El jueves 2 de mayo próximo, desde las 10:40, el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), escuchará los testimonios anticipados de Álex Palacios, exasesor en la Corte Nacional de Wilman Terán y exdirector de Asesoría Jurídica de la Judicatura, y de Héctor David P. F., agente investigador de la Policía de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DILA), ambos procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis.

La fiscal general, Diana Salazar, casi al final de los 120 días de la instrucción fiscal solicitó al juez de la causa se escuche en audiencia los testimonios anticipados de Palacios y del policía Héctor David P. F., quienes ya serían parte, además, del Programa de Víctimas y Testigos que es dirigido por la Fiscalía General.

Quien fue el asesor de Wilman Terán en la CNJ y en el CJ ha asegurado en varias versiones del caso Metástasis que su vida y la de su familia están en riesgo, a tal punto que un “elemento policial” se le acercó a su celda en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, y le “indicó que su cabeza ya tiene precio”. Tanto Palacios, Wilman Terán y el policía Héctor David P. F. son parte de la lista de 52 procesados por delincuencia organizada.

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En su ampliación de versión rendida el pasado 30 de marzo, Palacios, quien es visto como un colaborador de la “empresa criminal” que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero con el fin de infiltrar el sistema de justicia para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios, aseguró que quiere colaborar con la Fiscalía, pero pidió precautelar su vida y su integridad.

“Quiero dejar sentado expresamente mi intención de colaborar con la Fiscalía General para esclarecer esta investigación (...) Con todo esto solicito a usted señor fiscal se me brinde la protección necesaria y sea insertado en el Plan de Protección de Víctimas y Testigos , así también a mi círculo familiar y de igual manera a mi defensa técnica”, dijo para finalizar la versión Palacios, al tiempo que recordó que su esposa, hija y madre han sido amenazadas, por lo que presentaron a finales de febrero pasado una denuncia en la provincia de Chimborazo.

Mayra Salazar fue una de las procesadas en el caso Metástasis que llegó a la Corte Nacional para rendir su testimonio anticipado. La joven de 35 años fue llevada con casco y chaleco antibalas a la diligencia. Foto Cortesía

En este marco de colaboración, el exasesor en la CNJ y exdirector de asesoría jurídica de la Judicatura entregó a la Fiscalía su computadora personal y las claves de su equipo celular. Renato Montero, abogado de Palacios, sostiene que su defendido está en la “capacidad de ingresar elementos de descargo para que Fiscalía pueda esclarecer los hechos que lógicamente motivan la acusación que mantiene”.

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En cambio, hace pocas semanas atrás, el policía Héctor David P. F. se sumó a la lista de procesados dentro del caso Metástasis que pide acogerse al procedimiento abreviado, es decir, reconocer su responsabilidad y participación en el delito de delincuencia organizada investigado. Los primeros en plantear la posibilidad fueron los policías en servicio activo Neycer Lanin M., Gabriel Genaro G. y luego fue el secretario judicial Christian Gabriel S. C. todos procesados en Metástasis.

Los pedidos del policía y el secretario judicial de la Corte del Guayas fueron planteados por el abogado defensor de los procesados al juez Felipe Córdova. De igual forma Christian Gabriel S. C. y Hector David P. F. desistieron de la revisión de medidas cautelares que solicitaron. A ambos se le definió el 15 de diciembre pasado, que arrancó la instrucción fiscal del caso, prisión preventiva.

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El artículo 635 del COIP señala que el procedimiento abreviado, el cual es un procedimiento especial, deberá sustanciarse de conformidad con reglas como: las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.

Además la propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. El defensor acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales y en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.

El testimonio anticipado de Palacios y del policía Héctor David P. F. se suman a los ya entregados por Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas; por Hélive Angulo, procesado cercano al narcotraficante y líder de esta organización investigada, Leandro Norero; el de la fiscal Lidia Sarabia, agente de Fiscalía que investigó a Norero y varios de sus familiares por lavado de activos y delitos relacionados con narcotráfico; y el de Marcelo Lasso Saavedra, identificado como mano de derecha de Leandro Norreo entre mayo y octubre de 2022, meses en los que el narcotraficante estuvo detenido en el CPL de Cotopaxi,hasta que fue asesinado.

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Palacios ya rindió un testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial, proceso penal por el delito de obstrucción de la justicia en el que son acusados Wilman Terán, los exvocales del CJ Xavier Muñoz y Maribel Barreno, además de otros diez funcionarios y exfuncionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancias y disciplina de la Función Judicial.

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En ese caso Palacios contó de las reuniones y acciones que se dieron en el interior del CJ para sancionar y destituir al entonces juez nacional Walter Macías, para así alejarlo del caso Las Torres y de otro caso por tráfico de influencias en el que fueron llamados a juicio los hoy exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo.

También contó de conversaciones entre Terán y el expresidente Rafael Correa para que se tenga incidencia y se revierta la condena en firme del caso Sobornos 2012-2016, así como también recordó que fue el propio Terán quien redactó en su computador la acción de protección que fue aprobada por el juez Emerson Curipallo y que permitió la salida de las cárcel del exvicepresidente Jorge Glas.

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En la Corte Nacional de Justicia se han realizado audiencias en el caso Metástasis. Foto: Carlos Granja  Medranda / EL UNIVERSO

Álex Francisco Palacios. Para la Fiscalía Palacios gozó de la confianza de Wilman Terán. Su rol de colaboración en la organización criminal se estructuró con base en sus influencias, poder y control otorgado por su superior dentro de la Corte Nacional de Justicia. La fiscal general, Diana Salazar, explicó que a partir de ello asesoró a Hélive Angulo, alias el Estimado, sobre la forma de cómo comprar la decisión de los jueces de la sala de la Familia, Niñez y Adolescentes Infractores que iba a conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Leandro Moreno.

Para Salazar, el referido asesoramiento de Palacios alcanzó incluso a verificarse con varios chats, en los que se haría mención específicamente a Álex Palacios, como por ejemplo, las afirmaciones de él y de Angulo que dicen: Álex Palacios es el coordinador de Wilman Terán y va a hacer las vueltas en la CNJ.

También se habría verificado que Palacios tuvo vínculos laborales y afines con Cristian R., abogado de Norero hoy prófugo. Existiría evidencia de que da cuenta que Hélive Angulo llegó a la Corte Nacional, precisamente al despacho de Wilman Terán, cuando tenía la calidad de juez de la CNJ de la Sala de la Niñez.

Héctor David P. F., agente investigador de la DILA (Dirección de Investigación de Lavado de Activos), oficial que estaba encargado del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia. Se lo vincula con el haber planificado la manipulación de elementos de convicción conjuntamente con Hélive A., alias Estimado. Aparentemente dicha participación estaba enfocada en la impunidad que pretendía la organización criminal, pues incluso llegó a modificar y manipular el informe policial integrado que fue presentado en el caso de lavado de activos.

Un punto principal en este caso es que el informe referido no habría sido puesto primero en conocimiento de la fiscal que llevaba la causa, sino fue puesto primero en conocimiento de Leandro Norero para que haga correcciones, enmiendas y solamente cuando les hayan pagado y hecho las correcciones lo presentaron en la Fiscalía. (I)