A poco más de un mes de convocada por primera vez la audiencia de vinculación en el caso Triple A, Renán Andrade, el nuevo juez anticorrupción que asumió la causa, la mañana de este miércoles, 9 de abril de 2025, instaló la diligencia contra once personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y una persona jurídica a quienes se les acusa del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El 21 de febrero pasado, Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, puso en conocimiento del juez anticorrupción que dentro de la presente causa han aparecido elementos de convicción que hacen presumir la participación inicialmente de Alvarez y nueve personas más, luego sumó a esa lista a Édgar Edmundo C. A. y la empresa Harsajudi S. A. en calidad de autores o cómplices del delito que se investiga.
La diligencia se instaló con la intervención de dos defensores públicos para representar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a Juan Carlos A. T. Antes de esta definición, Alvarez intervino, a través de la plataforma Zoom, para dejar claro que no aceptaba que un defensor público que no conoce del caso lo represente, cuando tiene un defensor de su confianza que no ha asistido y ha justificado formalmente el porqué de su no comparecencia.
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“Diego Córdova pidió diferir esta audiencia con suficientes argumentos. Quiero dejar bien clarito que yo no conozco a los defensores públicos y este no es un caso de que alguien se robó un pollo, este es un caso grande donde tiene que defenderme mi abogado. (…) Yo no autorizo a ningún defensor público que me defienda hoy. Vemos el show de la Fiscalía que ha llevado 40 cajas. Pregunto: ¿el defensor público las ha leído? Quiero dejar claro que más allá de las nulidades que ya acarrea este proceso yo no autorizo a ningún defensor público para defenderme”, señaló Alvarez, quien al mismo tiempo le preguntó al juez si tiene alguna presión para ponerle a él como “carne de cañón” antes de las elecciones del domingo 13 de abril próximo.
Pese a lo dicho por Alvarez y también por otras defensas de los vinculados, en relación a que se cuide el proceso de nulidad, el juez Andrade instaló la diligencia con defensores públicos para los dos procesados que no tuvieron abogados e impuso a aquellos defensores que no asistieron la multa de dos salarios básicos unificados y que la posible falta sea analizada por el Consejo de la Judicatura.
La teoría que maneja la Fiscalía señala que en el caso Triple A existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.
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Varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Formalmente el caso Triple A se abrió el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas.
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Para mediados de diciembre de 2024, el entonces juez de la causa, Jairo García, dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A.
Para las personas naturales se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos días a la semana, mientras que para las empresas, la prohibición de enajenar bienes y acciones.
Ahora, a la audiencia de vinculación, además de Aquiles Alvarez, se convocó a Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Édgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L., Raúl Arnoldo Z. O. y Édgar Edmundo C. A. y la empresa Harsajudi S. A.
De la decisión de vincular a más personas al caso Triple A se conoció el 22 febrero pasado, un día después de que la Fiscalía hizo allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), y Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
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La audiencia está suspendida hasta que los defensores públicos se contacten con los dos procesados por vincular para que hablen sobre la causa. La diligencia continuará a las 09:50. (I)
