César Ricaurte, director de la oenegé Fundamedios relacionada con la defensa de la libertad de expresión y prensa, expresa su preocupación por algunos puntos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) recientemente reformada, los cuales considera que deben corregirse a través del reglamento que debe elaborar el Ejecutivo.

¿Qué reparos tiene Fundamedios a la ley en vigencia?

Son dos puntos críticos que hay que trabajar en el reglamento: uno es la conformación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y el otro es el mecanismo para la protección de periodistas.

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¿Qué cuestionan de la integración de este Consejo?

Se señala una nueva conformación por la cual hay cuatro delegados del Estado: Ejecutivo, Transparencia, gobiernos locales y consejos de igualdad, y un representante de los ciudadanos. Lo que pasa es que no hay ninguna fórmula en la ley para la elección de esos representantes. ¿Serán nombrados a dedo? ¿Por la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Si es así, ¿cuáles son los criterios para elegirlos? ¿Cuál es el perfil? Nos preocupa esto del “delegado de la ciudadanía”, que es algo muy amplio, ¿lo va a nombrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con todos los problemas que tiene? ¿Se llamará a elecciones abiertas? No hay claridad, y por no haberla debe definirse de forma muy precisa en el reglamento de la ley.

¿Cómo proponen ustedes que se haga esa elección?

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Es la pregunta del millón de dólares. Lo que hemos pensando es que hay que trabajar más en el perfil de los consejeros, que tengan cierta experticia o conocimiento del sector, que no estén directamente vinculados a partidos políticos, que no hayan sido candidatos, es decir, garantizar la independencia, la solvencia técnica, porque si no el riesgo es que se politice el Consejo, que grupos políticos quieran tomárselo y promover políticas que coarten la libertad de expresión.

Claro, el perfil es importante, pero también la forma de elección.

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Ninguna de las dos maneras de elección que existen en el país son las idóneas. Una es a través de concursos que promueve el Consejo de Participación Ciudadana, pero eso no nos ha garantizado la despolitización de los organismos de control del Estado, por ejemplo; y la elección directa, o sea que determinado organismo designe a dedo a los consejeros.

Si gana el sí en la consulta popular y si se da la enmienda constitucional, el CPCCS ya no tendría la facultad de elegir a autoridades e inclusive a integrantes de estos cuerpos colegiados.

Sí, y pasaría a la Asamblea Nacional. Y eso sería peor. No tengo por ahora una respuesta de cómo sería la fórmula ideal para elegir a los consejeros.

¿Qué problemas tiene el mecanismo de protección para los periodistas?

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Es algo que se tiene que diseñar muy bien. Está bien que se cree este mecanismo, pero hay que definir cómo funcionará. El Consejo de Comunicación es el que rige al mecanismo, y eso es todo lo que dice la ley.

¿Cómo podría ser ese diseño?

Justamente estamos estudiando los diversos mecanismos de protección que se han creado en América Latina. Estamos haciendo un mapeo. Está el colombiano, por ejemplo, que ha sido exitoso, pero es inaplicable en Ecuador. Ese mecanismo no solo protege periodistas sino a otros grupos más, desde defensores de derechos humanos y de la naturaleza, profesores, exguerrilleros, etcétera, está muy ligado al conflicto colombiano, y es un mecanismo de cuidados personalizado, algo que implicaría una gran inversión de recursos. Se lo intentó poner en México y no funcionó. Hay otros en Paraguay, Honduras, El Salvador. También hay recomendaciones de Naciones Unidas, Unesco, un planteamiento de ley modelo de protección. Hay que darle forma, tratando que sea lo más efectivo posible, que no se quede en el papel.

¿Qué áreas debe abordar ese mecanismo de protección?

Debe trabajarse en dos áreas: prevención y reacción. La prevención, con políticas públicas y análisis de riesgos para desarrollar protocolos de seguridad; y la reacción, para que no haya que esperar la buena voluntad de nadie para que se active el mecanismo, sino que ocurra inmediatamente. Un tercer punto importante que considerar es el de la impunidad, cómo procurar que haya respuestas cuando se ha producido un hecho de violencia contra los periodistas. La impunidad alimenta las agresiones a los periodistas.

¿Qué pasa cuando las afectaciones a la integridad de los periodistas provienen de las mismas instituciones que están llamadas a protegerlos?

Ese tema es fundamental al analizar los riesgos a lo que se enfrentan los periodistas. Hay zonas del país en las que existe cierta complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad con la delincuencia, eso es un factor extra de riesgo. Según el nivel de la amenaza se puede pasar de una protección de escala local a una de escala nacional. Por ejemplo, si se produce un atentado contra periodistas en una ciudad o zona determinada y en el análisis se ve que esos atentados pueden ser causados por grupos que actúan bajo la protección de una fuerza de seguridad local, hay que sacar a los comunicadores de ese lugar temporalmente o hay que protegerlos desde las fuerzas de seguridad nacionales. Ahí hay que pasar a hacer análisis muy finos y tomar acciones que den respuestas precisas. Ahora tenemos una visión general de los factores de riesgo que existen, pero en el mecanismo debe quedar esto de forma muy precisa. (I)