Poco a poco se va conociendo el expediente del caso Purga, en el que son investigadas doce personas por el delito de delincuencia organizada, y van apareciendo las conversaciones, las fotos y los audios que confirman los hechos relatados por la fiscal general, Diana Salazar, en la formulación de cargos, audiencia realizada entre el 4 y el 5 de marzo pasados en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

Uno de esos hechos explicados por Salazar en los que habían existido irregularidades es el relacionado a una acción de protección con medida cautelar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) presentó en 2022 en cortes de la provincia del Guayas contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito, dentro de un contrato de repavimentación por $ 30 millones.

La Fiscalía señaló que en primera instancia la jueza Larisa I., de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declaró sin lugar la referida acción constitucional, provocando que la decisión fuera apelada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. “No les dieron la razón. ¿Y por qué no les dieron la razón? Porque todavía no participaban los integrantes de esta cúpula”.

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Es en ese punto, dijo Salazar, donde los jueces provinciales Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. conocen este proceso y revocan la sentencia de primera instancia, aceptando la acción de protección. La teoría de Fiscalía sostiene que esta decisión se habría emitido a cambio de una dádiva, de un beneficio material. Supuestamente lo que la jueza Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, habría pedido a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte del Guayas.

“Por orden de Fabiola G., la relacionista pública contratada y pagada por Pablo M., Mayra S., fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación, el que esté más actual, el que más le guste a Fabiola G. y cuya compra e instalación fue pagada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, refirió la fiscal general en su relato.

El contacto: “Andrés Militares”

Al revisar el expediente, en él se encuentran conversaciones a través de la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp Business entre Mayra S., funcionarios judiciales que llevan el proceso, así como también con quien sería el nexo con la parte demandante y que era identificado como “Andrés Militares”. Aparentemente él era el designado por los “amigos verdes”, es decir, el Ejército, para hacer las averiguaciones de cómo va el proceso o a su vez exigir respuestas sobre el mismo.

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El 21 de julio de 2023, Andrés Militares escribe a Mayra S.: “Mayra, buenas noches. (...) Le escribí a la doctora presidenta hace unos minutos. Estamos muy preocupados y queríamos tener alguna noticia”. Al día siguiente responde la comunicadora que trabajaba con Fabiola G.: “Buenas noches, Andrés. (...) La doctora no ha venido porque está con licencia médica y la semana pasada no vinieron los otros jueces. Por eso aún no se ha resuelto su caso. La doctora está pendiente de eso”. Los días posteriores seguían las insistencias de “Andrés Militares”, esto, según él relata en un mensaje de texto, “porque a él le corresponde reportar e informar a las autoridades del Ejército sobre el tema”. De parte de Mayra S. hay largas, explicándole a su interlocutor que ella ha hablado con los jueces y que lo van a resolver lo más pronto posible.

El 15 de agosto, el usuario identificado como “Andrés Militares” le agradece a “Mayrita” por “toda su paciencia y apertura para quienes conformamos el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”. Días después hasta le pasan a dejar a Mayra S. unos chocolates. Noviembre de 2023 se inicia con mensajes entre los dos participantes en estas conversaciones sobre la necesidad del metraje del piso que va a ser reformado para empezar con las cotizaciones. Se anexan fotos y videos del lugar a reformarse.

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Quito, lunes 4 de marzo del 2024 De esta forma ingresaron a la Unidad de Flagrancia, en Quito, los doce detenidos en el caso Purga, causa que está relacionada con el caso Metástasis. Fotos: Rolando Enríquez/API Foto: API

En medio del ir y venir de mensajes en los que se concretaban los trabajos y el tipo de material a usarse, los jueces Guillermo V., Fabiola G. y Henry T. emiten un fallo a favor del CEE en el litigio con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito Según la Fiscalía, Mayra S. recibió en su cuenta bancaria un depósito de $ 1.485 destinados supuestamente al pago de la mano de obra. El depósito es parte del expediente y fue hecho por la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, Ruth S.

Desde el CEE, mediante un boletín, se ha dicho que cualquier acción que podría haberse ejecutado en este caso es de entera responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado, sin el conocimiento y autorización de las autoridades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se aseguró que se ha procedido con la desvinculación de Ruth S., quien habría renunciado al cargo el 6 de marzo pasado.

La referencia de Elsy Celi

“Pagaron el piso, le pagan la mano de obra, y le perjudican con $ 30 millones a la empresa Metropolitana. Una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Y es que esto no queda ahí, también con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) y que renunció hace un par de días. Ella fue la operadora en este caso”, aclaró Salazar

Salazar no dio el nombre de la exvocal, pero en el expediente aparece el nombre de Elsy Celi, vocal suplente de la Judicatura que renunció al cargo justo cuando se daba en la Asamblea Nacional el juicio político para remover al vocal titular Fausto Murillo. Si no habría existido la renuncia, Celi era la legalmente llamada a ocupar la vocalía de la que horas después fue censurado y destituido Murillo, quien representaba a la Función Legislativa.

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Estos son los seis hechos investigados en el caso Purga relatados por la fiscal general, Diana Salazar

Nuevamente en la conversación aparece Mayra S., pero esta vez con el juez penal Guillermo V., otro de los procesados en el caso Purga. En un mensaje del 7 de septiembre de 2023, Mayra S. le dice al juez penal que Fabiola G. pide que vayan a su oficina, pues está Elsy Celi, que suba, que “aquí están llorando por ese caso”. Guillermo V. le decía que estaba en audiencia y que es ponente de esa diligencia, pero que en diez minutos sube.

Mayra S. le explica al juez que ahí también está “el man de los militares” y que incluso dicen “que el ministro quiere venir a hablar”. La comunicadora en broma le señala al juez Guillermo V. que “por su culpa se le viene el caso abajo todo, jajaja”.

El 4 de diciembre vuelve a darse una conversación similar entre Mayra S. y Guillermo V. respecto a que la comunicadora está con “Elsi”, que suban un ratito, que solo suban y se van. Mayra S. le consulta en cuánto creen que terminen con la audiencia, porque “Elsy” está ahí desde hace rato. En el mensaje siguiente le dice que “Elsy se fue, no pudo esperar más”, pero que “los amigos tóxicos sí están aquí”. (I)