Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó informe para primer debate de la reforma tributaria del Ejecutivo

Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el 13 de noviembre el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19. Lo hizo con ajustes a la propuesta original del Ejecutivo.Uno de los cambios es a las deducciones de gastos personales para el pago de impuesto a la renta. La nueva propuesta permitiría incrementar esas deducciones a catorce canastas básicas (aproximadamente $ 10.000), con un ajuste en la cuota de deducción de estos. En el proyecto que el Ejecutivo ingresó a la Asamblea se establecían siete canastas.En el informe aprobado se indica que de esta forma se atiende la preocupación sobre el desincentivo del uso de facturas, y se incrementa el límite inferior en el cual las nuevas contribuciones al IR generarían una afectación respecto del régimen vigente, pero al tiempo se precautela la generación de ingresos permanentes, con un costo en recaudación modesto de aproximadamente $ 15 millones respecto a la propuesta original.El proyecto que se tramita en la Asamblea tiene el carácter de urgencia en materia económica y se espera que sea conocido y debatido por el pleno del Legislativo el próximo martes y miércoles.La Comisión manifestó en su informe que “existe consenso en la necesidad de generar recursos permanentes para el presupuesto general del Estado y que el esfuerzo de recaudación debería recaer en aquellos agentes económicos de mayor capacidad económica. Sin embargo, no hay consenso en cómo generar dichos recursos”.El proyecto de ley plantea una estrategia de fortalecimiento de los ingresos del presupuesto a través de una serie de ajustes a tributos, 30 deducciones y tasas, con el objetivo de generar ingresos permanentes y temporales para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas entre 2023 y 2024.La reforma fue sometida a una etapa de socialización en la que comparecieron 96 ciudadanos, entre gremios, organizaciones y actores públicos y privados vinculados a la materia.En esas jornadas se planteó la preocupación entre varios interlocutores que comparecieron en la Asamblea por la disminución del techo de gastos personales. Argumentan que dicho cambio podría tener un impacto negativo en la formalización de la economía, al desincentivar el uso de facturas. “Las distintas propuestas al texto original presentado por el Ejecutivo han despertado incertidumbre respecto al impacto fiscal de dichos cambios”, indica el informe y añade que lo planteado es “un desincentivo hacia la formalidad y deteriora la cultura tributaria actual”.El documento menciona que desde el sector agrícola, frente al impuesto patrimonial, se sugiere hacer una diferenciación para el impuesto a tierras agrícolas y propiedades urbanas, así como a empresas o personas que no tuvieron resultados favorables o redujeron sus ingresos en el 2020.Añade que desde la academia se resaltó que es necesaria una reforma tributaria al existir un elevado déficit fiscal y que se deben conservar las deducciones de gastos personales y se recomienda una nueva tabla del impuesto a la renta para que afecte en menor medida a los segmentos más bajos de contribuyentes.La sociedad civil planteó, por su parte, un esquema gradual de impuesto a la renta donde existan varios niveles de reducción.El asambleísta independiente César Rohón resaltó que “eliminar las deducciones personales afectará de forma directa a familias con ingresos limitados y fomentará la informalidad”.Carlos Zambrano, asambleísta de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), manifestó que “el cambio de la metodología de cálculo perjudica gravemente a las personas que ganan entre $ 2.000 a $ 4.000, que son principalmente personas profesionales, lo cual es inadmisible, ya que el costo de la crisis no debe de recaer en este grupo de personas” y solicitó que se debe desechar los artículos 40 y 43 del actual proyecto de ley, así como todos los artículos derogatorios del proyecto de ley que reforman el actual impuesto a la renta.“La modificación del esquema de gastos personales propuesto en el proyecto grava en mayor proporción a las personas que ganan entre $ 2.000 a $ 4.000 mensuales. El incremento contributivo aplica mayores incrementos a los segmentos de menor ingreso relativo, lo cual es claramente no progresivo y origina que la carga esté más concentrada en quienes menos ganan”, sentencia el informe y subraya que muchos ejemplos de este problema han sido presentados en las comparecencias.La Comisión, además, indica que luego de escuchar las observaciones de varios sectores “se ha propuesto ajustes a las tablas de los artículos 5 y 9, donde se estipulan las bases para la contribución especial de personas naturales y jurídicas respectivamente”.También recogiendo las preocupaciones de algunos observadores el Ejecutivo ha decidido clarificar en el texto el hecho que las modificaciones propuestas en esta ley no afectan la naturaleza exenta de ingresos habituales como los décimos y algunas participaciones en utilidades.Las reformas planteadas a la Ley de Hidrocarburos, empezando en el artículo 131, fueron también de particular preocupación. La mesa legislativa decidió eliminarlas ya que considera que se requiere un mayor análisis y debate, dentro del tratamiento de un proyecto de ley nuevo.El Ejecutivo planteaba incrementar la participación privada en el sector petrolero y fomentar la importación de derivados del petróleo. Sin embargo, existen críticas respecto a la potencial afectación a los ingresos del Estado y a la introducción de nuevas formas contractuales.Según lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República, los proyectos de ley de urgencia en materia económica deben ser aprobados, modificados o negados en un plazo de 30 días. El plazo máximo para este proyecto es el sábado 27 de noviembre. (I)

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