazar en su acusación señaló que Mayra Carolina Salazar Merchán operó desde la Corte del Guayas, sin ser funcionaria judicial, en el periodo de mayo a octubre de 2022 y mantuvo contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que favorecían los fines de impunidad y libertad que pretendía la estructura liderada por el narcotraficante, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2022.

Lo dicho por la excomunicadora de 36 años ayudó a revelar que ella identificaba jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos, e incluso negociaba de manera conjunta con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero.

“En Guayas, coordinó directamente con Xavier N. y Johann M., quienes son coprocesados en esta estructura criminal. Adicionalmente, por pedido de Leandro Norero, Mayra Salazar contactó a su primo, Washington S., funcionario judicial de Cotopaxi, para acceder a los jueces encargados de resolver una acción constitucional de Johanna Zambrano, hermana de Leandro Norero, y así asegurar su salida del centro de privación de libertad. Para el efecto, por recomendación de su familiar, se contrató a la coprocesada Sofía G., quien fue el nexo con los jueces en Cotopaxi, actuaciones que quedaron registradas no solo en fotografías de los chats que Salazar y García sostuvieron antes y durante el desarrollo de aquella audiencia, sino también en las operaciones bancarias registradas en las cuentas de ambas”, refería la fiscal Salazar en su relato.

Acciones para desviar la administración de justicia

Para la Fiscalía, las acciones relatadas por Salazar y en las que intervino estaban orientadas a “desviar la completa administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal”, todo a cambio de dádivas y beneficios de orden material, depósitos de dinero y otros obsequios, como, por ejemplo, un computador.

Diana Salazar afirmaba que estas prácticas de corrupción eran comunes para la hoy sentenciada, pues el propio Daniel Salcedo, otro de los procesados en Metástasis, habló de esta dinámica directiva en sorteos de las causas judiciales seguidas en su contra.

En el lapso de tiempo investigado, Mayra Salazar había mantenido una comunicación directa con Leandro Norero a través de la aplicación Threema y bajo el alias Así Es Mejor. Lo explicado por la cooperadora eficaz fue corroborado con la información obtenida directamente de la fuente original, es decir, de los teléfonos que eran utilizados por Leandro Norero hasta antes de su muerte. El contenido textual, auditivo y gráfico de los mensajes periciados fue aceptado en su totalidad por Mayra Salazar.

Lo que presenció la excomunicadora Salazar al ser parte de la Corte del Guayas y del despacho de Fabiola Gallardo, la entonces presidenta de ese organismo, generó que sea llamada como testigo en el caso Purga, proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada en relación con un “grupo criminal” que incidió en la justicia de la provincia del Guayas con el objetivo de obtener fallos y cambios administrativos de jueces en causas que eran generaron beneficios económicos y materiales.

La propia Diana Salazar, quien también tiene a su cargo el caso Purga, ha señalado que en la dirección de esta “estructura delictiva” estuvo el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes y en la planificación estuvieron Fabiola Gallardo y Johann M., el entonces juez penal del Guayas.

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El testimonio anticipado de la excomunicadora en el caso Purga

En Purga, Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado el pasado 3 de junio, esto como parte de la cooperación eficaz que alcanzó en Metástasis. Justamente, en un teléfono celular de la excomunicadora institucional de la Corte del Guayas, periciado en el caso Metástasis, se encontró la información que sirvió como base para abrir el proceso penal hoy conocido con el nombre de Purga y en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

En el testimonio anticipado, Mayra Salazar se refirió a tres temas en los que, dijo, habría tenido injerencia el grupo liderado por Muentes: el caso Banco del Pacífico, el relacionado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la causa por tráfico de tierras en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. La hoy sentenciada calificó a Pablo Muentes como la persona que manejaba la justicia en Guayas, a través de la mayoría en el pleno del CJ, y que mantenía contratos de servicios de limpieza con la Función Judicial a partir de esa influencia que mantenía.

También dijo la excomunicadora que tuvo injerencia en el sorteo de causas, por ejemplo, relacionadas con Daniel Salcedo, para conseguir que se retrasen audiencias y se den reuniones para concretar fallos en causa de interés, entre otras. Sobre estos temas quedaron registradas conversaciones en plataformas de mensajería instantánea como Signal, Zangui, Threema o WhatsApp.

Las conversaciones entre Salazar y una buena parte de los procesados, ubicadas en la pericia del celular, van desde el intercambio de información para la elaboración externa de sentencias, el cambio administrativo de jueces que podrían afectar los resultados de los procesos de interés, reuniones para tratar sobre fallos a tomarse en casos importantes para la organización y cómo debían darse las dádivas a entregarse por las sentencias acordadas, entre otras.

Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, recordó que Purga se inició con la información que entregó su defendida cuando decidió cooperar con la Fiscalía en la investigación de Metástasis. En este último caso, a la excomunicadora se le incautaron dos celulares, un iPad, una tablet y un computador. Uno de sus celulares, al ser periciado, reveló información que sirvió para las doce primeras detenciones y las trece últimas vinculaciones.

El exabogado de Mayra Salazar investigado por tráfico de influencias

Leonardo T. fue el abogado de Mayra Salazar hasta que se abrió contra él en Fiscalía una investigación previa por delito de tráfico de influencias. A este caso la Fiscalía lo ha denominado Implacable y se deriva de los casos por corrupción judicial Metástasis y Purga. La causa que está en etapa previa de investigación fue abierta luego de la filtración de un audio, el 1 de julio pasado, en la cuenta de la red social X de la agencia Venezuela News.

En la grabación se escucha en conversación una voz que aparentemente pertenecería al abogado Leonardo T., quien dialoga supuestamente con Francisco F., abogado externo del Banco del Pacífico. El intercambio giraría en torno a un reclamo por un pago pendiente que estaría relacionado con el testimonio anticipado que rindió Salazar, dentro del caso Metástasis y que sirvió para apalancar el caso Purga, especialmente en lo relacionado con el proceso judicial que tenía que ver con el exasambleísta Muentes, su esposa, ambos investigados en Purga, y el Banco del Pacífico.

El hoy exabogado de Salazar en el audio asegura que fue “engañado”, pues no le habían cumplido con los pagos acordados para “armar” las versiones que ha dado Salazar como parte de su cooperación con la Fiscalía. Leonardo T. asegura que pidió $ 500.000 a Noboa para que Salazar testificara en contra del exlegislador Muentes, a quien se lo acusa en Purga de haber falsificado documentos para extinguir una deuda con el Banco del Pacífico y, luego, conseguir una sentencia judicial que le obligaba a pagar a la entidad financiera una indemnización de casi cuatro millones de dólares.

En ese contexto, quien sería identificado como Leonardo T. en el audio amenazaría con entregar la información a los abogados de las otras partes de los casos Purga y Metástasis, si no recibe una respuesta pronta. (I)