El Consejo de la Judicatura (CJ) emitió un comunicado la tarde del jueves 4 de abril en el que informó que se ha identificado a siete exservidores y servidores judiciales que están siendo investigados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Plaga.

La entidad usó las siglas de los nombres completos de las personas a las que se refiere, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en el mencionado delito otorgando acciones constitucionales de manera ilegítima a privados de libertad con ‘alto nivel de peligrosidad’.

Por un lado, cuatro exservidores fueron destituidos por la actual administración de la Judicatura, que está presidida por Álvaro Román. Las destituciones se dieron por faltas disciplinarias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

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Ellos son:

  • S.O.G.T., exjuez multicompetente de Paján (Manabí). Destituido en febrero de 2024 por infringir el artículo 109.7 y 109.12 del COFJ.
  • J.J.R.R., exjuez de primer nivel de Chone (Manabí). Destituido en febrero de 2024 por infringir el artículo 109.7 del COFJ.
  • B.M.O.G., exjuez multicompetente de Flavio Alfaro-Manabí. Destituido en marzo de 2024 por infringir el artículo 109.7 del COFJ.
  • A.H.L.V., exjuez multicompetente de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas). Destituido en enero del 2023 por infringir el artículo 109.7 del COFJ.

En el segundo grupo están tres servidores actuales, a quienes se les aplicarán acciones administrativas:

  • F.P.C., secretario de primer nivel de Paján
  • M.J.L.C, funcionaria judicial de El Oro
  • F.E.T.P, juez de El Oro

Los allanamientos y aprehensiones de catorce personas del caso Plaga se efectuaron durante la madrugada del miércoles 3 de abril. La audiencia de formulación de cargos se instaló cerca de la medianoche en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

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En la diligencia la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para casi todos los detenidos, con excepción de María L., para quien se pidió la medida de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas debido a estado de gestación.

Los demás detenidos a quienes se pidió prisión preventiva son:

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  • Byron O. G., juez fue destituido en marzo de 2024 por haber dispuesto la liberación de alias ‘Gordo Luis’, cabecilla de Los Lobos. Era juez de primer nivel en el cantón Flavio Alfaro, Manabí. Antes de la audiencia por el caso Plaga a el exmagistrado se le dictó prisión preventiva por presunto delito de prevaricato en otra causa.
  • Franklin T. P., juez de Juzgado de primer nivel en Pasaje (detenido en Machala, El Oro). Su vivienda en Cuenca tambien fue allanada en el marco del caso Plaga.
  • Ángel L. V., exjuez ya procesado en el caso Metástasis, detenido en Santo Domingo de los Tsáchilas. Él dispuso la devolución de varios de los bienes al narcotraficante Leandro Norero, quien era procesado por lavado de activos e investigado por otros delitos relacionados con el narcotráfico. Entre los bienes devueltos estuvo una casa en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón, provincia del Guayas.
  • Simón G. T., exjuez que liberó a Daniel Salcedo en 2022. Lo detuvieron en Rocafuerte, Manabí.
  • Joffre R. R., exjuez de primer nivel, detenido en Chone, Manabí.
  • José M. B., exfuncionario del SNAI, detenido en Ambato.
  • Omar J., abogado y exfuncionario del SNAI, detenido en Cuenca.
  • Gary P., secretario de juzgado y unidades judiciales, detenido en Portoviejo, Manabí.
  • María L., funcionaria judicial en el cantón Pasaje, El Oro.
  • Marco C. C., policía en servicio activo, detenido en los exteriores del Centro de Privación de Libertad N°8, en Guayaquil.
  • Hugo A. H., policía en servicio activo, detenido en el edificio de la Fiscalía de Guayaquil. Él cumplía funciones en la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.
  • Lenin V., interno de la cárcel 4 de Quito.
  • José T. Ch., abogado en libre ejercicio, detenido en Quito.
  • Hugo L. O., detenido en Riobamba.

La audiencia se suspendió y se reinstalará a las 18:00 de este jueves, para conocer si el juez acoge o no las medidas solicitadas por la Fiscalía. (I)