La inasistencia de la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno generó que por cuarta ocasión no se instale la audiencia de juzgamiento por el delito de tráfico de influencias dentro del denominado caso Vocales. Aparentemente la exfuncionaria judicial sufrió un problema de salud que hizo que sea ingresada de urgencia, la madrugada de este martes 27 de agosto, en una clínica de Quito.

La semana pasada, pese a que la etapa de juicio es la única en la que los procesados tienen la obligación de asistir, Barreno asistió a la diligencia vía telemática. Esa situación hizo que la fiscal general, Diana Salazar, pida al Tribunal, el cual está presidido por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga, que disponga que la procesada asista de forma presencial a la audiencia. Para ese momento también existió un pedido de otro de los procesados para diferir la diligencia.

Poco antes de instalar la audiencia de juicio, el abogado de Barreno, Juan Carlos Salazar, pidió la palabra para informar a la sala que su defendida en la madrugada había sido ingresada a una casa de salud con un cuadro de gastroenteritis y enterocolitis grave. La urgencia habría derivado en que la paciente, es decir, la procesada, debía guardar reposo por tres días, hasta el 29 de agosto próximo.

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Por el delito de tráfico de influencias además son procesados en esta causa el también exvocal de la Judicatura Juan José Morillo y el exjuez y expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Vladimir Jhayya.

El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces nacionales Julio Inga (ponente), Felipe Córdova y Vinicio Rodríguiez, debía escuchar la prueba testimonial, pericial y documental que presentarán las partes procesales. El 28 de septiembre de 2023 fueron llamados a juicio por delito de tráfico de influencias los exvocales Morillo y Barreno, como coautores, y el exjuez Jhayya como cómplice. El entonces juez nacional Walter Macías decidió emitir el respectivo auto de llamamiento a juicio.

Luego de una corta deliberación, los jueces de la sala penal decidieron diferir la audiencia para el 4 de septiembre próximo a las 09:00.

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La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego que un exasambleísta y un abogado denunciaron el hecho, basándose en la difusión por parte de un medio digital de la grabación de una conversación entre dos vocales de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En este diálogo grabado se habla de una acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori, a la fecha presidenta de la Asamblea Nacional, para mantenerse en el cargo.

Según la Fiscalía, los procesados se habían reunido en un edificio particular en el norte de Quito, donde se trataron los detalles de ese recurso constitucional, que se encontraba en conocimiento del Tribunal Tercero de la Sala de la Familia de la Corte Pichincha, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo O.

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Los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno sostienen la acusación de Fiscalía, habían convocado a los jueces a mantener esa reunión fuera de las dependencias del CJ, para solicitar directamente a Gustavo O., juez provincial, que resolviera favorablemente el recurso en el menor tiempo posible. (I)