Una vez que el 10 de mayo pasado se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Triple A y la Fiscalía cerró esta etapa procesal, el juez anticorrupción Renán Andrade convocó a las partes para el próximo martes, 27 de mayo, para desde las 08:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito, dar inicio a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

Dieciséis personas naturales, entre las que está el empresario Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y seis personas jurídicas han sido investigadas por Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

QUITO (05-03-2025).- Audiencia de vinculación del caso Triple A. Capturas de pantalla /  EL UNIVERSO Foto: Cortesía

El 10 de abril pasado, el juez anticorrupción decidió vincular a Alvarez, a otras once personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. Andrade para la vinculación tomó en cuenta la teoría del caso y los elementos de convicción de la Fiscalía, que señalaba que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.

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Alvarez criticó el pedido de prisión preventiva en su contra que solicitó el fiscal Alarcón, el cual no fue acogido por el juez anticorrupción, explicando que lo hizo sin presentar argumento válido o elemento de convicción contundente. En su cuenta personal de la red social X escribió: “En su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado. (...) Pero aquí estoy, no he huido y no huiré. Nadie más que yo conoce lo burdo de este proceso. Es una persecución terrible y la hemos enfrentado con entereza, con la verdad en el país y sin temor. Así mismo seguiremos”.

A decir de Alarcón, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.

Los vinculados se sumaron a los ya procesados desde el 16 de diciembre pasado: Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y a las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.

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El juez anticorrupción dispuso que la sala de audiencias sea separada entre el martes 27 de mayo y el viernes 30 de mayo próximos. Por economía procesal, Andrade dispuso que en la misma convocatoria se resuelvan los pedidos de revisión de medidas cautelares hechos por varios de los procesados, entre ellos el alcalde Alvarez, la empresa Harsajudi S. A. y Raúl Arnoldo Z. O. (I)