El mismo día en que la comisión ciudadana de selección del contralor general del Estado determinó que Mauricio Torres Maldonado obtuvo 91/100 y se constituye en el ganador absoluto del concurso de méritos y oposición, se presentó una sexta acción de protección, esta vez en Quito.

Se trata de una acción de protección con medida cautelar presentada por Francisco Luna Aguirre en contra de la comisión de selección de la máxima autoridad de la Contraloría del Estado y en contra de Nicole Bonifaz en calidad de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Por sorteo, la causa correspondió a la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Carapungo, del juez Miguel Ángel Michuy Vega, quien aún no se pronuncia al respecto.

Xavier Torres Maldonado, con 91/100 puntos, sería el nuevo contralor del Estado, según informe final de la comisión ciudadana

Sobre las acciones de protección presentadas en todo el proceso de concurso del contralor, en la audiencia de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, el juez Edwin Tierra Gusqui, al tramitar el recurso presentado por Julia Palma Farfán, dictaminó que ninguna acción de protección podía frenar el concurso de selección y que se debía concluir el proceso, y previno a la comisión de selección de abstenerse de realizar cualquier acto o disposición que suspenda o retarde el normal desarrollo del referido proceso.

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El constitucionalista José Chalco Salgado manifestó que hay una muy mala forma de proceder de los jueces de garantías constitucionales, porque para establecer una medida cautelar se necesita probar el eminente daño grave que pueda perjudicar a una persona; y, en este caso, no existe ninguno.

A más de ello, dijo que en el momento jurídico en que nos encontramos no tiene sentido que existan jueces que, a más de que prevarican, no tienen atribución ni competencia para establecer una medida cautelar respecto a un concurso de selección de una autoridad, en este caso del contralor.

Explicó que quienes están presentando estas acciones constitucionales tienen una direccionalidad, porque son jueces escogidos, y quienes presentan los recursos son afines a una minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual demuestra que se utilizan las medidas cautelares no para hacer justicia, sino para la politización de la justicia.

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La Corte Constitucional en su sentencia 2231-22-JP/23 ya advirtió sobre el prevaricato en que podrían incurrir los jueces que por vía de medida cautelar dejen sin efecto decisiones judiciales y busquen interrumpir un proceso que haya sido decidido a través de otros órganos de justicia y que tenga legalidad; y que de alguna manera estaría blindado, anotó Chalco, quien alertó de que el juez de Carapungo caerá en prevaricato, porque estaría fallando en contra de disposiciones expresas que lo único que buscan es politizar al sistema judicial.

También advirtió que esta acción judicial, de lo poco que se conoce, constituye un reclamo administrativo que ya precluyó, y no se puede intentar reabrir etapas del concurso ya fenecidas, porque eso implicaría inseguridad jurídica. Cuando se quiere impugnar una candidatura hay un periodo, y todo lo que se hace posteriormente ya no tiene ningún efecto jurídico y simplemente “es fraudulento al calendario, al cronograma y al proceso debidamente aprobado”.

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La acción de protección con medida cautelar presentada el 1 de noviembre es una forma de burlarse de lo que ha sido previamente establecido. “No creo que existan los requisitos para la medida cautelar que demuestre que haya un daño grave, que sea inminente e irreparable, porque había momentos procesales que pudieron agotarse y que no se lo hicieron”, puntualizó el constitucionalista José Chalco.

Procedimiento

Tras la aprobación del informe sobre el concurso de méritos y oposición por parte de la comisión de selección, el documento pasa a conocimiento del pleno del CPCCS, para la designación oficial del nuevo contralor general del Estado, y se prevé que esta se realice entre lunes y miércoles. Mauricio Torres entrará en funciones por cinco años una vez que sea posesionado ante la Asamblea Nacional.

Conozca a Mauricio Xavier Torres Maldonado, quien es el virtual contralor General del Estado

El virtual contralor del Estado, Mauricio Torres Maldonado, en un comunicado de prensa señaló que aspira a que se respeten los procesos legítimos de selección, y promete un cambio radical de la Contraloría en el que prime la transparencia y se elimine la corrupción.

Su deber es levantar la imagen de la institución con un cambio total. Causa pánico a determinados sectores y, por ello, es el continuo hostigamiento al proceso, anotó. (I)

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