De los doce detenidos en el caso Purga, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó que se dicte auto de prisión preventiva para once procesados y arresto domiciliario para otro, por ser un adulto mayor. En esta causa se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, que involucra a la Función Judicial en la provincia de Guayas.

La audiencia de formulación de cargos se inició la noche del lunes 4 de marzo, el mismo día de la detención de los procesados, y se extendió hasta la madrugada del martes.

La investigación empezó el 20 de febrero de este año y se fundamenta en comunicaciones extraídas del teléfono de Mayra S., procesada en el caso Metástasis, así como en un informe de la Policía Nacional.

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La titular del Ministerio Público acusó a tres personas en calidad de autores y a nueve como colaboradores del entramado de corrupción, que además habría beneficiado con resoluciones judiciales a delincuentes vinculados con el crimen organizado.

La petición de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares de la fiscal general fue la siguiente:

  • Pablo M., exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC): acusado en calidad de autor. Se lo señala como líder del grupo criminal. Manejaba la Corte Judicial de Guayas, valiéndose de su relación con Fabiola G., extitular de la institución, así como con otros jueces. Tenía estrecha relación con Mayra S., le pagó $ 2.500 mensuales, para coordinar acciones y favores con jueces, con el fin de obtener beneficios judiciales y económicos. Con una resolución judicial, presuntamente irregular, el exlegislador ganó un proceso contra el Banco del Pacífico por $ 3,9 millones. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas: acusada en calidad de autora. Habría aprovechado su cargo para favorecer con arreglos judiciales, que manipulaba las causas y negociaba con otros jueces montos económicos. Que tenía relación con Mayra S. Y que habría intentado contactar a Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, para obtener un beneficio económico a cambio de su resolución, ya que ella era parte del Tribunal que conocería una apelación del SNAI ante una decisión de un juez que ordenó que Fito regrese a la cárcel La Roca. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Gustavo M., juez: acusado como autor. Es procesado en el caso Metástasis, que goza de medidas sustitutivas. Colaboraba con la estructura de Leandro Norero. Conversó con Mayra S. sobre la decisión que pensaba tomar Fabiola G. en el caso de alias Fito. Que el juez direccionaba ayudas judiciales a Pablo M., reuniéndose en la casa del exlegislador para tomar decisiones con el resto de la cúpula. Que seguía órdenes de Pablo M. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Reinaldo C., juez: acusado como colaborador. Emitió la sentencia a favor de Pablo M., en el caso contra el Banco del Pacífico. A cambio de esa decisión fue designado como juez de la Corte Provincial de Guayas. Negoció resoluciones judiciales, para beneficio económico. En una conversación, Fabiola G. dijo a Mayra S. que ya conversó con Reinaldo C. sobre la causa de alias Fito, para que él lo revise. Fiscalía pidió prisión preventiva, pero debido a que el juez tiene 71 años requirió que se sustituya la medida por arresto domiciliario.
  • Nelson P., juez: acusado como colaborador. Benefició a Pablo M. en una causa por falsedad de documento privado. Gestionó para que otros jueces que no querían fallar a favor del exlegislador sean cambiados a otra sala judicial. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Alberto L., juez: acusado como colaborador. Reclutado para fallar a favor de Pablo M. en causa por falsedad de documento privado. El procesado conversó con Mayra S., indicando que emitiría resolución favorable a cambio de que se le otorgue contrato en la Función Judicial para su hijo. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Henry T., juez: acusado como colaborador. Intervino en una causa con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y falló aceptando apelación, para arreglos en instalaciones de la Corte. Mayra S. en una conversación con Daniel Salcedo le informó que Henry T. integraría un tribunal de una causa que interesaba a Salcedo, y que le preguntó cuánto dinero habría para el juez. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Ruth S., procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: acusada como colaboradora. Demandó, en su cargo, a la empresa pública Metropolitana de Obras Públicas una acción de protección y medidas cautelares, decidió a su favor gracias a una contraprestación gestionada por Fabiola G. Hizo un depósito a Mayra S. para el pago de la mano de obra del piso de salón de presidente de la Corte de Guayas. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Mónica A., esposa de Pablo M.: acusada como colaboradora. Ella firmaba en los escritos de la causa contra el Banco del Pacífico y se benefició del dinero que pagó la entidad financiera. En una conversación, Alberto L. envió a Mayra S. imagen de un escrito presentado por el procurador del Banco del Pacífico, en el que indica información de interés de Mónica A., quien habría cometido fraude procesal. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Fausto A., primo de Pablo M.: acusado como colaborador. Interpuso demanda de habeas data, cuya decisión de jueces le permitió eliminar ficha catastral de un bien inmueble que no le pertenecía legítimamente; en su lugar se legalizó otra ficha ilegítima. Según un informe de operaciones inusuales, registra alrededor de nueve bienes inmuebles a su nombre, pese a que no cuenta con ningún movimiento en sus cuentas bancarias que supere el umbral de $ 10.000. Fiscalía dijo que Fausto A. es testaferro de Pablo M., y que el exlegislador no tiene registrados bienes a su nombre. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Guillermo V., juez: acusado como colaborador. Valarezo intervino en la causa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría aceptado recibir dádiva gestionada por Fabiola G., para aceptar apelación de manera parcial. El juez también conocía procesos de Daniel y Noé Salcedo. Planificó, organizó y pactó resoluciones judiciales a cambio de dinero. Fiscalía pidió prisión preventiva.
  • Saúl M., secretario judicial: acusado como colaborador. En un mensaje él envió un documento suscrito por la directora provincial de Guayas, en el que dispone que se realicen marcaciones de asistencia a través de biométrico digital. Esto habría sido conseguido por gestión de Pablo M., que ordenó a la directora y que era para beneficiar y conseguir votos en el nombramiento de Hugo González, como actual presidente de la Corte de Guayas. Fiscalía pidió prisión preventiva.

Adicionalmente, la fiscal general solicitó al juez medidas cautelares sobre bienes por un monto de $ 35 millones, con la finalidad de garantizar una eventual reparación integral al Estado. Esa cantidad, según la fiscal, se habría proyectado a obtener el grupo delictivo.

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En ese sentido, pidió retención e inmovilización de cuentas, pólizas e inversiones que tengan en el sistema financiero nacional. Diana Salazar dijo que Mónica A. y Fausto A. no poseen cuentas en el sistema financiero nacional.

También se solicitó prohibición de enajenar bienes muebles, inmuebles, vehículos, acciones, participaciones, títulos, valores y fideicomisos que los acusados posean a su nombre.

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Los abogados defensores de varios imputados refutaron y negaron los señalamientos de la Fiscalía.

Inclusive, Fabiola G. intervino y dijo que no ha negociado sentencias, ni ha recibido dinero, ni tampoco ha influido en los jueces. Sobre Mayra S., la expresidenta de la Corte de Guayas, dijo que a ella se le pasaba información de los casos porque era la relacionista pública de la Corte y debía difundir los datos en redes sociales institucionales.

A las 05:07 del martes continuaban las intervenciones de los abogados defensores. (I)