Caso Nene: el 9 de abril próximo, la Fiscalía continuará con la exposición de las pruebas para acusar al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad

Mediante la intervención de testigos y peritos, la lectura de la transcripción del testimonio anticipado entregado por el denunciante Romel P. en una diligencia en la cámara de Gesell o la reproducción audios en los que intervendrían el procesado y la supuesta víctima, el fiscal Leonardo Alarcón busca probar la acusación por el delito de oferta de tráfico de influencias contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad.

En dos días de la audiencia de juzgamiento del denominado caso Nene, la Fiscalía ha presentado a seis peritos y catorce testigos para sustentar la acusación hecha por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción contra el hijo de la vicepresidenta Abad, como autor directo del delito de oferta de tráfico de influencias, definido en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su alegato de apertura, Alarcón aclaró que en esta acusación deben tomarse en cuenta las circunstancias agravantes definidas en los numerales 5 y 9 del artículo 47 del COIP, es decir, cometer la infracción con participación de dos o más personas y aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

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“El afectado relató que ingresó a trabajar en la Vicepresidencia de la República como coordinador de Comunicación a pedido de la actual titular de la entidad. Denunció que, antes de su contratación, se reunió con Francisco B. y Daniel R., quienes le indicaron que debía entregar $ 1.700 de su sueldo, en efectivo y en persona. Para garantizar los pagos, aseguró la víctima, fue obligada a firmar una letra de cambio por $ 30.600, equivalente a un año de pagos. Posteriormente, tras su desvinculación, se reunió con Francisco B. en su oficina en Cuenca, donde el procesado quemó la letra de cambio”, señaló la Fiscalía.

El fiscal Alarcón aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental anunciada demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto con Daniel Lenín R. P., exasesor de su madre, en solicitar parte del sueldo a una persona que habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.

Según un comunicado de la Fiscalía, otros testigos confirmaron que la contratación de la víctima fue solicitada por la vicepresidenta Abad y que existiría una acción de personal que respalda el hecho. También en la audiencia se detallaron las actividades efectuadas dentro de este caso por Francisco Sebastián B. A. antes y después de la posesión de la actual vicepresidenta.

La Fiscalía también informó a los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, quienes integran la Sala de Juicio del caso Nene, sobre las pericias practicadas en torno a los allanamientos y el levantamiento de evidencias, entre ellas el basurero donde se habría incinerado la letra de cambio firmada por Romel P.

Sobre este tema, el denunciante señaló que una vez quedó fuera del cargo en la Vicepresidencia de la República, a mediados de febrero de 2024, él buscó que el acusado le devolviera letra por $ 30.600, que le firmen la garantía del pago al que se había comprometido mensualmente. Ante la insistencia del afectado, Francisco Sebastián B. A. habría aceptado que se queme la letra de cambio. De ese hecho existirían dos fotografías, las cuales son parte del expediente.

Desde la Fiscalía se informó que durante la segunda jornada de la audiencia de juzgamiento, este martes, 11 de marzo, se presentó una pericia de cotejamiento de voces de la grabación telefónica en la que Romel P. y el procesado Francisco Sebastián B. A. coordinan la entrega del dinero acordado. Según el análisis, las voces corresponderían al acusado y a la víctima.

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La investigación del caso Nene partió de una denuncia colocada por Romel P. en el buzón de denuncias de la Fiscalía General. El denunciante habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República. Romel P. laboró entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 en la Vicepresidencia, la cual estaba dirigida por Verónica Abad.

A decir del denunciante, Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que lo contactó para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República. Por ese cargo se le habría pedido entregar, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, una buena parte de esa mensualidad. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales, pero tras una “negociación” la cifra quedó en $ 1.700.

Romel P. refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado, pues antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., a mediados de febrero de 2024, al denunciante lo habrían notificado con la desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.

Para la tarde de este martes, 11 de marzo, la jueza ponente del Tribunal informó a los sujetos procesales de la suspensión de la diligencia de juzgamiento. Para continuar con la exposición de las pruebas que sustentan la acusación de la Fiscalía, la jueza ponente, Clara Soria, convocó a todos para el 9 de abril próximo a las 08:30.

Santiago Hernández, abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, asegura que probará que la acusación de la Fiscalía, la cual indica que su cliente se reunió en un hotel del norte de Quito con la supuesta víctima para ofertarle cargos, es falsa, sino que más bien, Francisco Sebastián B. A., el día de la supuesta reunión, estaba en el aeropuerto de Quito despidiendo a su madre, ya que se aprestaba a viajar a Israel. (I)