Comisionados con perfiles de abogados y economistas estarán a cargo de elegir al nuevo contralor del Estado

Abogados, economistas y un servidor afín al movimiento oficialista CREO son los perfiles profesionales de los comisionados ciudadanos que asumirán la responsabilidad de elegir al nuevo titular de la Contraloría General del Estado, para reemplazar a Carlos Riofrío González, quien está prorrogado en funciones desde marzo pasado.

Un año y doce días después de que se convocó a la ciudadanía a ser parte de la comisión ciudadana que elegirá a esta autoridad, este viernes 28 de octubre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé posesionar a los diez comisionados principales, como resultado de un concurso de calificación de méritos e impugnación ciudadana.

En medio de la sustanciación de un juicio político en la Asamblea Nacional a los siete vocales del CPCCS, este viernes y a las 11:00 el presidente del organismo, Hernán Ulloa, convocó a una plenaria para posesionar a los diez comisionados, de los que cinco fueron elegidos en representación de la ciudadanía y cinco por cada una de las funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

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El Consejo realizó dos sorteos el martes pasado para elegirlos y definir posiciones. Uno fue para escoger a los cinco ciudadanos principales y cinco suplentes de un banco de elegibles de 33 que superaron las fases de calificación y la impugnación ciudadana. Los delegados de las funciones estatales no se definen por sorteo y tampoco se les califican méritos. Únicamente se les revisa que no estén incursos en prohibiciones legales y enfrentan la fase de impugnación ciudadana.

El siguiente sorteo fue para definir la paridad de género y quiénes serían los principales y suplentes.

En el caso de los cinco comisionados ciudadanos principales fueron sorteados José Pazmiño Enríquez, Janneth Ojeda Polo, Lenin Uquillas Casalombo, Melisa Cabrera García y Marco Chalca Llivisaca.

José Pazmiño Enríquez obtuvo 37 puntos en su calificación de méritos. Es economista; se ha desempeñado como contador público en la empresa privada y entre el 2010 y 2016 fue especialista de auditoría en la Contraloría del Estado.

Janneth Ojeda Polo alcanzó 35,5 puntos por méritos y en su experiencia profesional registra ser licenciada en Ciencias Políticas y Económicas y es también abogada.

Ha ocupado cargos como secretaria en unidades educativas privadas y en lo público se ha desempeñado como servidora del Consejo de Educación Superior, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) y del Gobierno Provincial de Tungurahua.

El comisionado Lenin Uquillas Casalombo tiene 35 puntos en méritos, es abogado y se desempeñó en los años 90 como comisario y asesor en el Ministerio de Gobierno; luego fue funcionario en el Municipio de Quito, entre el 2010 y 2019. En el 2018 fue asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se ha mantenido en el libre ejercicio.

Melisa Cabrera García alcanzó un puntaje de 30,25 en méritos y, de acuerdo con la información entregada al CPCCS, es economista y ha prestado sus servicios en una ferretería y locales comerciales, además ha sido docente.

Marco Chalco Llivisaca, con un puntaje de 42 en sus méritos, es economista y contador. Ha laborado como docente y también fue funcionario del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. Fue delegado provincial de la Contraloría del Estado en Sucumbíos y también docente de la Universidad Central del Ecuador.

Como representantes de las funciones del Estado, abogados son los perfiles principales escogidos.

Por la Función Judicial, la comisionada principal es Eugenia García Fernández, licenciada en Ciencias Públicas y abogada, por lo que ha trabajado en estudios jurídicos en el libre ejercicio. También ha sido ayudante judicial en los tribunales contenciosos administrativos y fue directora de Patrocinio encargada en la Contraloría entre el 2014 y 2017.

Juan Guaña Pilataxi representa a la Función de Transparencia y Control Social (que la componen las superintendencias, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el CPCCS) y es abogado de profesión.

Actualmente es asesor legal del superintendente del Poder de Control del Mercado, Danilo Sylva; y previamente ha laborado en similares funciones en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom); en el Consejo de Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), fue subsecretario en el Ministerio de Minería y jurídico del Ministerio del Ambiente. Antes también fue servidor judicial.

En representación de la Función Electoral estará como comisionada principal Maribel Baldeón Andrade, funcionaria del Consejo Nacional Electoral.

Como abogada se mantuvo en el libre ejercicio en estudios privados y el suyo; y como servidora del CNE es asesora del despacho del consejero José Cabrera.

La Presidencia de la República estará representada por el abogado Jossueth Almeida Villacís, quien actualmente es director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría General Jurídica de Carondelet.

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Proviene de la fundación Ecuador Libre, liderada por el presidente Guillermo Lasso, en donde Almeida se desempeñaba como investigador jurídico. En la política ha sido presidente de Jóvenes del movimiento oficialista CREO en Pichincha y en los comicios generales del 2021 se inscribió como asambleísta alterno de CREO. En el periodo anterior de la Asamblea Nacional fue asesor de la bancada de CREO.

La Asamblea Nacional tiene una sola comisionada, pues uno de los candidatos que postuló había sido desvinculado de esa entidad y no eligió uno nuevo para designación del CPCCS.

Por el momento, la comisionada principal es Nary Galarza Escobar, licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por una institución de Argentina.

Ingresó en mayo del 2021 como servidora legislativa para ser asistente del exasambleísta correísta de Unión por la Esperanza (UNES) Fausto Jarrín y es parte del portal digital Ingobernables EC.

Estas diez personas asumirán desde este viernes sus cargos y cuando convoquen a su primera sesión deberán elegir a su presidente, vicepresidente y el secretario.

El reglamento de la comisión ciudadana establece que el presidente se elegirá de entre los vocales ciudadanos; el vicepresidente, de las funciones del Estado; y, el secretario, de entre sus miembros.

La comisión tiene nueve atribuciones y entre las principales están el realizar el concurso público de oposición, méritos de la primera autoridad de la Contraloría; resolver las reconsideraciones sobre el cumplimiento de requisitos y las solicitudes de recalificación de méritos, acción afirmativa y oposición presentadas por los postulantes, así como las impugnaciones ciudadanas.

Deben remitir al pleno del Consejo de Participación Ciudadana el informe final del concurso; consultar al pleno del Consejo sobre la aplicación de la ley, el reglamento.

Los comisionados percibirán dietas correspondientes al 3,3 % de la remuneración mensual que recibe un consejero.

En el caso de los comisionados que provienen de las delegaciones de las cinco funciones del Estado, percibirán el salario de la institución de la que provienen.

Una vez que la comisión ciudadana ha sido integrada, el presidente Hernán Ulloa prevé convocar a la ciudadanía a postularse al concurso de selección del contralor los primeros días de noviembre. (I)