En una sesión expedita, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), conoció y despachó los pedidos de juicios políticos que quedaron rezagados de la anterior Asamblea Nacional, que quedaron en suspenso por la disolución del Parlamento por la muerte cruzada.

De los seis casos analizados, dos fueron aprobados para ser enviados al presidente del Parlamento, Henry Kronfle, con el fin de que convoque al pleno y se nombre a nuevos proponentes.

Fiscalización trató los pedidos luego de la confrontación con la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por la entrega de los expedientes digitales y físicos de las seis solicitudes de enjuiciamiento.

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El primer caso tratado en la Comisión fue el juicio político contra los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto. Los proponentes fueron los exlegisladores Joel Abad y Mario Ruiz.

Al respecto, la asambleísta Sofía Espín (RC) comentó que al no haber interpelantes en la nueva Asamblea los juicios deberían ser archivados. Además, recordó que en su momento el procurador del Estado, Íñigo Salvador, expidió un informe en el que aclaró que los consejeros del CNE no pueden ser sometidos a un juicio político mientras haya procesos electorales en curso.

De ese modo, Espín señaló que actualmente están en marcha procesos electorales, lo que impediría que las autoridades del CNE sean interpeladas. Con ese antecedente, la legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó una moción para suspender temporalmente el trámite y plazos del enjuiciamiento a los consejeros.

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La moción fue aprobada con 8 votos a favor y 1 abstención de la asambleísta Adriana García (Gente Buena), quien al momento de razonar su voto manifestó que antes de que se instale la sesión varios miembros de la Comisión se reunieron, sin la presencia de una integrante.

El siguiente proceso que atendió Fiscalización fue el juicio contra los exministros del Gobierno de Guillermo Lasso: Patricio Carrillo (exminstro del Interior), Diego Ordóñez (exsecretario de Seguridad), y Paola Flores (ministra de Derechos Humanos).

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La interpelación fue planteada por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez. De ellos, solo Sánchez volvió a candidatizarse y fue reelegida en el cargo.

En este punto, el legislador Lenín Barreto (RC) mencionó que Vanegas y Sánchez desistieron del juicio antes de que la anterior Asamblea sea, así que no tenía cabida que el trámite continúe.

Así que Barreto mocionó para que el juicio sea archivado por haber sido desestimado por los propios proponentes. Su planteamiento fue acogido con ocho votos a favor y la abstención, nuevamente, de Adriana García.

La legisladora dijo que había hablado con Sofía Sánchez y que ella le manifestó su deseo de continuar el juicio.

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Frente a ello, Barreto pidió que se dé lectura al oficio que Vanegas y Sánchez presentaron en marzo de este año al entonces presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio (+), donde anunciaron que desistían del proceso contra Carillo, Ordóñez y Flores.

Además, el parlamentario César Umajinga (SUMA), durante la votación, increpó que no era posible juzgar por segunda ocasión a Patricio Carrillo, porque en este año ya fue sometido a juicio político y fue censurado.

Mientras transcurría la votación en este tema, Adriana García se comunicó por teléfono con Sofía Sánchez para informarle lo que estaba pasando.

La sesión prosiguió sin pausas. El tercer juicio analizado fue contra el exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, interpuesto por el exasambleísta Jorge Abedrabbo.

Dado que el proponente no forma parte de la actual Asamblea, la legisladora suplente Dennis Garcés mocionó para que el trámite sea remitido al presidente de la Asamblea Henry Kronfle y que el pleno tome una decisión.

La moción no fue negada ni aprobada porque no tuvo los votos necesarios para que se adopte una u otra opción; hubo tres votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

La cuarta interpelación que trató Fiscalización fue otro pedido de juicio político contra Darío Herrera, pero impulsado por el exasambleísta Segundo Chimbo.

La moción en este punto la presentó Ramiro Vela (Centro Democrático), quien propuso que el pleno resuelva. Vela expresó su aspiración de que el juicio continúe; sin embargo, sus intenciones no prosperaron porque no fue aprobado.

Para la votación en este aspecto hubo ocho asambleístas presentes (de los nueve que integran la Comisión), cuatro votaron a favor y cuatro en contra. Así que la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, dio su voto dirimente y votó en contra.

Debido que los dos pedidos de juicio contra el exministro de Transporte y Obras Públicas no fueron aprobados, Lenín Barreto propuso que las dos solicitudes sean archivadas. La mayoría de la Comisión lo respaldó, mientras que Adriana García (que votó en contra del archivo) dijo que con estas decisiones se está evidenciando que existe una intención que busca “impunidad”.

El quinto juicio tratado fue contra Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, cuyo proponente fue el exasambleísta Mario Ruiz.

César Umajinga, quien dijo estar en contra de la impunidad y apeló a la transparencia de la Comisión de Fiscalización, planteó que el pleno de la Asamblea Nacional resuelva lo pertinente, ya que no se encuentra actualmente el interpelante del enjuiciamiento. Su propuesta fue aceptada con cinco votos positivos y cuatro negativos.

Sofía Espín, que votó en contra, anotó que por ley no permite cambiar de proponentes, sino elegir nuevos interpelantes en los juicios políticos, cuyos promotores ahora no están en la Asamblea. Increpó que “nadie nos va a dar clase de moral, diciéndonos que queremos impunidad”.

“Si la ley no dice que se puede cambiar proponente, ¿cómo podemos continuar estos procesos de juicios político? Si quieren llevar a juicio político al señor (Darío) Herrera, al señor (Esteban) Bernal, cómo no nos gustaría... por favor, que uno de sus compañeros lo haga, para reactivar los juicios políticos. Pero aquí lo que se está haciendo son cálculos políticos para no llegar a una persona en la cual sí quieren que quede en la impunidad”, reclamó Espín.

El sexto tema que conoció la mesa de Fiscalización fue el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo y Juan José Morillo, promovido por los exasambleístas Javier Santos y Luis Almeida.

La asambleísta Dennis Garcés propuso a la Comisión que el caso sea remitido al titular de la Asamblea para que se designe a nuevos proponentes. La moción fue aprobada con cinco votos afirmativos y cuatro negativos.

Luego de este último proceso no hubo más puntos que tratar en la mesa, así que la presidenta Pamela Aguirre clausuró la sesión. (I)