En el marco de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el denominado Caso Reconstrucción de Manabí, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, terminó este viernes, 14 de marzo, la exposición de elementos de convicción y emitió su dictamen acusatoria en el que pidió que se llame a juicio a todos los procesados en el caso por el delito de peculado en calidad de autores directos, entre ellos Jorge Glas, quien permanece desde el 6 de abril en la cárcel de La Roca en Guayaquil.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió llamar a juicio a los nueve procesados en calidad de “autores directos” del delito de peculado:
- Jorge Glas, exvicepresidente de la República.
- Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.
- Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
- Walter Solís, exministro de Obras Públicas.
- Boris Córdova, exviceministro de Obras Públicas.
- Franklin Bernal, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
- Omar Chamorro, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
- Milton Maldonado, exgerente de Proyectos de Ecuador Estratégico.
- Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras.
Para la Fiscalía todos son responsables de cometer peculado, según lo refiere el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), figura penal que sanciona a los responsables con penas privativas de libertad que van desde los diez a los trece años.
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La acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se basa en que presuntamente, Glas y los demás implicados habrían priorizado proyectos que no obedecieron a la emergencia de reconstrucción y reactivación productiva después del terremoto de abril de 2016 que afectó, principalmente, a Manabí y Esmeraldas. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones
El delito de peculado se encuentra en el capítulo de delitos contra la eficiencia de la administración pública y se refiere a que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con penas de cárcel de diez a trece años.
Para la Fiscalía, el líder correísta y el resto de los procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, lo que provocó que el dinero recaudado por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana fuera usado y destinado a obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas afectada por el terremoto de abril de 2016.
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El peculado es un delito que atenta contra la eficiencia de la administración pública. En este delito se contempla que los funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de la postestad del Estado para alguna de sus instituciones o que sean proveedores del mismo, actúen en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años. (I)
