Luego de concluir que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova tenía una imparcialidad comprometida y estaba contaminado, procesalmente hablando, el magistrado nacional Marco Rodríguez decidió dar paso a la recusación planteada por la Fiscalía General del Estado en el caso Plaga, proceso penal en el que se investiga a 31 personas por el delito de delincuencia organizada.
La demanda de recusación en contra de Córdova, juez que se hizo cargo de la causa una vez que se encontraron personas con fuero de Corte Nacional por ser procesadas, llegó por su cercanía con el abogado Michael Hernández, uno de los procesados de Plaga por ser parte de una “organización delictiva” que operó en el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por diferentes infracciones penales.
La recusación de Córdova fue dada a conocer un día antes de que Hernández se entregara a la justicia, el sábado 27 de julio pasado. Desde el 29 de junio pasado, el exdirector nacional de la Escuela de la Función Judicial y excolaborador de Christian R., abogado del narcotraficante Leandro Norero, era buscado por las autoridades ya que se le dispuso prisión preventiva.
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La Fiscalía en su demanda de recusación no solo incluyó información sobre la amistad cercana que mantenían Córdova y Hernández, sino también los testimonios anticipados de Álex Palacios, exasesor y hombre de confianza en la CNJ y en el Consejo de la Judicatura (CJ), de Wilman Terán y del procesado Hugo Lara. El primero aseguró que ambos tienen una amistad tan fuerte que Hernández era el operador del juez; mientras que Lara anotó que Cristian R. tenía relación en la Corte Nacional con Córdova y Hernández.
La entrega y detención de Hernández se produjo en los exteriores de la Fiscalía General, en Quito, y ha trascendido que mantendría la idea de cooperar con la justicia. Al exfuncionario judicial que colaboró en la presidencia de Wilman Terán se lo acusa por supuestamente gestionar una resolución favorable en un recurso de casación para un sentenciado por delito de oferta de tráfico de influencias. Se investiga la posible entrega de $ 50.000 para cumplir con esta manipulación de la justicia entre quienes fueron socios de la firma de abogados Fandet.
En relación con este caso, Salazar ha dicho que se trata de una red de corrupción que constituyó un sistema parajudicial para la venta de sentencias y excarcelaciones de cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, especialmente de la banda Los Lobos, narcotraficantes, asesinos y de políticos corruptos.
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La fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de vinculación resaltó que el abogado Cristian Giovanny R., quien es procesado como uno de los líderes en el caso Metástasis, proceso penal en el que se encuentra prófugo, es también cabecilla en esta red criminal que infiltró el sistema de justicia.
Según la Fiscalía, Cristian R. direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad. Su participación estaba dirigida a gestionar los traslados de un centro de rehabilitación social a otro, cuya jurisdicción era controlada por sus operadores judiciales. Además, procuraba coordinar las intervenciones en las audiencias previamente arregladas con sus socios jurídicos.
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También, el abogado en libre ejercicio es acusado por tramitar la emisión de certificados médicos adulterados con el fin de que fueran utilizados como insumo dentro de los recursos de garantías jurisdiccionales y medidas cautelares aplicadas, para beneficiarse económicamente. Sus acciones se ponían en marcha a través de sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales, personal administrativo a cargo de los sorteos de causas, jueces de unidades judiciales, hasta llegar a jueces del más alto nivel.
Salazar aseguró que esta red trabajó con exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, como Jorge A., quien concedió boletas de excarcelación a través de habeas corpus para colaboradores de Fabricio Colón Pico, de la organización Los Lobos, a cambio de $ 70.000.
El nuevo magistrado a cargo del caso Plaga es Manuel Cabrera, juez que tiene en sus manos también el caso por corrupción denominado Metástasis. (I)
